Al presentar los hallazgos del informe de la Resolución de la Cámara 352, el representante José “Cheíto” Hernández anunció este jueves que referirá al Departamento de Justicia a 30 centros de inspección de vehículos y venta de marbetes por “posibles violaciones de delito”, incluido Yabucoa Auto Service, que era propiedad de la exsecretaria de la Vivienda Ciary Pérez Peña hasta diciembre pasado.

Las potenciales violaciones de los 30 establecimientos incluyen maquinarias sin autorización del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), certificaciones falsas y alteraciones al sistema para otorgar inspecciones, entre otras.

Hernández, presidente de la Comisión de Transportación de la Cámara de Representantes, también referirá a Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) a Arturo Deliz, exdirector de Investigaciones e Inspección del DTOP y quien destapó las supuestas irregularidades en los centros, y a Mary Fuster, jefa de la Directoría de Servicios al Conductor (Disco), entre otras cosas, por supuesta negligencia en el cumplimiento del deber.

Pocas horas después de conocerse el referido, Fuster renunció al puesto con efectividad inmediata, confirmó el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo.

“Evidentemente y sin duda alguna, los centros de inspección cometieron delito. Eso está claro, y el señor Arturo Deliz, en lo que habló, en ese entonces, de que los centros de inspección habían fallado, evidenciado está aquí. Sin embargo, también tenemos que señalar que, evidentemente, el señor Arturo Deliz hizo las cosas de manera incorrecta”, expresó el legislador, en conferencia de prensa, al subrayar que no referirá a Deliz por informar sobre la operación de los centros de inspección.

En el caso particular de Yabucoa Auto Service, el legislador indicó que el referido incluye una carta, del 2 de noviembre de 2023, en la que el padre de Pérez Peña, Noel Pérez, informaba que, “por una situación que hubo con su máquina de inspección, él utilizó una máquina que no estaba registrada ni autorizada por el DTOP”.

“Todas estas inspecciones que se realizaron en ese tiempo no están registradas en el sistema y tampoco están autorizadas por el DTOP, ya que la máquina no estaba autorizada para operar”, resaltó Hernández, a preguntas de El Nuevo Día.

El referido a Justicia de Deliz –quien ya es investigado por la agencia– señala posibles violaciones a los artículos 262 y 263 del Código Penal por incumplimiento del deber y negligencia en el cumplimiento del deber, respectivamente. Esto, supuestamente, por reducir multas de forma informal y no autorizada, manejo verbal de procesos administrativos, omisión de referidos por violaciones graves a la Ley 22 de Tránsito y posibles pérdidas de fondos públicos.

En el referido a la OEG, se señala, igualmente, omisión del deber con pérdida de fondos públicos, conducta que compromete la imparcialidad e integridad pública y falta de documentación formal.

A base de la investigación, el representante radicará, el lunes, un proyecto de ley que buscará, entre otras cosas, crear un marco claro para las certificaciones de inspección, prohibir el cierre de los centros sin que se siga el debido proceso, requerir referidos de investigación a Justicia previo a tomar algún curso de acción y modificar las multas y penas.

Sobre ese último punto, Hernández detalló que, actualmente, las multas fluctúan entre $500 y $10,000, y se imponen discrecionalmente, es decir, que “una falla que puede tener un centro de inspección es la misma que otro (centro), pero a uno le dieron $500 y al otro le dieron $5,000”.

Si bien la investigación fue paralizada por orden del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, Hernández dejó claro que el informe que resultó en los referidos no es final y que esperan retomar la pesquisa legislativa más adelante.

El representante indicó que hay otros 10 centros de inspección de los que creen pudo haber violaciones de ley, pero aún no tienen la documentación completa, por lo que harán peticiones adicionales cuando reanuden la investigación.

“Estamos descargando la responsabilidad que tenemos de que esto se investigue, de que podamos radicar un proyecto y se le dé constancia a la gente. Así que, por eso, decidimos hacer este informe parcial, porque teníamos suficiente para ofrecer”, detalló sobre la determinación de hacer el informe, pese a que la pesquisa está detenida.

Los referidos a Justicia y la OEG no saldrán este mismo jueves, ya que primero la Comisión de Transportación debe aprobar el informe de la resolución y, luego, bajarlo al hemiciclo cameral para el aval del pleno.