Las partidas necesarias para sufragar los desembolsos ascendentes a $110 millones por concepto de la enmienda propuesta al contrato de Genera PR provendrían de un aumento en la cláusula de ajuste por combustible (FCA, en inglés) que los consumidores pagan mensualmente en sus facturas, de acuerdo con la propuesta que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) presentó al Negociado de Energía (NEPR), que debe proveer la autorización definitiva a la modificación del pacto.

“En cumplimiento con la orden del 28 de febrero del NEPR, la AEE propone que los pagos a Genera se incluyan en el cargo de ajuste por combustible. Específicamente, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y la AEE consideran que mantener el FCA aplicable actualmente (en el trimestre de enero a marzo) generaría un estimado de $55 millones en ingresos, que la AEE utilizaría para financiar la mitad de los desembolsos. Los demás desembolsos se atenderían en la reconciliación del FCA para el siguiente trimestre, de julio a septiembre”, subrayó la corporación pública, en una moción con fecha del 21 de marzo.

El 28 de febrero, el NEPR aprobó de forma preliminar las enmiendas contractuales, sujeto a que se le hiciera entrega del lenguaje final del pacto y se precisara la fuente de financiamiento.

Cubrir $55 millones a lo largo de un trimestre supondría, para los abonados, un impacto cercano a los 1.3 centavos por kilovatio hora (kWh), o un monto muy similar a la reducción tarifaria que LUMA Energy propuso para los clientes residenciales en el período de abril a junio, sobre la cual el NEPR aún no ha pasado juicio. De acuerdo con el ajuste trimestral propuesto por LUMA la semana pasada, el costo del kWh bajaría de 26.25 a 24.91 centavos para los consumidores residenciales, en respuesta, precisamente, a una reducción en el FCA.

Para los próximos meses, asimismo, queda la incertidumbre en torno a las pensiones de la AEE, luego de que este miércoles la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) acordara con la gobernadora Jenniffer González una reprogramación presupuestaria que cubriría los pagos correspondientes a abril. Si posteriormente el gasto de $25 millones mensuales del Sistema de Retiro se incorporan a la factura, el golpe a los clientes rondaría los 1.75 centavos por kWh.

Los $110 millones que la AEE espera pagar a Genera PR a cambio de eliminar incentivos económicos futuros en el contrato –que se extiende hasta 2033– se pagarían en 11 plazos mensuales, de $10 millones cada uno, que iniciarían una vez la JSF conceda su aval a las enmiendas.

La administración de González ha justificado las enmiendas bajo la premisa de que el pago adelantado elimina la posibilidad de que Genera PR devengue hasta $890 millones por concepto de bonificaciones a lo largo de los nueve años que le restan a su contrato y que un estudio de FTI Consulting corroboró la conveniencia del ajuste.

Junto a la potencial fuente de financiamiento, la AEE también sometió al NEPR el lenguaje que se introduciría al contrato, pero pidió mantenerlo confidencial por considerarlo parte de un “proceso deliberativo”.

Genera PR indicó a El Nuevo Día que no emitirían comentarios.

Este miércoles, el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) presentó una moción ante el NEPR en busca de que se haga público el informe de FTI Consulting. Según el abogado principal del ICSE, Fernando Agrait, al NEPR “se le ha ido la mano del lado de la confidencialidad” en los procedimientos que administra.

“Me parece muy importante que la gobernadora está diciendo que tiene un estudio de FTI que dice que los beneficios son $800 millones y, por lo tanto, hace público parte del (estudio), lo que le conviene, pero no enseña el resto del estudio. Uno no puede aceptar eso como parte de la política pública”, señaló Agrait.

En 2023-2024 –su primer año–, a Genera PR se le adjudicaron $15 millones del tope de $100 millones establecido para las bonificaciones, aunque mantenía una disputa con la AAPP por otros $32 millones. Como parte de las enmiendas acordadas, esa disputa quedaría resuelta.

El director de la AAPP y zar de Energía, Josué Colón, aseguró recientemente que el lenguaje de las enmiendas impediría a Genera PR cobrar el adelanto de $110 millones y abandonar sus funciones, en momentos en que la matriz del operador, la gasífera New Fortress Energy (NFE), mantiene una frágil posición financiera.

Sin embargo, Agrait puntualizó que, de materializarse una quiebra de NFE, el gobierno podría quedar desprotegido.

“NFE ha dicho a sus propios accionistas que tiene un problema muy serio que puede que no sea viable económicamente. Si soy Genera y radico quiebra, los $110 millones que cobré, me quedo con ellos. Ante el hecho objetivo de que el propio principal de Genera ha planteado la posibilidad de la quiebra, estamos indefensos”, dijo Agrait, quien, sin embargo, no considera que una terminación del contrato por parte de Genera PR sea el escenario más probable, por el efecto que podría tener sobre los contratos de suministro de gas natural de NFE.

Si bien el gobierno presentó las enmiendas del contrato de Genera PR como una ganancia para los consumidores, las acciones de NFE mejoraron casi 8% en los días siguientes al anuncio, que se combinó con la extensión de uno de los dos acuerdos que mantiene la matriz para suplir gas natural a su subsidiaria.

En tanto, el investigador y abogado del ICSE José Pou Román cuestionó que, entre las justificaciones que el gobierno ha subrayado para la enmienda, figure la “simplificación” de la supervisión de la gestión de Genera PR, a pesar de que, en principio, la fiscalización seguiría siendo un componente esencial para aplicar potenciales penalidades contractuales a la empresa.

“Eso va contrario a preceptos de responsabilidad de gestión pública. Es algo que va más allá de la mera implementación de política pública, sino que va a preceptos básicos de responsabilidad gubernamental”, dijo Pou Román.