La Universidad de Puerto Rico (UPR) se opuso este martes a un proyecto radicado en la Cámara de Representantes para enmendar la Ley 42-2017 que regula la industria de cannabis medicinal en Puerto Rico, para establecer en el recinto universitario de Utuado un programa académico dedicado a la investigación y cultivo de cannabis medicinal.

“Esto es un proyecto que conlleva mucho dinero”, subrayó el doctor Luis Tapia Maldonado, rector de la UPR en Utuado, al argumentar que el recinto no cuenta con los fondos en presupuesto que serían necesarios para establecer la infraestructura y el programa académico. El P. de la C. 177, de la autoría del representante Jorge “Georgie” Navarro, no aborda el impacto económico de la medida.

Las expresiones del rector surgieron durante una vista pública de la Comisión de Educación, presidida por la representante Tatiana Pérez.

A nivel central, el presidente interino de la UPR, Miguel Muñoz, también se opuso a la medida, señalando “la posibilidad de poner en riesgo nuestras acreditaciones y fondos federales al implementar un programa en contra de una legislación federal, el impacto económico adverso que la implementación de este programa académico tendría para la institución y la complejidad de establecer el programa, de manera que resulte académicamente viable”.

La oposición de la UPR surge en medio del silencio del Departamento de Salud en torno a serias violaciones en uno de los laboratorios con licencia para analizar todo el cannabis medicinal que se produce en la isla, según los hallazgos que recoge un informe de auditoría que obtuvo El Nuevo Día por fuentes.

Salud, sin embargo, favoreció la medida y planteó que la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal estaba en posición de colaborar con el desarrollo de la infraestructura y el programa.

“La Junta, con el presidente de la UPR, realizará anualmente una auditoría para determinar si (el programa) cumple con los objetivos”, sostuvo Marjorie Tolentino, nueva directora de la Junta Reglamentadora, al defender la capacidad del cuerpo que dirige para fiscalizar las regulaciones con las que debe cumplir todo establecimiento de cannabis medicinal. Tolentino precisó que este martes fue su tercer día como directora, cuyo nombramiento no había sido anunciado por Salud o la propia Junta.

El informe, que fue realizado en agosto del pasado año, evidencia que el laboratorio Cannalytics manipuló de manera deliberada los resultados de análisis, exponiendo al público a “peligro inminente”.

Pese a los hallazgos, la Junta y Salud permitieron que el establecimiento siguiera operando. Según una fuente, la licencia del laboratorio fue suspendida en diciembre, aunque no revocada. Salud indicó a este medio que la anterior directora, Arlene Questell, renunció a finales de febrero. Abordada por este medio al culminar la vista pública, Tolentino se negó a responder todas las preguntas relacionadas al informe de la auditoría y la situación al interior de la Junta.

El proyecto establece que la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal colaborará con la UPR en la estructuración del programa, pero no menciona si habrá algún tipo de inversión para fortalecer la infraestructura educativa o dotar de equipos adecuados a la unidad de la UPR en Utuado, duramente afectada por recortes presupuestarios.

La pieza legislativa ordena que el presidente de la UPR cree el programa “dentro de los recursos ya disponibles” en la universidad, sin asignar fondos adicionales ni especificar de dónde provendría el apoyo financiero.

El rector de la UPR señaló, además, que el reglamento de la propia institución dispone –en términos procesales- que los programas académicos surgen por petición de la facultad académica correspondiente, no desde la presidencia.

Ante dudas y preguntas sin respuesta de parte de los representantes presentes en la vista a las entidades citadas, la presidenta de la Comisión otorgó cinco días laborables a las partes para someter información adicional, de cara al desarrollo de un informe final sobre la medida.

Una de las principales dudas es cómo podría prevenirse o atenderse el presunto impacto en fondos federales de la UPR, tomando en cuenta contradicciones entre la ley federal versus la apertura para los programas de cannabis medicinal a nivel estatal.

Durante la vista, sin embargo, se reconoció que existen programas sobre cannabis en universidades en Estados Unidos, por lo que una de las peticiones al rector de la UPR en Utuado fue indagar sobre los métodos y normativas establecidas en estas instituciones.