En medio del paro de 24 horas decretado en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), miembros de la comunidad universitaria afirmaron este miércoles que la designación de Miguel Muñoz como presidente interino agravó la crisis en la institución, y advirtieron que la intervención de la gobernadora Jenniffer González en su selección podría poner en riesgo la acreditación de la Middle States Commission on Higher Education.

“Este paro se venía gestando y teníamos la esperanza de que no se diera, pero, a raíz de la intromisión de la gobernadora en todo este proceso para elegir el presidente interino, (se dio). Fue un proceso atropellado, y la comunidad quedó muy insatisfecha, y más viniendo una persona que ya ha estado en la posición de presidir la Universidad con tantos señalamientos”, manifestó la vicepresidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), Lorraine Mejías, desde los portones del campus.

Los portones del recinto riopedrense amanecieron bloqueados desde las 5:00 a.m., luego que, en una asamblea multisectorial el 11 de febrero, se aprobara una moción presentada por estudiantes para dar paso a la movilización.

Para el catedrático Jorge Colón, de la Facultad de Ciencias Naturales, la intervención de la gobernadora violenta las normas de la Middle States, “que dice claramente que la gobernanza universitaria no debe estar controlada por entes políticos”.

La gobernadora reconoció, el viernes, que pidió al secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Francisco Domenech, que se comunicara el jueves en la noche, en plena reunión para llenar el puesto interino, con el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Ricardo Dalmau Santana, para dar paso a una cuarta votación -luego de tres empates-, que resultó en la elección de Muñoz.

“Ellos mismos ponen en amenaza la acreditación. Estamos advirtiéndolo hace décadas, que la UPR necesita restructurar la forma en que la gobernanza se ejerce. La política partidista tiene tanto control sobre los nombramientos de presidencia, miembros de la Junta de Gobierno, rectores, decanos... Es increíble que se reciclen administradores fallidos simplemente por pertenecer a su partido”, dijo el profesor de Química.

Entre los reclamos esbozados en el paro, figura la oposición al cierre de programas académicos, en particular, una directriz del expresidente Luis A. Ferrao Delgado para evaluar 64 programas de grado asociado y bachillerato –que ya fue derogada–, así como la aprobación de una reforma a la Ley de la UPR y la restitución del presupuesto universitario.

“Están documentadas las fallas de esta persona (Muñoz), y nos parece irrespetuoso el proceso tan atropellado que utilizan para escoger los gerenciales de esta universidad. Son imposiciones sumamente indebidas y con personas que han probado tener una gobernanza defectuosa”, señaló, por su parte, la exrectora interina de Río Piedras Carmen Haydée Rivera, catedrática de la Facultad de Humanidades.

El representante estudiantil de Río Piedras ante la Junta Universitaria, Edward Maldonado Rosa, detalló que el portón de la Facultad de Ciencias Naturales, que da hacia la avenida Barbosa, era la vía de acceso hacia el interior del recinto durante la protesta. Los manifestantes dejaban pasar tanto a investigadores para atender sus proyectos como a personal y visitantes de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho.

Resaltó que no habían recibido ninguna comunicación de Muñoz para reunirse con la comunidad universitaria.

“Estamos abogando por una reforma universitaria, porque hace falta un nuevo sistema de nombramientos. Muñoz fue escogido, a pesar de que la Junta Universitaria endosó a Mayra Charriez Cordero (como presidenta interina). En cambio, se nos ha presentado una persona que ya ha estado en la presidencia de la UPR. Bajo su presidencia, hubo tres rectores convictos y $7 millones que se perdieron de la National Science Foundation”, abundó, por su parte, Reynaldo Vélez, representante alterno de la Junta Administrativa de la UPR en Río Piedras.

Los entonces rectores de Arecibo, Cayey y Utuado, así como una ayudante especial, incurrieron en fraude bajo su administración y se declararon culpables luego que Muñoz salió del cargo.

“Él (Muñoz) podrá abogar por su inocencia, pero pasó bajo su administración. No queremos que se vuelva a repetir. Él ya tuvo su turno al bate”, agregó el alumno de Historia.

Más temprano este miércoles, la rectora del Recinto de Río Piedras, Angélica Varela Llavona, se opuso al bloqueo de los portones, y sostuvo que las manifestaciones “proyectan inestabilidad” y “son perjudiciales” para la reacreditación del campus. Varela Llavona indicó que Río Piedras recibirá pronto una visita de un comité evaluador de la Middle States.

“Respetamos el derecho de las organizaciones que componen el Frente Multisectorial a manifestarse de forma pacífica. No obstante, rechazamos el cierre de los accesos al Recinto de Río Piedras. Acciones como esta, inevitablemente, afectan la imagen de la institución y tienen consecuencias negativas en las operaciones del recinto, las investigaciones y las labores académicas”, expresó Varela Llavona, vía comunicado de prensa.

En cambio, profesores y estudiantes urgieron a cambiar esa visión, a su juicio, “derrotista” de la paralización del recinto, ya que plantean que la comunidad universitaria defiende el futuro del primer centro docente del país.

“El verdadero problema de la merma en la matrícula de la UPR es el aumento en el precio de los créditos y la falta de vivienda asequible. Quizás, haya uno que otro que se vaya por las protestas, pero no es la razón principal. Si fuera así, en los 60, 70 y 80, la Universidad no hubiese existido porque las protestas de hoy día no se comparan a las de antaño”, enfatizó Vélez.

Varela Llavona emitió, el martes, una carta circular en la cual aseguró que este miércoles continuarían las labores académicas y administrativas.

“Los docentes tienen la opción de utilizar métodos alternos de enseñanza como de costumbre. Se instruye a no penalizar a aquellos estudiantes que se hayan visto precisados a ausentarse o no hayan podido completar o entregar trabajos, asignaciones o pruebas señaladas para ese día”, sostuvo la rectora. “Confiamos en que el diálogo prevalecerá y esta situación pronto sea subsanada. Apreciamos el compromiso y la colaboración de todos los sectores de nuestra comunidad universitaria”, agregó.

En la tarde del miércoles, Muñoz envío declaraciones escritas en las que afirmó que entendía y respetaba “el derecho de todos los sectores” a “expresar sus preocupaciones” sobre “los temas que afectan” a la UPR. Coincidió con Varela Llavona al “hacer un llamado a la reflexión para que se evite obstruir el acceso a las instalaciones universitarias, en especial a las clases y a los servicios esenciales”.

“A pesar de la modalidad virtual implementada, seguimos comprometidos con el acceso a la educación y el diálogo abierto. Mi disposición para escuchar y dialogar con todos los sectores sigue firme, en busca de soluciones que beneficien a toda nuestra comunidad”, dijo Muñoz.

En entrevista el martes con El Nuevo Día, Muñoz reconoció el derecho de la comunidad universitaria para realizar manifestaciones. No obstante, argumentó que la “inestabilidad” causada por la paralización de labores académicas y administrativas por las manifestaciones tiene consecuencias negativas para la institución.