La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Genera PR acordaron preliminarmente eliminar el componente de incentivos por desempeño del administrador de la flota generatriz, una modificación que, de materializarse, supondría un vuelco de 180 grados al modelo de compensación del contrato suscrito entre las partes en enero de 2023.

A cambio de ceder su derecho a devengar un tope de $100 millones al año atados a distintas métricas de desempeño, Genera PR obtendría un pago de $110 millones, que se desembolsaría a razón de $10 millones por los próximos 11 meses. Posteriormente, si las enmiendas son avaladas por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) y la Junta de Supervisión Fiscal –además de por las juntas directivas de la AEE y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas–, Genera PR recibiría únicamente la compensación fija establecida en el pacto, que asciende a $22 millones anuales más los ajustes por inflación.

El contrato de Genera PR, con extensión de 10 años, expira en junio de 2033.

El resumen de los propuestos cambios a la relación contractual fue sometido en una moción conjunta al NEPR, que brindó su visto bueno preliminar, condicionado a que la AEE y Genera PR provean el lenguaje final de las enmiendas y precisen cuál sería la fuente para el pago de la suma de $110 millones, cuyo primer desembolso de $10 millones se emitiría “a finales de marzo”.

La estrechez financiera de la corporación pública –que desde 2017 ha permanecido inmersa en el proceso de reestructuración bajo la ley Promesa– ha provocado que no cuente con capital para satisfacer sus pagos de pensiones –estimados en $25 millones mensuales– más allá de marzo.

“Habría dos opciones: un préstamo intergubernamental o subir las tarifas. Eso se tiene que evaluar contra las opciones del contrato, que incluye un ‘termination fee’ (pago de cancelación) de $45 millones. La pregunta que nos hacemos es qué sería más conveniente: pagar los $110 millones o utilizar el ‘termination fee’ y evaluar otras opciones que resulten en un menor costo para el servicio energético”, opinó este sábado el pasado representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE, Tomás Torres Placa, quien considera que, contrario a lo que ocurre con el sistema de transmisión y distribución, sería viable para el gobierno retomar las funciones de generación eléctrica.

A grandes rasgos, las enmiendas encaminadas invierten los principios bajo los que se otorgó el contrato de Genera PR, que se distinguió del acuerdo con LUMA Energy, para la administración de la red de transmisión y distribución, al conceder un mayor peso económico a factores directamente asociados al desempeño del privatizador.

Mientras que LUMA podrá –una vez la AEE emerja de la quiebra– recibir una compensación fija de $105 millones anuales junto a potenciales incentivos ascendentes a $20 millones, el contrato de Genera PR dispone que la empresa recibirá una compensación de $22 millones e incentivos de hasta $100 millones, mayormente asociados a los ahorros que logre a través de eficiencias operacionales.

Luego del quinto año –es decir, en 2028–, el componente fijo de la compensación a Genera PR podría reducirse, en función de las plantas eléctricas que hayan sido decomisadas y, por ende, reducido el alcance de los servicios del operador.

En pasados meses, El Nuevo Día ha reportado las dificultades financieras de New Fortress Energy, matriz de Genera PR, que le han llevado a reconocer, en sus informes periódicos al mercado, la potencial inviabilidad de sus operaciones a largo plazo.

En la moción al NEPR –con fecha del 27 de febrero–, las partes argumentaron que las enmiendas ofrecerían mayor “simplicidad” y “certeza” presupuestaria, al eliminar la variabilidad que representan los posibles incentivos anuales.

“Esta enmienda resultará en ahorros sustanciales, eliminando la incertidumbre relacionada con los pagos de incentivos y asegurando que todos los ahorros por costos operacionales benefician completamente a los consumidores de Puerto Rico. A lo largo de los nueve años restantes del contrato, la enmienda representa potenciales ahorros de hasta $805.52 millones, que de otra forma se habrían tenido que separar para pagos de incentivos bajo la estructura actual”, subraya la moción.

El estimado de ahorros que ofrecieron las partes parte de la premisa de que Genera PR habría sido capaz de sostener un desempeño suficientemente bueno para obtener el máximo de $100 millones en bonificaciones en cada uno de los nueve años restantes. Sin embargo, el documento precisa que, en el año fiscal 2023-2024, la AAPP certificó incentivos por $15.52 millones, una suma que se incluiría en el pago propuesto de $110 millones.

En pasados meses, Genera PR, en sus mociones al NEPR, había expresado repetidamente su frustración con el tiempo que se ha tomado el organismo para decidir sobre su plan de incentivos y las propuestas conversiones de unidades a gas natural, que para el operador representan la principal apuesta de ahorros operacionales.

El NEPR, en la resolución y orden del viernes, señaló que, a base de un análisis financiero de valor neto presente (NPV, en inglés), el cambio en la estructura sería beneficioso para el interés público.

“El pago propuesto de $110 millones puede ser considerado una medida de ahorros cuando se evalúa contra el NPV de pagos de incentivos futuros a lo largo de una ventana de 10 años. El NPV de $15.52 millones devengado por Genera en su primer año, al proyectarse por 10 años, fluctúa entre aproximadamente $110 millones y $120 millones. Esta cifra de NPV se alinea con el pago propuesto”, señaló el regulador.

Según Torres Placa, al tomar su determinación final, el NEPR deberá sopesar si, tras recibir el pago, Genera PR tendría algún incentivo para completar el término del contrato: “Es un aspecto a considerar si, al pagar esos incentivos a valor presente en los próximos 11 meses, existe una razón para continuar operando las unidades, o si en dos o tres años nos veamos en necesidad de buscar un nuevo operador”.

De acuerdo con Genera PR y la AEE, las penalidades económicas que contempla el pacto no se alterarían mediante las enmiendas. Actualmente, las penalidades más significativas están asociadas con la disponibilidad de las plantas, que pueden redundar en multas de hasta $10 millones al año. Otros componentes de desempeño, como indicadores de seguridad laboral, pueden acarrear multas de $100,000, mientras que violaciones ambientales pueden ascender a $25,000 por evento.

Tan reciente como el pasado lunes, este diario reveló que los apagones por relevos de carga –un indicador asociados directamente a la disponibilidad de la flota de generación– se habían duplicado en 2024 respecto al año previo.

En su cuenta de X, el expresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Ángel Figueroa Jaramillo, describió la garantía de $110 millones a corto plazo como “un negocio redondo para Genera, pero un maltrato para el pueblo”.

“Menos riesgo para ellos, más costo para nosotros”, escribió el líder sindical.