En medio de la eliminación de financiación federal de tratamientos de afirmación de género en jóvenes menores de 19 años, la secretaria designada del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, indicó este sábado que no cree que los menores tengan “la madurez suficiente” para entender las determinaciones médicas sobre su identidad.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, planteó el tema “de la confusión sobre la identidad o la orientación sexual en los menores” para conocer la postura de la nominada, que enfatizó que acatará la política pública del gobierno de Jenniffer González y la Legislatura, que describió como conservadora.

“¿Cómo lidiar si un padre pretende que se afirme la sexualidad biológica de su menor? ¿Cómo el Departamento de la Familia va a interpretar esa acción de un padre que quiere que se afirme biológicamente el sexo biológico del menor?”, cuestionó el líder senatorial.

“La posición de nosotros es una posición de implementar la política pública que imponga la gobernadora y esta Asamblea Legislativa. Vamos a proteger a todo menor. Esa es la misión y la visión de este Departamento. Soy del pensar que un menor no tiene las competencias adecuadas para saber quién es a temprana edad. La madurez es parte de un desarrollo que se da durante el transcurrir del tiempo y debemos esperar a que las personas sean adultas con la madurez suficiente para saber cuáles son sus determinaciones”, expresó la trabajadora social.

A pesar de que, dijo, no ha dialogado con la gobernadora sobre una política pública relacionada con los padres que no reconozcan la identidad de género u orientación sexual de sus hijos, recalcó que “siempre vamos a enmarcarnos en la protección de los menores”.

La última semana de enero, el presidente Donald Trump prohibió al gobierno federal “financiar, patrocinar, promover, asistir o apoyar” los procedimientos de transición para menores de 19 años. Además, el líder republicano ordenó a todas las agencias eliminar las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), lo que podría afectar proyectos dirigidos a comunidades LGBTQ+, en especial a las personas trans y no binarias, que sufren discrimen y maltrato desde edades tempranas.

Mientras Rivera Schatz insistía en preguntarle sobre si “afirmar el sexo biológico se consideraría maltrato”, la nominada insistió en que “tendríamos que evaluar cada caso en particular”.

“Si existe dentro de ese proceso algo que atente contra la integridad y el bienestar, entiéndase su salud tanto física como mental, de ese menor, tal vez podría cambiar”, agregó.

Además, opinó que “un menor no tiene la capacidad o competencia para saber en lo que se está metiendo”. “A un menor, debe permitírsele crecer y decidir, pero que decida cuando tenga la edad legal y la conciencia de las acciones que está ejecutando sobre su propio ser”, planteó Roig Fuertes.

“Mis principios, además de los religiosos y familiares, se basan en los principios de la profesión y siempre me he guiado por los mismos: justicia social y respeto a la dignidad de todo ser humano”, afirmó la funcionaria, quien dirigió la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción en 2017.

En el segundo panel de la vista pública de nombramientos, la secretaria designada del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, esbozó su temor por la pérdida de fondos federales en proyectos de reconstrucción.

“Existe la gran preocupación de varios proyectos de que el tiempo para cumplir con la utilización de los fondos ya se está acortando. Mi responsabilidad es dejarle saber a la gobernadora, en todo momento, los proyectos que no se han movido hasta ahora. El arriesgarnos a dar el paso y no tener el tiempo necesario para la construcción nos podría llevar a que, en un futuro, tengamos que devolverle dinero al gobierno federal de fondos estatales”, dijo, ante preguntas de la presidenta de la Comisión de Vivienda, la senadora Jamie Barlucea.

La pasada administración había solicitado extender los fondos al 2029. “Debo reconocer que el nuevo presidente de los Estados Unidos fue el presidente que otorgó los fondos de subvención a Puerto Rico en los pasados días. Hubo una comunicación de parte del presidente de congelar los fondos por un mes. Estamos ejecutando los trabajos obligando a los fondos, precisamente, para no tener que arriesgarnos”, agregó.

Pérez Peña reconoció, además, los retos que enfrenta la industria de construcción, como la inflación y los aranceles impuestos por Trump. “Muchos de los materiales vienen de México. Me lo han dicho los desarrolladores, dentro de sus preocupaciones, porque esto podría seguir aumentando la inflación”, advirtió.

Subrayó que su enfoque en Vivienda será “ejecutar la mayor parte que se pueda de los fondos para poder demostrarle al gobierno de los Estados Unidos y al nuevo presidente que, desde que llegué a la secretaría, se vea un cambio en la ejecución de los fondos”.

“Que se vea un cambio en la obligación de proyectos y se comience a ver la construcción para, si en un futuro cercano es necesario, tener que pedir una exención”, recalcó.

Además, dijo que “no son muchos” los participantes con vales de Sección 8 en espera de localizar una casa, y recalcó que entregarán 686 vales adicionales después que el programa estuviera paralizado por “más de un año”.

El Senado también evaluó este sábado los nombramientos de Héctor Vázquez Muñiz como secretario de Recreación y Deportes, y de Josué Rivera como secretario de Agricultura.

Las comisiones senatoriales de la Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional; Vivienda y Bienestar Social; Agricultura; y Deportes se reunirán el lunes, en vistas ejecutivas, para someter los informes positivos de los nominados.