La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) desarrollará 15 proyectos de mejoras a la infraestructura de agua potable a través de un préstamo federal de casi $30 millones autorizado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

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La carta de la JSF que validó la transacción –con fecha del viernes– no abunda sobre las obras que se impulsarían mediante el Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable (DWSRF, en inglés), programa adscrito a la Agencia federal de Protección Ambiental. Este diario pidió a la AAA detalles sobre los proyectos previstos, pero, al cierre de esta edición el sábado, no se había recibido la información.

La transacción, de acuerdo con el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, responde a un acuerdo entre la AAA, el Departamento de Salud y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura.

“El acuerdo permitiría a la AAA tomar prestado $29,920,480 del DWSRF para financiar reparaciones sustanciales, mejoras y nuevas construcciones”, lee la misiva del ente fiscal.

Luego que la tormenta Ernesto hiciera estragos en Puerto Rico, entre el 13 y 14 de agosto, la AAA enfrentó complicaciones para restablecer el servicio de agua potable en múltiples sectores, principalmente a consecuencia de las instalaciones que carecían tanto de energía eléctrica como de generadores, así como por las tomas de aguas crudas que se taparon o recibieron un exceso de sedimentación, explicó previamente la presidenta ejecutiva de la corporación pública, Doriel Pagán Crespo.

Según la JSF, de los fondos disponibles para mejoras, $17.7 millones estarían sujetos a un repago a 30 años a una tasa de interés de 1%, mientras los restantes $12.3 millones “se proveerían a través de un préstamo de principal condonable sin intereses”.

Para el organismo que controla las finanzas públicas del país, la transacción “se alinea con el plan fiscal de 2024 de la AAA, ya que, entre otras cosas, financiaría 15 proyectos capitales, atendiendo las tomas de agua de la AAA, plantas de tratamiento y proyectos de infraestructura relacionados, cruciales para asegurar el suplido seguro de agua, utilizando fondos a través de un programa federal”.

“Al facilitar inversiones capitales costoefectivas, el acuerdo mitiga la necesidad de que la AAA utilice ingresos operacionales para cumplir con los objetivos de inversión y refleja un compromiso con garantizar el financiamiento necesario mientras se asegura la sostenibilidad financiera de los proyectos de infraestructura”, agregó Mujica, en la carta dirigida al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero, con copia a Pagán Crespo y otros funcionarios.

En el plan fiscal vigente, la JSF, además de imponer aumentos tarifarios anuales de, al menos, un 2%, requirió a la AAA desarrollar un plan de inversiones que optimice el servicio, incluyendo reducir la pérdida de agua, estimada en cerca del 65% de lo que producen las plantas de filtros.

Aunque, en este caso, no se trata de una emisión de bonos, la AAA –que reestructuró su deuda mediante el Título VI de la Ley Promesa, en consenso con sus acreedores– ya accedió a los mercados de capital entre 2020 y 2021, cuando optó por refinanciar préstamos previos a través de nuevas emisiones.

Paralelamente, en otra misiva enviada el viernes, la JSF rechazó revisar el presupuesto asignado a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) para el año fiscal 2024-2025, al subrayar que, en años recientes, la corporación pública ha subutilizado los fondos disponibles.

Específicamente, la JSF señaló que, en el año fiscal 2022, la AEP, en el renglón de nómina, no utilizó $7.4 millones disponibles, seguido de $14.2 millones en 2023 y un estimado de $20.1 millones en el año fiscal que concluyó el pasado 30 de junio.

“Dada la subutilización de los años previos, la Junta de Supervisión determinó que no era necesaria ninguna asignación adicional del Fondo General”, escribió Mujica al director ejecutivo de la AEP, Yamil Ayala Cruz.

Mujica, no obstante, aclaró que la JSF se mantiene evaluando una petición de $12.4 millones para cubrir la implantación del nuevo Plan de Clasificación y Retribución, que en julio ya recibió el visto bueno del organismo.

“La AEP debe desarrollar un plan comprensivo que describa cómo los balances de efectivos disponibles y fondos no utilizados de mejoras capitales serán utilizados para atender proyectos críticos y necesidades de mantenimiento”, subrayó Mujica, al destacar que la corporación pública mantiene una liquidez de $296 millones, si bien $60 millones son considerados “restrictos” y $57.1 millones están en cuentas designadas para “propósitos operacionales”.