El presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado, José Vargas Vidot, afirmó este lunes que continúan trabajando en la investigación sobre el funcionamiento de la Ley 25 de 1992, que permite la excarcelación de confinados con enfermedades en etapa terminal, y anticipó la entrega del resultado en las próximas semanas.

Actualmente, explicó el legislador, busca la asesoría de un exfiscal que evalúe los hallazgos y determine si existe la posible comisión de delitos o negligencia. “Creo que no debe pasar agosto sin que presentemos el informe del trabajo realizado”, señaló el senador independiente, que ha encabezado la investigación junto a la Comisión de lo Jurídico, liderada por el presidente del Senado, José Luis Dalmau.

A través de la Resolución del Senado 933, Vargas Vidot investiga la aplicación de la Ley 25 de 1992, cuyo manejo ha estado en cuestionamiento luego que, bajo dicho estatuto, quedara en libertad, el año pasado, el convicto Hermes Ávila Vázquez, quien ahora enfrenta cargos adicionales por el asesinato de Ivette Joanne Meléndez Vega, el cual presuntamente cometió el pasado 22 de abril, en Manatí.

En entrevista con este medio, Vargas Vidot señaló que vislumbra desarrollar un documento de fácil lectura y comprensión, donde se categoricen cada uno de los hallazgos bajo áreas, como, por ejemplo, negligencia, falla administrativa o posible violación a la Ley de Ética Gubernamental.

“Cada vez que leo un documento, más me doy cuenta de que la estructura del Departamento de Corrección está tan tóxica y tan mal. No quiero dejar un documento que se muera, sino que sea una base que, además de para querellarnos, sirva para la próxima Legislatura”, dijo.

“Tengo la pretensión de ganar (en las elecciones), pero yo no quiero ganar por ganar, sino con un propósito y (...), en enero, voy a presentar, del saque, por lo menos, 50 medidas para que tengamos cuatro años para desafiar esos sistemas que tienen que ser analizados”, sostuvo el legislador.

Este cuatrienio, la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, además de investigar la ejecución de la Ley 25, realizó una pesquisa sobre la muerte de la reclusa Shannel Colón Ponce, que hace dos años –en circunstancias confusas– fue catalogada por las autoridades como un suicidio. “Aquí el problema no es una ley ni la cantidad de personas que hay fuera en los programas de desvío y que sí cumplieron con todos los requisitos para estar en libertad bajo palabra”, expuso.

Entonces, la conclusión legislativa fue que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) no salvaguardó la seguridad de Colón Ponce. De hecho, el senador llamó a la agencia a cancelar el contrato a la empresa Physician Correctional, que brinda servicios de salud a la población de confinados, y poco después fue renovado.

“La revisión de documentos que hemos hecho en la Comisión, el análisis de las vistas públicas y las auditorías internas que se han hecho en ese Departamento, tanto al expediente de Hermes (Ávila) Vázquez como de Physician Correctional, indican que no hay otra forma de describir ese sistema que no sea como uno inoperante, de gerencia indiferente, poco seria y cimentada básicamente en la improvisación y la reactividad”, subrayó.

Según el legislador, lo ocurrido con Ávila Vázquez ha promovido que la administración de Corrección restrinja los derechos y los privilegios de los confinados, como las visitas familiares. “Lo que quiero que la gente entienda es que Puerto Rico tiene un sistema de Corrección y Rehabilitación, lo que quiere decir que la meta fundamental de esas cárceles no es encerrar la gente como venganza”, expuso.

La excarcelación de Ávila Vázquez es también investigada –a nivel penal– por el Departamento de Justicia, que asumió jurisdicción del caso luego que, en mayo, el DCR refiriera los hallazgos preliminares de la evaluación hecha a los expedientes médicos del confinado. Entonces, el DCR indicó, en un comunicado, que la auditoría a cargo de la empresa UTI Corp pudo constatar inconsistencias en la documentación, discrepancias en los diagnósticos y la ausencia de evidencia que confirme los diagnósticos hechos a Ávila Vázquez y que dieron paso a su excarcelación.