El presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado, José Vargas Vidot, pondera referir a las autoridades federales los hallazgos de la investigación que lidera en dicho cuerpo legislativo sobre el funcionamiento de la Ley 25 de 1992, que permite la excarcelación de confinados con enfermedades en etapa terminal.

“Que nadie piense que a mí me va a temblar la rodilla si se requiere hacer un requerimiento, inclusive al gobierno federal”, dijo el legislador independiente a El Nuevo Día. “Haré referidos a las diferentes agencias que tienen que ver con la funcionalidad gerencial, como la Oficina de Inspector General y la Oficina de Ética Gubernamental, pero sin descartar la posibilidad de entrar en la parte federal, porque hay elementos, como el manejo de expedientes médicos, que están vinculados a reglamentaciones federales”, agregó.

A través de la Resolución del Senado 933, Vargas Vidot investiga la aplicación de la Ley 25 de 1992, cuyo manejo ha estado en cuestionamiento luego que, bajo dicho estatuto, quedara en libertad, en 2023, el convicto Hermes Ávila Vázquez, quien ahora enfrenta cargos adicionales por el asesinato de Ivette Joanne Meléndez Vega, el cual presuntamente cometió el pasado 22 de abril, en Manatí.

Para lograr el beneficio, Ávila Vázquez alegó un diagnóstico de paraplejia. En vistas públicas, integrantes del panel de médicos que recomendó la excarcelación reconocieron que no evaluaron físicamente al confinado y que desconocían los crímenes que cometió para evitar sesgos en su diagnóstico.

Vargas Vidot reconoció, en tanto, que su experiencia con las autoridades estatales no ha sido positiva. Ese fue el caso, dijo, con los hallazgos de la investigación que realizó sobre la muerte de la reclusa Shannel Colón Ponce, cuya muerte –hace dos años en circunstancias confusas– fue catalogada por las autoridades como un suicidio.

Entonces, recordó, la conclusión legislativa fue que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) no salvaguardó la seguridad de Colón Ponce. De hecho, el senador llamó a la agencia a cancelar el contrato a la empresa Physician Correctional, que brinda servicios de salud a la población de confinados, y poco después fue renovado. Mientras, el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) aún no ha concluido su pesquisa sobre los hechos, dijo.

“No quiero adelantar nada más, porque hay cierta información que tengo que corroborarla primero, pero hay información que nos ha llegado de unas medidas cautelares que se han implementado y que podrían violentar elementos federales reguladores en el manejo de los pacientes (correccionales), como la confidencialidad”, sostuvo.

“Lo que está pasando es una trulla de abusos. Con las medidas cautelares que se han impuesto, está pagando la parte más finita de la soga: los confinados”, expuso, al señalar que le ha llegado información de hasta registros ilegales dentro de las instituciones.

Dijo que se mantiene en conversaciones con la Comisión de lo Jurídico del Senado, presidia por José Luis Dalmau, organismo junto al cual lleva a cabo la investigación. Su intención, agregó, es presentar un informe final antes de la culminación de la sesión ordinaria el 30 de junio; no obstante, hay partes que creen que se deberían celebrar vistas públicas adicionales.

“Quiero sentarme con la Comisión de lo Jurídico. Creo que, en mi deseo de hacer las cosas bien, fui asaltado por las primarias y eso yo lo aborrezco, porque creo que esto es más importante que cualquier otra cosa”, expresó. “Una de las cosas que está pidiendo el pueblo es que las cosas no se queden como una novedad”, afirmó.

El asunto es también investigado por el Departamento de Justicia. Esta semana, el titular de la agencia, Domingo Emanuelli, indicó que la pesquisa iba “bien encaminada” y que ya habían entrevistado a más de 40 personas para determinar si se cometió un delito al dejar en libertad al acusado por feminicidio.

“La investigación de naturaleza penal que realiza el Departamento de Justicia de Puerto Rico sobre la excarcelación del convicto Hermes Ávila Vázquez se encuentra bien encaminada”, declaró Emanuelli, en declaraciones escritas.

Justicia asumió jurisdicción en el caso luego que, en mayo, el DCR refiriera los hallazgos preliminares de la evaluación hecha a expedientes médicos de Ávila Vázquez. Entonces, el DCR indicó, en un comunicado, que la auditoría a cargo de la empresa UTI Corp pudo constatar inconsistencias en la documentación, discrepancias en los diagnósticos y la ausencia de evidencia que confirme los diagnósticos hechos a Ávila Vázquez y que dieron paso a su excarcelación.

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REFERENCIAS:

Ley 25 de 1992

Resolución del Senado 933