La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico reveló este jueves que los datos entregados por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no respondían a una orden judicial, sino un requerimiento administrativo de información personal de inmigrantes con licencias de conducir provisionales, que la agencia entregó en tan solo tres días.

La entrega de datos del DTOP, en enero de 2025, afectó a 6,321 inmigrantes, precisó Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU de Puerto Rico, después que lograran obtener la información presentada a ICE tras una batalla judicial que llegó al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

“Nos entregó un documento administrativo, donde hacen una solicitud para producir archivos: las licencias de conducir, las licencias de aprendizaje, incluyendo cualquier tipo de identificación aunque no fuera de conducir... Que se produjera la fecha de cuándo se entregaron, el nombre completo, su fecha de nacimiento, ciudadanía, número de pasaporte, dirección completa, email, número de teléfono”, abundó la directora ejecutiva de la ACLU en Puerto Rico, Annette Martínez Orabona.

A los tres días de recibir el documento de ICE, el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, entregó los datos, dijo Arraiza Navas, que no descarta que la organización presente algún pleito de clase por divulgar información sin que mediara una orden judicial.

De acuerdo con la petición de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) bajo el ICE, la solicitud se realizó la mañana del 26 de enero de 2025, el domingo en que se registró la primera redada bajo la segunda administración de Donald Trump en Puerto Rico. La agencia federal dio hasta el 7 de febrero para responder al DTOP y le advirtió que no divulgara la existencia del requerimiento por un “periodo indefinido”.

El mismo documento reconoce que la agencia procedería a ir al Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico si no se compartía la información solicitada, a lo que, según la ACLU, debió esperar el gobierno de Puerto Rico.

El Tribunal Supremo emitió una resolución de “no ha lugar” a la segunda solicitud de reconsideración del DTOP para ocultar la petición federal. La resolución del máximo foro judicial fue emitida el 9 de octubre de 2026, aunque se notificó el 14 de octubre, tras lo cual el DTOP entregó la información a la ACLU de Puerto Rico.

Abordada sobre el tema durante una conferencia de prensa en Peñuelas, la gobernadora censuró las expresiones de la ACLU, e insistió en que el DTOP suministró la información para cumplir con un subpoena de HSI-ICE.

“Hay un subpoena de una agencia federal al DTOP. Yo lamento muchísimo que una organización tan prestigiosa como esa (ACLU) haga una expresión incorrecta. Hay un subpoena federal contra el DTOP requiriendo información de unas personas, y ese subpoena fue lo que el DTOP contestó. De hecho, el documento está hasta en las redes sociales. Decir que se entregó información de manera voluntaria es irresponsable”, señaló la mandataria.

“Hay un subpoena federal, y las agencias del gobierno de Puerto Rico tienen que cumplir con los mandatos federales. Aquí no estamos en un incumplimiento”, abundó.

Ante una petición de este diario, el secretario del DTOP respondió que no emitirá más expresiones sobre las denuncias de la ACLU en estos momentos.

“Este documento era público desde el primer día. Lo que nos parece crítico es que el gobierno de Puerto Rico, a través de la mandataria (Jenniffer González), le dijo, días antes que esta solicitud la hiciera HSI, que la comunidad migrante debía estar tranquila”, sostuvo, por su parte, Martínez Orabona.

“Fueron 73 páginas de bloques negros”, detalló sobre el documento tachado que entregó el DTOP a la ACLU el miércoles.

“Pudimos confirmar lo que ya habíamos denunciado al país, que el gobierno de Puerto Rico es cómplice de las políticas discriminatorias e ilegales del gobierno de Trump. No ha habido la más mínima prohibición para que no se permita la persecución de nuestros hermanos migrantes”, señaló la directora de la organización.

Pese a que el secretario del DTOP negó a este diario, en febrero de 2025, que colaboraran con agencias federales en sus pesquisas de inmigración, El Nuevo Día fue el primero en confirmar que la agencia estatal había entregado los datos de miles de licencias de inmigrantes, incluidas personas en procesos para regularizar sus estatus migratorio.

En los pasados cinco años, más de 5,000 inmigrantes sin estatus definido en Puerto Rico han solicitado la licencia de conducir, un beneficio que los extranjeros lograron, en 2013, bajo la Ley 97, firmada por el entonces gobernador, Alejandro García Padilla.

“El secretario del DTOP fue incapaz de proteger a nuestra gente. El mandato de confidencialidad recaía bajo sus hombros. El secretario, como mínimo, debe renunciar a su puesto”, denunció Martínez Orabona.

La Ley 97-2013 permitió a miles de inmigrantes sin estatus regular sacar su licencia de conducir y ordena al DTOP establecer “los mecanismos administrativos necesarios para que este registro no pueda ser usado para discriminar contra las personas que posean una licencia de conducir provisional o se divulgue la información de estas”.

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El periodista Manuel Guillama Capella colaboró en esta historia.