La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) presentó una demanda de clase contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), para que se restituya el estatus migratorio de estudiantes F-1, que presuntamente habría sido cancelado ilegalmente a, por lo menos, 112 alumnos internacionales.

El recurso legal, presentado en conjunto con la firma legal Shaheen & Gordon, indica que, entre los afectados, hay personas que residen y estudian en instituciones académicas en Puerto Rico, Nueva Hampshire, Rhode Island, Maine y Massachusetts.

“Los estudiantes internacionales son una parte fundamental de la comunidad estudiantil en nuestras universidades estatales, y ninguna administración debería poder eludir la ley para despojar unilateralmente a los estudiantes de su estatus, interrumpir sus estudios y ponerlos en riesgo de deportación”, expresó, en comunicado de prensa, Gilles Bissonnette, director legal de la ACLU en Nueva Hampshire.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés), la categoría de Visa F-1 (estudiante académico) permite a la persona ingresar al país como estudiante a tiempo completo de un instituto, universidad, seminario, conservatorio, escuela secundaria (superior), u otra institución o un programa de capacitación lingüística.

Al momento de esta publicación, el capítulo de la ACLU en Puerto Rico no había divulgado la cantidad de personas afectadas en el archipiélago, dónde estudian o cuáles son sus nacionalidades.

Sin embargo, la demanda trae los casos de cinco estudiantes internacionales que vieron interrumpidas sus labores académicas debido a la cancelación de sus visas.

“Las terminaciones unilaterales e ilegales de los demandados han perturbado gravemente las oportunidades educativas de los estudiantes, que están en medio de sus estudios (y en medio de un semestre) y que simplemente están tratando de obtener, muchas veces a un costo considerable, una educación en los Estados Unidos mientras siguen todas las reglas que se les exigen”, detalla el documento de 29 páginas, presentado ante la corte de distrito en Nueva Hampshire.

A Thanuj Kumar Gummadavelli, uno de los demandantes, su universidad le informó, el 9 de abril, que su estatus de estudiante F-1 había terminado porque el Sistema de Información para Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS, en inglés) señalaba un “fallo en el mantenimiento del estatus: individuo identificado en la verificación de antecedentes penales y/o se le ha revocado la VISA. Se ha cancelado el registro SEVIS”.

Al estudiante, al igual que otra de las demandantes, Manikanta Pasula, solo le restaba un semestre para terminar su maestría y comenzar su capacitación práctica opcional (OPT, en inglés), que autoriza a los estudiantes internacionales a trabajar temporalmente, en territorio estadounidense, en su área de especialización.

La demanda también expone que, a un mes de su graduación de maestría, el estudiante Linkhith Babu Gorrela no podrá obtener su título o su OPT por la cancelación de su visa. En una situación similar, está Haoyang An, quien tendrá que abandonar su programa de estudios tras haber invertido $329,196 en su educación estadounidense.

“Esta cancelación del expediente SEVIS por no mantener la condición de estudiante fue sistemática y se produjo en todo Estados Unidos. En pocos días, los demandados cambiaron la descripción del motivo de la cancelación SEVIS y eliminaron ‘no mantener el estatus’ del motivo y lo reemplazaron por ‘otro’”, expone el recurso legal.

Según el documento, la cancelación de las visas violó el debido proceso, puesto que el gobierno tiene la obligación de notificar previamente y proveer una “oportunidad significativa” para defenderse. Asimismo, se subraya que la cancelación del estatus de estudiante requiere de unos fundamentos válidos con los que el gobierno no habría cumplido.

La ACLU afirma que, para la cancelación válida del estatus de estudiante, debe demostrarse que el alumno incumplió con las condiciones establecidas, como puede ser no tomar sus cursos completos, que esté trabajando sin autorización, o que haya sido condenado por un crimen violento, con una posible pena de más de un año.

La organización defensora de los derechos civiles asegura que estas revocaciones de visas F-1 han estado ocurriendo desde, al menos, el mes de marzo, y han afectado a cientos de estudiantes internacionales. Por ello, la demanda solicita que se les restituya el estatus de estudiantes F-1 a los miembros de la clase, lo que les permitirá continuar sus estudios.

“Las acciones de la administración Trump contra estos estudiantes son una violación flagrante del debido proceso. Formamos parte de esta demanda colectiva para proteger a estos estudiantes y a otros que han tenido que abandonar sus estudios y enfrentar una posible deportación sin ninguna razón legítima”, sostuvo Steven Brown, director ejecutivo de la ACLU en Rhode Island, quien detalló que, en ese estado, se han visto afectados estudiantes internacionales de la Universidad de Brown y de la Escuela de Diseño de Rhode Island.

El Nuevo Día reseñó la intervención, en febrero, de agentes migratorios con un estudiante haitiano que, desde 2023, cursa un doctorado de Negocios Internacionales en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, pese a poseer una visa para estar legalmente en territorio estadounidense. El universitario fue liberado al momento.