Contrario a la política estipulada en la reciente legislación presentada por la administración de Jenniffer González, el zar de Energía, el ingeniero Josué Colón, propuso este miércoles extender por 10 años, o sea, hasta 2035, la quema de carbón en la isla para la generación eléctrica.

Durante una vista pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, el también director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) sostuvo que es “irreal” pensar que, para 2030, haya un sustituto a los 454 megavatios que produce AES Puerto Rico, en Guayama, la única cogeneradora en el país que usa ese combustible.

“Mis recomendaciones están basadas en lo que ha pasado en los últimos 30 años. Pensar que una planta de generación de esa magnitud se pueda hacer en dos años, pues, sí, eso puede ser una aspiración. La realidad inequívoca es que eso nunca ha pasado en Puerto Rico”, subrayó.

Sostuvo que las últimas plantas generatrices construidas en la isla –AES y EcoEléctrica (Peñuelas)– tomaron más de seis años en comenzar a producir para la red. “En Puerto Rico, ni en los mejores tiempos se ha logrado construir una planta de 500 megavatios en dos o tres años. Eso no ha ocurrido”, insistió.

La ausencia de AES, sin la disponibilidad de otras fuentes de energía, según Colón, incrementaría la posibilidad de interrupciones en el servicio.

La pieza legislativa presentada por González hace dos semanas –el Proyecto de la Cámara (PC) 267– dispone que la veda a la quema de carbón no se materialice antes del 1 de enero de 2030, aplazando por dos años el término dispuesto en la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico” (Ley 17-2019), que ordena erradicar el uso de esta fuente de energía a partir de 2028.

En su propuesta a la Legislatura, Colón retuvo el lenguaje que deja la puerta abierta para que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) prorrogue, en períodos de cinco años adicionales, la entrada en vigor de la prohibición, si la producción de AES “no ha sido reemplazada, como mínimo, por nuevas fuentes de generación equivalentes no intermitentes más limpias a costos razonables”.

Propuso, sin embargo, “aclarar” que la meta de 100% de energía renovable, para 2050, debe ser alcanzada en términos de producción para suplir la demanda y no como un simple porcentaje de generación. Mientras, mantuvo fuera las metas intermedias de fuentes limpias, aunque propuso lenguaje para establecer que estas “se establecerán y se determinarán a través del Plan Integrado de Recursos” de la Autoridad de Energía Eléctrica.

“Estamos buscando certeza de que lo que se ponga en algún sitio se cumpla. Yo creo que el escenario del Plan Integrado de Recursos, con sus incertidumbres, es más certero que ponerlo en un papel”, argumentó tras la vista, a preguntas de El Nuevo Día.

Cuestionado por el representante popular Héctor Ferrer Santiago, el zar de Energía indicó que las enmiendas que propuso fueron discutidas con el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.

Durante la discusión legislativa, que se extendió por cinco horas, el presidente del NEPR, Edison Avilés Deliz, planteó –tal como está dispuesto en la medida de administración– posponer la quema de carbón por dos años, sujeto a la disponibilidad de otras fuentes de generación.

Colón favoreció, asimismo, la aprobación del PC 268, que eleva el monto de las multas administrativas diarias que el NEPR puede expedir a las empresas eléctricas que violan sus órdenes o reglamentos, pero sometió una serie de enmiendas dirigidas, dijo, a garantizar la posibilidad de cobro.

Las enmiendas incluyen fijar en $50,000 el monto máximo diario por violación, así como introducir un nuevo criterio para los operadores privados de activos públicos, limitando la multa al 15% de su tarifa por servicio o “service fee” anual. “La multa deberá ser satisfecha con fondos del operador privado y, en ninguna circunstancia, podrá ser pagada con fondos provenientes de la tarifa que impacten al consumidor”, lee parte de la enmienda sugerida.

La medida presentada por González eleva de $25,000 a $125,000 las multas administrativas diarias que el NEPR puede expedir.

Colón sugirió lenguaje adicional para eximir al gobierno, sus agencias y corporaciones del pago de las multas, y disponer que el dinero cobrado por concepto de las sanciones vaya al Fondo de Energía Verde (Ley 83-2010).

Propuso, igualmente, eliminar el inciso que indica que las violaciones intencionales de la Ley 57 –que creó el NEPR– se considerarán un delito grave, con penas de reclusión de hasta 18 meses y posibles multas, a discreción del tribunal.

De igual forma, Avilés respaldó el PC 268, ya que, a su juicio, preserva las facultades de fiscalización del NEPR y le otorga mecanismos adicionales para garantizar el cobro de multas. “Sanciones económicas significativas crean incentivos claros para que las empresas cumplan con los estándares de calidad, confiabilidad y eficiencia”, señaló.

Avilés no pudo proveer, durante la vista, la cantidad de multas emitidas por el NEPR ni su monto.

Para las delegaciones minoritaritas, la posible extensión de la quema de carbón como fuente de energía es un reflejo de que la política energética vigente, aprobada en 2019, fracasó.

“Cuando usted mira la ley, se establecía el desarrollo de energía renovable, de microrredes, de almacenamiento, y nada de eso pasó”, señaló el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez, al señalar el efecto adverso que ha tenido, según estudios, la quema de carbón en las comunidades aledañas a AES.

Al respecto, Colón dijo que las emisiones producidas por AES cumplen con las regulaciones impuestas por la Agencia federal de Protección Ambiental. “Uno no puede partir de la premisa de que, porque quemen carbón, lo que está saliendo por la chimenea es más contaminante que lo que sale por la chimenea de otras unidades”, sostuvo.

El presidente de la Comisión cameral de Energía, Víctor Parés, negó que la política pública energética haya fracasado, y sostuvo que, de extenderse la quema de carbón, se hará “bajo condiciones estrictas”.

Para Ferrer Santiago, sin embargo, es meritorio encontrar “quién fue el responsable de no ejecutar la Ley 17-2019″. “Si, ciertamente, no se pudo ejecutar la política pública, ¿qué garantías tiene la Asamblea Legislativa para que, en 10 años, en 25 años, la política pública sea una realidad?”, cuestionó.

En respuesta, Avilés arguyó que el NEPR ha cumplido con su responsabilidad, pero los proyectos de energía renovable descansaban en la inversión privada que “no respondió”.