Aunque todavía están por verse las implicaciones estatutarias que tendrá en Puerto Rico, portavoces de las comunidades LGBTQ+ alertaron que el efecto inmediato de la orden ejecutiva para reconocer exclusivamente dos sexos en las agencias federales será la creación de un ambiente tenso –potencialmente discriminatorio y violento– que atenta contra la salud emocional de esta población.

“Las implicaciones inmediatas, más allá de que se cumpla con la orden, es el estado mental de las personas trans sobre todo, que es a quienes va a afectar, entendiendo y sabiendo que la persona que se ve como la mayor figura de poder en los Estados Unidos y todos sus territorios está abiertamente emitiendo un comunicado en donde deja saber su prioridad y muestra hacia dónde se van a lanzar las políticas este próximo cuatrienio”, señaló Ínaru De la Fuente, cofundadore de la Sombrilla Cuir.

La orden ejecutiva del presidente Donald Trump establece que el gobierno federal podrá identificar a las personas bajo dos sexos únicos: hombre y mujer. Es decir, que se elimina cualquier consideración de la construcción social del género y solo se toma en cuenta el aspecto biológico que se desarrolla desde la etapa embrionaria.

Particularmente, el documento detalla varias definiciones, que incluyen que con “sexo” se refieren a “la clasificación biológica inmutable de un individuo como hombre o mujer”. Mientras, establece que la “identidad de género” es un asunto “interno y subjetivo” que “no proporciona una base significativa para la identificación y no puede reconocerse como sustituto del sexo”.

El presidente de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, Pedro Julio Serrano, indicó que este tipo de acciones “crean mucha ansiedad porque son derechos que ya se han adquirido, y permiten que las personas trans puedan tener sus documentos, de acuerdo a su nombre y a su identidad de género”.

Aunque no prevé que haya un efecto inmediato en la esfera local, exhortó a todas las personas trans a actualizar sus documentos de identificación en las diversas agencias “lo más pronto posible”.

De la Fuente y Serrano coincidieron en que, aparte de la incertidumbre para las personas trans, estas posturas antiderechos crean una suerte de permisibilidad para el discrimen y el odio, como ya experimentó la comunidad en la pasada administración de Trump.

“Es posible que veamos un incremento en crímenes de odio o un incremento en el discrimen, que de seguro ya está pasando”, indicó De la Fuente, quien participa en una demanda federal para que se le permita utilizar el género neutro en su documento de identificación.

Durante el último año de la pasada incumbencia de Trump en la Casa Blanca, en 2020, Puerto Rico registró el año más letal para las mujeres trans, pues se documentaron seis transfeminicidios.

En tanto, Serrano instó a las personas trans a denunciar cualquier acto discriminatorio en su contra y a contactar a la Federación para cualquier asistencia.

“Exhortamos a cualquier persona que sufra algún discrimen que radique una querella, ya sea en la Comisión de Derechos Civiles o, si es en el empleo, en el Departamento del Trabajo, o se puede comunicar con nosotros”, enfatizó.

Entre las disposiciones puntuales de la orden ejecutiva –titulada “Defendiendo a las Mujeres del Extremismo de la Ideología de Género y Reestableciendo la Verdad Biológica en el Gobierno Federal” –, está la eliminación del género neutro en, por ejemplo, los pasaportes.

También, ordena que el fiscal general y el secretario de Seguridad Nacional se aseguren “que no se detengan a varones en prisiones de mujeres, ni se les aloje en centros de detención de mujeres”. Asimismo, prohíbe el uso de fondos federales en las prisiones para algún “procedimiento médico, tratamiento o medicamento con el fin de conformar la apariencia de un recluso a la del sexo opuesto”. Igualmente, manda a no financiar programas –gubernamentales y privados– que aboguen por lo que definen como “ideología de género”.

Serrano está convencido de que esta orden ejecutiva será impugnada y que será responsabilidad de los tribunales determinar si es legal o no la aplicación de lo dispuesto en ella.

“Si en Puerto Rico sucediera algún evento de discrimen, que no se le permitiera acceder algún servicio a algún miembro de la comunidad LGBTQ+, obviamente, consideraríamos impugnarlo en los tribunales, incoar un pleito. Pero nosotros también estamos en comunicación con organizaciones nacionales y estadounidenses que ya están preparándose para impugnar estas órdenes ejecutivas”, dijo.

Pese a que, de momento, es solo una orden ejecutiva que está vigente para las instrumentalidades federales, el decreto insta al asesor legislativo del presidente a crear, en espacio de 30 días, una propuesta de legislación para que se codifique lo dispuesto en el documento.

De la Fuente resaltó que este es solo el primer paso para atentar contra los derechos de las comunidades marginalizadas y que las afrentas pueden continuar contra las personas homosexuales, las mujeres cisgénero, las personas con diversidad funcional y los afrodescendientes.

“Se comienzan, pues, (con) las personas más marginalizadas, las personas que la sociedad en general va a estar más dispuesta a excluir y discriminar y, luego, va a ir poquito a poco echándose hacia atrás hasta alcanzar a aquellas personas que han adquirido derechos en el último cuatrienio o en la última década”, aseguró.