El senador independiente, Eliezer Molina Pérez, censuró este jueves la documentación que entregó el secretario designado del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, en respuesta a un requerimiento de información del cuerpo legislativo sobre las estructuras enclavadas en La Parguera, eje de una controversia ante la intención de la gobernadora Jenniffer González de legalizar las residencias construidas en el litoral en las pasadas décadas.

Molina Pérez sostuvo, en un encuentro con periodistas en el Capitolio, que Quiles Pérez se limitó a entregar unas imágenes de los muelles erigidos a lo largo de la línea de costa junto a sus respectivas coordenadas, información que el propio senador complementó con sendos inventarios de las corporaciones y personas que aparecen vinculadas a los registros de las estructuras.

En los documentos que el legislador entregó a los periodistas, se puede identificar una segunda caseta a nombre de José del Carmen Vargas Cortés, suegro de la primera ejecutiva, y quien, junto a su esposa, Irma Llavona Rivera, es objeto de una investigación que el DRNA inició, en 2023, por una supuesta ampliación ilegal de otra residencia suya en La Parguera, en Lajas.

“El secretario del DRNA lo que hizo fue que envió un informe que encontró allí, que los vigilantes hicieron en unos muelles, y entregó las fotos de los muelles con unas coordenadas. En mi vida, yo había visto un pobre desempeño como lo que este señor está mostrando. Da vergüenza, pero nosotros lo que hicimos fue que cogimos el informe que él hizo y le añadimos entonces la ‘data’ del CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales), con los nombres. Todos son documentos públicos. Lo que hicimos en un día, el secretario no tiene la capacidad, pero pudo haberlo hecho”, afirmó Molina Pérez.

El inventario de Molina Pérez da cuenta de 58 muelles construidos y 142 residencias en el litoral de La Parguera, en Lajas. Asimismo, el senador destacó seis corporaciones asociadas a una o más estructuras dentro de la reserva natural: 1951 Group LLC, Feliciano Realty LLC, Carpol Realty LLC, Bullstar Inc., Roman Cello Farm LLC y Fondo de Cristal Enterprise Inc.

“Quisiera que el secretario le hable al país y, si el Senado se va a conformar con esa respuesta, nosotros no”, dijo Molina Pérez, al adelantar que propondrá legislación para “acabar de una vez y por todas”, en referencia al control privado en La Parguera.

De acuerdo con la documentación preparada por el excandidato a la gobernación y activista ambiental, la segunda residencia en La Parguera del suegro de la gobernadora se ubica en un espacio identificado como el “solar 27″, dentro de una parcela segregada en decenas de lotes. Los datos del CRIM precisan que se trata de una casa comprada, en mayo de 2017, a un precio de $150,000, sujeta a una contribución municipal de $3,482.

La residencia que en los pasados dos años ha estado bajo la lupa tras la querella administrativa presentada por el DRNA se encuentra en el “solar 48″. Esta caseta, según el CRIM, fue adquirida por Vargas Cortés, en diciembre de 2009, a un precio de $165,000, y está sujeta a una contribución de $5,295 anuales.

El Nuevo Día pidió comentarios de González por medio de su secretaria de Prensa, pero, al momento de publicación, no hubo respuesta. Mientras, una mujer que contestó el teléfono de Vargas Cortés, y que no se identificó, dijo que el médico de profesión no estaba disponible para contestar preguntas.

La mandataria y el secretario designado del DRNA han enfrentado cuestionamientos desde que, en su primer día en el cargo, Quiles Pérez emitió una orden administrativa para archivar las investigaciones pendientes por violaciones asociadas a las estructuras en La Parguera, lo que, presumiblemente, tendría efecto sobre la querella activa contra los suegros de González. En la misma orden, el funcionario instruyó a regularizar administrativamente el estatus de las residencias.

Posteriormente, Quiles Pérez enmendó la directriz para revertir el archivo automático de las querellas, pero delegó en la Oficina de Jueces Administrativos y Oficiales Examinadores determinar si, de todas formas, procedía la desestimación en un análisis caso a caso. Mientras, González sometió a la Legislatura un proyecto de ley casi idéntico a otro que el exgobernador Alejandro García Padilla vetó en 2016, con el objetivo de legalizar la posesión de las residencias por, al menos, 40 años.

Expertos en derecho ambiental y administrativo han advertido que legalizar, mediante orden administrativa, el estatus de las estructuras violentaría no solo la política pública vigente, sino los propios reglamentos del DRNA que disponen las razones para autorizar “concesiones” a construcciones en zona marítimo terrestre.

En enero, además, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos notificó al gobierno estatal que consideraba “expirado” un acuerdo suscrito en 1978 para la remoción paulatina –nunca ejecutada– de las propiedades en el litoral de La Parguera, sin que, hasta el momento, se conozca el protocolo que sustituiría los pasos que se delineaban en el documento.

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Leysa Caro González colaboró en esta historia.