La gobernadora Jenniffer González anticipó este martes que convertirá en ley el proyecto del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que reconoce la libertad religiosa como un “derecho fundamental”, a pesar de los reclamos de diversos grupos que le han solicitado que “no abra la puerta al discrimen, al odio y la exclusión”.

“Nosotros vamos a firmar ese proyecto”, respondió la gobernadora a los medios tras un evento oficial.

Al igual que el Senado hizo la semana pasada, la Cámara de Representantes aprobó ayer, lunes, sin enmiendas, el Proyecto del Senado (PS) 1 que, según sectores, permitiría que empleados públicos se nieguen a proveer servicios al amparo de sus creencias religiosas. La medida debería estar en cualquier momento ante la consideración de la gobernadora para su firma.

“Le pedimos a la gobernadora Jenniffer González que no dé paso a este proyecto que abre la puerta al discrimen, al odio y la exclusión. En sus manos está que las garantías de igualdad y dignidad, prometidas por nuestra Constitución, se cumplan”, aseveró, por su parte, Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico.

La organización le reclamó a González que vete, asimismo, el PS 350, que prohíbe los tratamientos hormonales y cirugías de afirmación de género en personas menores de 21 años.

Algunos opositores al PS 1, como el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y la Federación LGBTQ+, han planteado que el derecho a la libertad religiosa ya está protegido por jurisprudencia y normativa constitucional, y que no han identificado conductas de “persecución” o “represión” contra ningún sector de fe que justifique la aprobación de la legislación.

No obstante, quienes defienden el proyecto han dicho que tiene el propósito de reconocer la libertad religiosa como un “derecho fundamental” que cobija a todo ciudadano en diversos contextos, incluyendo a empleados de las tres ramas de gobierno, y establece remedios legales para aquellas personas que entiendan se les ha coartado esa garantía.

Asimismo, quienes promueven la medida sostienen que reconoce el derecho de los padres y madres, en el caso de una epidemia, “a negarse a que sus hijos sean vacunados” y “que el Estado no puede imponer multas o penas de cárcel a los padres que, por sus creencias religiosas, no quieran inmunizar a sus hijos”.

“El Proyecto del Senado 1 abre la puerta para que los empleados públicos usen la excusa de su libertad religiosa para negarse a atender a ciudadanos que buscan servicios al gobierno. Además, las profesiones reguladas por el Estado estarían inmunes de acciones en su contra si se niegan a atender a alguien”, abundó Serrano, en expresiones escritas.

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Gloria Ruiz Kuilan colaboró en esta historia.