A una década de que el gobierno puertorriqueño diera los primeros pasos dirigidos a reformar las operaciones del sector eléctrico, el país aún experimenta unas tasas de interrupciones de servicio que exceden dramáticamente los parámetros aceptables de la industria, unos costos tarifarios que se mantienen por encima de la meta de 20 centavos por kilovatio hora y una cartera de fuentes renovables que, pese al auge histórico de sistemas fotovoltaicos residenciales, no ha logrado despegar con relación a los combustibles fósiles.