Residentes de varios sectores de Coamo llevan meses quejándose por olores que atribuyen a una finca ganadera en Quebrada Grande, situación por la que el municipio solicitó la intervención de los departamentos de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Salud y Agricultura.

En entrevista con El Nuevo Día, el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, precisó que las quejas provienen de Quebrada Grande, Sierrita y una familia de Villa Paraíso.

“La finca, que se llama Ganadería Don Corral, siempre fue de ganadería”, explicó García Padilla. Según el alcalde, el propietario anterior recibió incentivos del Departamento de Agricultura para producir carne marmoleada, una actividad cuyo manejo de desperdicios, a su entender, ha generado olores más fuertes durante ciertas etapas de la operación.

Las agencias aún no han divulgado hallazgos que establezcan la fuente de los olores ni si existe algún incumplimiento.

El alcalde relató que el Municipio se reunió hace unos seis meses con el propietario anterior, quien se comprometió a mudar la finca debido a la situación.

“Pero en el camino nos enteramos que vendió la finca”, dijo. García Padilla no pudo precisar cuándo se concretó la compraventa.

Según el ejecutivo municipal, el nuevo propietario, a quien identificó como César Borges, de Ganaderos Borges, le aseguró que desconocía tanto las quejas como aquel compromiso con la comunidad.

“Le pedí al dueño nuevo entonces que tomara medidas en el asunto”, sostuvo.

García Padilla aseguró que, ante el malestar de la comunidad, el ayuntamiento envió cartas el 16 de septiembre al DRNA y a Salud para solicitar inspecciones y evaluaciones. Al día siguiente, pidió la intervención de Agricultura.

El comisionado del Cuerpo de Vigilantes del DRNA, Nelson Cruz, confirmó a este medio que la Oficina de Empresas Pecuarias recibió la querella y que durante esta semana personal de la agencia ha monitoreado los olores y el viento en distintos puntos de la comunidad.

Cruz explicó que el DRNA utiliza un “panel de olores”, integrado por empleados que acuden a las áreas afectadas tanto en la mañana como en la tarde para observar las condiciones durante varios minutos en cada punto.

“Hay unos olores objetables que han afectado a algunas personas, incluyendo a personas mayores”, expresó el comisionado. La agencia todavía no ha divulgado una determinación sobre el origen de esos olores ni sobre el cumplimiento de la finca con los requisitos aplicables.

Según Cruz, una vez concluya el monitoreo, el personal visitará la finca para examinar, entre otros aspectos, los manifiestos de disposición de desperdicios y la charca de sedimentación antes de determinar las medidas que correspondan.

“Estamos en espera de que ese estudio que se ha hecho, ese panel de olores que hemos estado esta semana monitoreando, pueda llegar a su fin, se pueda visitar la finca (...) y entonces tomar medidas para mitigar esta situación”, indicó.

El funcionario señaló que la evaluación también tomará en cuenta las condiciones durante episodios de lluvia, pues explicó que estas pueden intensificar los olores. Dijo que espera contar para el martes con información suficiente para comenzar a definir medidas de mitigación.

Entre las posibles alternativas que se llevan a cabo en situaciones como estas, mencionó barreras físicas para controlar la dispersión de los olores y la siembra de árboles de crecimiento rápido. Aclaró que también se evaluará cómo la operación maneja los residuos y cuánto tiempo tarda en disponer de ellos.

Por otro lado, el alcalde de Coamo dijo que el secretario de Agricultura también está al tanto de la situación y que el nuevo propietario se comprometió con entregar un plan de manejo de desperdicios.

La oficina de prensa de Agricultura confirmó a El Nuevo Día que el secretario, Irving Rodríguez Torres, recibió la comunicación del municipio, está al tanto de la situación y la remitió a la agencia correspondiente. Precisó que Agricultura no tiene jurisdicción para investigar las quejas por olores, tarea que le compete al DRNA.

El Nuevo Día solicitó una reacción al Departamento de Salud e intentó comunicarse con Borges para conocer su versión. Al momento de esta publicación, se esperaba por sus respuestas.

En un caso separado, en agosto, un gran jurado acusó a Ganaderos Borges Inc., su presidente César Borges Arroyo, Héctor Fulgencio Cabrera, Erison Delgado Santos y Neftalí Borges Gómez de presuntamente conspirar para violar la Ley de Agua Limpia y cometer otras violaciones a esa ley en una planta procesadora de carne en Naguabo.

Según la acusación, entre agosto de 2018 y septiembre de 2025 se descargaron desperdicios líquidos de la planta a un arroyo que desemboca en el mar Caribe.

Las autoridades federales alegan que los residuos incluían sangre, tejido y heces de animales, entre otros materiales generados durante el procesamiento de carne.