Desde su creación en 2007, la Oficina Estatal de Control Animal (OECA) ha carecido de un presupuesto que le permita sostener sus operaciones y cumplir con su responsabilidad en ley de controlar la población de perros y gatos realengos, reveló este martes su directora ejecutiva, Wilma Rivera Díaz.

Hasta el año pasado, la única empleada de la OECA, adscrita al Departamento de Salud, era Rivera Díaz, pero ahora se sumó una oficinista, dijo la funcionaria durante una vista pública del Senado. Ambos salarios provienen de la partida de nómina asignada anualmente a la agencia.

“Cero”, fue la respuesta de Rivera Díaz, a preguntas de la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, respecto a cuánto ascendía el presupuesto de la OECA.

Rivera Díaz reconoció, además, que, a pesar del mandato de la “Ley de la Oficina Estatal del Control Animal Adscrita al Departamento de Salud” (Ley 36-1984), la falta de presupuesto le ha impedido establecer ocho refugios regionales, los cuales, aparte de controlar la población animal, debían funcionar como centros de adopción y clínicas de esterilización a bajo costo.

“No se ha podido construir ningún refugio regional y, si me preguntan, ¿a qué se debe? A que no tenemos los recursos económicos”, argumentó durante la audiencia de la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional.

Explicó que, desde 2007, se somete anualmente una petición presupuestaria que ronda el millón de dólares. Para el año fiscal vigente (2024-2025), redujo la solicitud a $500,000 con la esperanza de obtener una respuesta afirmativa, pero no fue así. “Necesitamos los recursos para poder hacer más”, señaló.

Ante los retos presupuestarios, los trabajos de la OECA se han concentrado en el desarrollo de iniciativas educativas y reglamentación y, junto con el veterinario del Estado y entidades sin fines de lucro, promover la vacunación de mascotas a bajo costo. “Nos reunimos con los alcaldes para ayudarlos a desarrollar sus proyectos e iniciativas dirigidas a controlar la población de animales”, ejemplificó Rivera Díaz.

La información surgió durante la discusión del Proyecto del Senado 152, que crearía un “task force” o grupo especial de trabajo para el manejo de animales realengos. El equipo estaría integrado por representantes de diversas agencias estatales y, entre sus responsabilidades, estaría coordinar con los municipios la implantación de esfuerzos locales y promover la esterilización, vacunación y adopción de los perros y gatos que viven en la calle.

“Yo creo que usted ha hecho mucho con dos personas, pero sabemos que tenemos que habilitar la ley para que le permita hacer más”, dijo, por su parte, la senadora popular Ada Álvarez Conde.

Durante el fin de semana, el grupo Rescatistas P.R. Trabajando Unidos denunció públicamente que 11 municipios mantienen contratos con la entidad Veterinario Express Foundation para el “recogido y disposición de animales” y “servicios de eutanasia”. Los alcaldes señalados, al igual que el médico veterinario que preside la entidad, negaron los supuestos planes de captura y matanza de animales.

Junto a esas denuncias, el domingo trascendió el envenenamiento de tres perros realengos en la comunidad Corozo, en Cabo Rojo.

“Me parece desolador todo lo que usted ha dicho... Mientras no exista, a nivel centralizado, una política, no en texto, si no con recursos asignados, de promover las esterilizaciones masivas... no vamos a avanzar en este tema”, puntualizó, en tanto, Santiago.

Respecto a la medida en discusión, Rivera Díaz solicitó que Salud sea parte del grupo de trabajo propuesto. “Todas las agencias estamos iguales, necesitamos recursos humanos y recursos económicos para trabajar con esta situación que es costosa”, subrayó.

Mientras, la directora legal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Brenda Liz González, argumentó que dicha agencia no tiene “jurisdicción” y que son los municipios los responsables de “los animales domésticos y realengos”.

La presidenta de la Federación Protectora de Animales (FEPA), la licenciada Yolanda Álvarez, destacó, por su parte, el impacto económico y social que tiene este problema, y sostuvo que el primer paso en la búsqueda de una solución tiene que ser realizar un censo.

Puntualizó que Salud presuntamente gasta $2 millones anuales atendiendo mordeduras y que, según un estudio publicado en 2008 por la Asociación de Hoteles y Turismo, Puerto Rico pierde $15 millones anuales de turistas que no quieren regresar a la isla debido, precisamente, al abandono de animales en las calles.

Los datos obtenidos a través del censo, mencionó, permitirían llevar a cabo “esterilizaciones satelitales”, que comenzarían en los municipios más pequeños. “Obviamente, se necesita dinero porque este problema se nos salió de las manos hace mucho tiempo”, expuso. “Deben ser esterilizaciones pensadas”, subrayó.

En Puerto Rico, no existen estudios sobre la cantidad exacta de animales que viven en las calles. Sin embargo, por años, entidades que manejan el tema han hablado de más de 300,000 animales desamparados, aunque no hay certeza de dónde procede la cifra.

Álvarez cuestionó cómo los municipios han utilizado los fondos que separan para el control de animales en sus pueblos. “Se ha demostrado que, si llevamos tantos años recogiendo, matando y no hemos resuelto el problema, algo nos debe decir que no funciona”, mencionó.

La presidenta de la FEPA sugirió que la política pública del gobierno incluya la esterilización gratuita y la reorganización de la OECA. En Puerto Rico, agregó, existen tres albergues municipales en San Juan, Ponce y Carolina. Las clínicas veterinarias, de otra parte, ascienden a 273. De estas, 77 están en la capital.