Contrario a la política estipulada en la reciente legislación presentada por la administración de la gobernadora Jenniffer González, el zar de Energía, el ingeniero Josué Colón, propuso este miércoles extender por diez años, o sea hasta el 2035, la quema de carbón en la isla para la generación de energía.

Durante una vista pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara, el también jefe de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) sostuvo que es irreal pensar que, para el 2030, haya un sustituto a los 454 megavatios que genera AES Puerto Rico, en Guayama, la única productora de energía en el país que utiliza ese combustible.

“Mis recomendaciones están basadas en lo que ha pasado en los últimos 30 años. El pensar que una planta de generación de esa magnitud se pueda hacer en dos años, pues, sí, eso puede ser una aspiración. La realidad inequívoca es que eso nunca ha pasado en Puerto Rico”, subrayó el funcionario.

El ingeniero sostuvo que las últimas plantas generatrices construidas en la isla, entiéndase AES y EcoEléctrica, tomaron más de seis años en comenzar a producir para la red. “En Puerto Rico, ni en los mejores tiempos se ha logrado construir una planta de 500 megavatios en dos o tres años. Eso no ha ocurrido”, insistió.

La ausencia de AES, sin la disponibilidad de otras fuentes de energía, según Colón, incrementaría la posibilidad de interrupciones en el servicio. “No es una opción considerar el apagar AES o permitir que la planta salga de servicio sin que haya un sustituto”, expuso.

La pieza legislativa presentada por González hace dos semanas –el Proyecto de la Cámara 267– disponía que la veda a la quema de carbón no se materializaría antes del 1 de enero de 2030, aplazando por dos años el término dispuesto en la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico” (Ley 17-2019) que ordenaba erradicar el uso esta fuente de energía a partir del 2028.

Colón, en su propuesta a la Legislatura, retuvo el lenguaje que deja la puerta abierta para que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) prorrogue, en períodos de cinco años adicionales, la entrada en vigor de la prohibición, si la producción de AES “no ha sido reemplazada, como mínimo, por nuevas fuentes de generación equivalentes no intermitente más limpias a costos razonables”.

Colón propuso, sin embargo, “aclarar” en la medida que la meta de 100% de energía renovable para el año 2050 debe ser alcanzada en términos de producción para suplir la demanda y no como un simple porcentaje de generación. Mientras, mantuvo fuera las metas intermedias de energía renovable, aunque propuso lenguaje para establecer que las mismas “se establecerán y se determinarán a través del Plan Integrado de Recursos de la AEE”.

“Estamos buscando certeza de que lo que se ponga en algún sitio se cumpla. Yo creo que el escenario del Plan Integrado de Recursos, con sus incertidumbres, es más certero que ponerlo en un papel”, argumentó a preguntas de El Nuevo Día.

Durante la discusión legislativa, que se extendió por cinco horas, el presidente del NEPR, Edison Avilés Deliz, propuso -tal y como estaba dispuesto en la medida de administración- posponer la quema de carbón por dos años, sujeto a la disponibilidad de otras fuentes de generación.

Colón favoreció, asimismo la aprobación del Proyecto de la Cámara 268, que eleva el monto de las multas administrativas diarias que el NEPR puede expedir a las empresas eléctricas que violan sus órdenes o reglamentos, pero sometió una serie de enmiendas dirigidas a, según dijo, garantizar la posibilidad de cobro.

Las enmiendas incluyen, sin embargo, fijar en $50,000 el monto máximo diario por violación, así como introducir un nuevo criterio para los operadores privados de activos públicos, limitando la multa al 15% de su tarifa por servicio o “service fee” anual. “La multa deberá ser satisfecha con fondos del operador privado y, en ninguna circunstancia, podrá ser pagada con fondos provenientes de la tarifa que impacten al consumidor”, lee parte de la enmienda propuesta.

La medida presentada por González elevaba de $25,000 a $125,000 las multas administrativas diarias que el NEPR podía expedir.

El director ejecutivo de la AAPP sugirió lenguaje adicional dirigido a eximir al gobierno, sus agencias y corporaciones del pago de las multas, y a disponer que el dinero cobrado por concepto de multa vaya dirigido al Fondo de Energía Verde (Ley 83-2010).

Colón propuso, igualmente, la eliminación del inciso que indica que las violaciones intencionales de la Ley 57 –que creó el NEPR– se consideraran un delito grave, con penas de reclusión de hasta 18 meses y posibles multas, a discreción del tribunal.

Avilés también respaldó el PS 268, ya que preserva las facultades de fiscalización del Negociado y le otorga mecanismos adicionales para garantizar el cobro de multas. “Sanciones económicas significativas crean incentivos claros para que las empresas cumplan con los estándares de calidad, confiabilidad y eficiencia”, señaló el jefe del Negociado.

Avilés no pudo proveer, durante la vista pública, la cantidad de multas que han emitido y el monto de cada una.