El presidente entrante del Senado, Thomas Rivera Schatz, sometió un proyecto para eliminar la Junta de Directores que, bajo el marco vigente, supervisa el funcionamiento del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) y, en su lugar, concentrar en la dirección ejecutiva las facultades administrativas y operacionales del organismo.

La exposición de motivos del Proyecto del Senado (PS) 164 destaca que las funciones que el ICF desempeña requieren “una estructura administrativa que permita decisiones inmediatas y una gestión eficiente, particularmente en un contexto en el que la rapidez y precisión son esenciales para garantizar la justicia”.

De avanzar legislativamente, la propuesta del líder novoprogresista se convertiría en el tercer cambio sustantivo sobre la estructura administrativa del ICF en menos de ocho años, luego de que en 2017 la dependencia se integrara a la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública (DSP), de la que fue removida en 2020.

Rivera Schatz, en la medida, igualmente sostiene que la composición de la Junta de Directores –presidida por el secretario de Justicia– expone la evidencia que el ICF maneja a impugnaciones por presuntos conflictos de intereses.

“La vinculación antes mencionada a la parte adversativa reviste de carácter testimonial a los reportes periciales y provoca que, en casos donde el perito que realizó el análisis ya no trabaje en el Instituto de Ciencias Forenses, no pueda ser sustituido por personal nuestro y la evidencia se tenga que reanalizar”, argumenta el PS 164.

“Esta medida permitirá centralizar la toma de decisiones, agilizar los procesos internos y garantizar que el Instituto de Ciencias Forenses opere con la eficiencia y eficacia que exige el sistema de justicia penal del país”, abunda la medida, radicada el 2 de enero.

Según la Ley 135-2020, la Junta de Directores del ICF también es conformada por el secretario del DSP, el rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, el administrador de Tribunales, el secretario de Salud, el comisionado de la Policía y tres integrantes adicionales nombrados por el gobernador.

Actualmente, el ICF es dirigido por María Conte Miller, a quien la gobernadora Jenniffer González optó por mantener en el cargo, que se extiende por un término de seis años.

Como parte del grupo inicial de los proyectos radicados en la Cámara Alta, el pasado presidente senatorial, José Luis Dalmau, sometió una medida para crear la “Ley para Incentivar a los Profesionales de Salud en Puerto Rico”, que concedería una exención sobre “el ingreso de todas las fuentes” devengadas “luego de haber advenido residente o serlo de Puerto Rico pero antes del 1 de enero de 2036″.

La exención, se precisa, aplicará sobre los “intereses y dividendos” generados en Puerto Rico hasta 2035. Asimismo, el PS 116 propone una tasa contributiva de 5% a las ganancias netas de capital generadas antes de que el profesional de la salud se convirtiera en residente del país, junto a una exención total para las ganancias producidas luego de la mudanza.

Entre las profesiones a las que aplicarían las exenciones contributivas, figuran odontología, farmacéutica, enfermería, terapia ocupacional, psicología y optometría, entre otras.

Por otro lado, el senador Gregorio Matías, quien se perfila como portavoz de la mayoría, presentó el PS 125, que otorgaría el derecho al voto a personas extranjeras con estatus de residencia permanente en Puerto Rico, un tema que se discutió en el pasado cuatrienio. Según la medida, los llamados “electores residentes” no tendrían derecho a votar en procesos federales, como la contienda a comisionado residente o las primarias presidenciales.