La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) señaló deficiencias y una preocupante acumulación de casos pendientes en la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico que, al 30 de septiembre de 2024, mantuvo sin resolver 415 querellas de conducta no profesional o impericia médica.

Así lo reveló un informe publicado por la OCPR que recoge los hallazgos del ente tras realizar una auditoría que comprende desde el 1 de marzo de 2022 al 30 de septiembre de 2024.

Según el informe firmado por la contralora Yezmín Valdivieso, la auditoría a la Junta arrojó una opinión cualificada, lo que significa que, aunque en general el ente adscrito al Departamento de Salud cumplió con las regulaciones, hubo una excepción “significativa” relacionada con el manejo de quejas y querellas.

De acuerdo con el informe de la OCPR, la auditoría reveló un retraso en la resolución de 415 casos de querellas por conducta no profesional e impericia médica.

De esta cifra, 101 casos de conducta profesional quedan pendientes de resolver. “El caso más antiguo correspondía al 2006, por lo que habían transcurrido entre 1 y 18 años sin que se resolvieran”, detalla el documento.

Mientras, la OCPR identificó 314 casos de impericia médica sin resolver. “El caso más antiguo correspondía al 2014, por lo que habían transcurrido entre 1 y 10 años sin que se resolvieran”, señala entidad.

La Junta rige la admisión a la práctica de la medicina y establece un organismo regulador con el objetivo de ofrecer garantías a la ciudadanía relacionadas con la profesión médica.

El informe de la OCPR señala que “todo caso sujeto a un procedimiento adjudicativo en una agencia debe ser resuelto dentro de 6 meses desde su radicación, salvo en circunstancias excepcionales”.

“La Junta debe iniciar una investigación tan pronto reciba cualquier información sobre actuaciones que constituyan impericia profesional, se trate o no de un caso finalmente adjudicado o transigido”, lee el documento.

Al identificar las posibles causas de los retrasos en la resolución de estas investigaciones, la OCRP señaló que “los médicos no contestan los requerimientos, no comparecen a las vistas y la etapa investigativa es extensa. Además, los eventos climatológicos y de salud pública que afectaron al país también retrasaron los procesos”.

Mientras, el informe concluye que las deficiencias en el manejo repercuten en que la Junta no pueda emitir una resolución oportuna en “aquellos casos en que exista un peligro inminente para la salud, la seguridad y el bienestar público”.

Por su parte y ante los hallazgos del informe, la directora ejecutiva de la Junta, la licenciada Dana Miró Medina, argumentó que entienden que la cifra de casos pendientes es ”incorrecta" debido a errores en la asignación de números de querella a todos los reportes recibidos por las aseguradoras y plataformas de datos.

“Esta asignación de número a todos los casos desglosados en los informes mensuales que por virtud de ley nos remiten las aseguradoras (...)provocó un incremento exorbitante de casos a investigar cuando en principio no se les debió asignar número de caso, sino que se debieron archivar en el expediente como un referido de forma tal de que cuando se recibieran otros reportes del mismo médico en el período de cinco años, entonces se iniciara la investigación y se le asignara número de querella o queja”, expresó la directora ejecutiva.

Mientras, el exsecretario de Salud Carlos Mellado emitió un comentario puntual en el que indicó que “a pesar de las gestiones realizadas para atender este asunto por los basado y algún progreso los números reflejan la necesitad un esfuerzo adicional, un plan acción efectivo”.

El extitular recomendó aumentar el presupuesto y asignar más personal para agilizar las investigaciones.

Por su parte, la OCPR recomendó al desginado secretario o secretaria de Salud que se asegure de supervisar al presidente de la Junta y la directora ejecutiva para que cumplan con lo establecido en la auditoría y que se continuén con las gestiones necesarias para investigar las quejas en el término establecido por la ley.