Representantes de organizaciones ambientalistas consignaron este miércoles su oposición a los planes que LUMA Energy y GeneraPR han elaborado para “estabilizar” la red eléctrica en los próximos dos años, al sostener que alejan al país de los objetivos de energía renovable y, en cambio, perpetuarían la dependencia de combustibles –como el gas natural– y de un sistema altamente vulnerable al efecto de los fenómenos atmosféricos.

Ruth Santiago, portavoz de la organización Queremos Sol, la líder religiosa Lissette Avilés Ríos y el abogado ambiental Pedro Saadé estuvieron entre los deponentes que expusieron sus objeciones al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) en torno a los planes que el organismo ordenó preparar tras la debacle del pasado 12 de junio, cuando se registraron dos apagones masivos que, en su momento pico, redundaron en interrupciones de servicio para 350,000 abonados.

“Entendemos que es urgente implementar medidas para que la cantidad histórica de fondos de recuperación y mitigación de desastres asignados a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico, que suma, al menos $19,000 millones (…) se utilice de forma acelerada para proveer seguridad energética a través de sistemas solares en techos, estacionamientos y áreas construidas, cercanas al punto de consumo, combinados con baterías (de almacenamiento de energía) para residencias, instituciones y negocios alrededor del país”, puntualizó Santiago, también abogada ambiental y miembro del Consejo Asesor en Justicia Climática de la Casa Blanca.

El modelo existente, dependiente de que ciudadanos inviertan para instalar sus sistemas propios, deja fuera a familias sin el poder adquisitivo para incurrir en las obligaciones financieras a largo plazo, advirtió la líder comunitaria.

Santiago contrastó la propuesta de Queremos Sol, una coalición de entidades del tercer sector que aboga por maximizar la instalación de sistemas solares en hogares y negocios, con algunos de los elementos propuestos a corto y mediano plazo por los operadores privados de la red, que incluyen el desarrollo de proyectos de baterías a gran escala y conversiones de unidades de generación fósil al uso de gas natural.

“El dinero debe ir a proveer la resiliencia que necesita la población, y construir una red centralizada no va a cumplir ese propósito”, insistió la abogada.

El presidente del NEPR, Edison Avilés Deliz, replicó, sin embargo, que el objetivo de la vista pública virtual era analizar exclusivamente los llamados “planes prioritarios” entregados por LUMA y GeneraPR en las pasadas semanas, que deben cubrir iniciativas que se puedan ejecutar en la ventana de dos años estipulada por el regulador.

“Por lo que estoy notando, usted no necesariamente está atacando las propuestas de LUMA y Genera, sino, en términos generales, el Plan Integrado de Recursos (del sistema eléctrico), que fue el resultado de un proceso adjudicativo, que lo que hace es implementar la política pública establecida por ley en Puerto Rico. Si usted tiene otra visión, es un poquito más complicado”, expresó Avilés Deliz.

No obstante, el licenciado Saadé subrayó que GeneraPR, como parte del expediente en el que el NEPR evalúa el plan prioritario, ha pedido permiso para alquilar nuevas unidades de generación de respuesta rápida, que serían capaces de producir hasta 565 megavatios adicionales, que serían suficientes –de acuerdo con la empresa– para reducir a cero los relevos de carga. Saadé –quien habló en su carácter personal– instó al NEPR a estar “sumamente atento” a las propuestas de la empresa, recordando que el operador es una filial de New Fortress Energy (NFE), que desde 2020 vende parte del gas natural que utiliza la flota generatriz que ahora administra GeneraPR.

“Entendemos que el NEPR debe rechazar esa propuesta de más plantas y uso de gas metano”, insistió Saadé.

Avilés Ríos habló, por su parte, a nombre de la coalición Fe y Justicia Climática en Puerto Rico, que incluye a miembros de comunidades aledañas a la bahía de San Juan que se han opuesto al terminal de gas natural que NFE construyó sin haber obtenido los permisos ambientales del gobierno federal.

El NEPR, dijo la hermana dominica, “parece (descartar de) salida atender las fallas utilizando energía renovable, al exigir planes para el sistema como está. Esto crea un limitante imperdonable”.

De acuerdo con el calendario delineado, la ciudadanía tiene hasta el 8 de octubre para someter comentarios sobre los planes prioritarios y, posteriormente, el NEPR emitiría su determinación. Además de los planes de GeneraPR y LUMA, la AEE entregó sus propuestas para mejorar a corto plazo la infraestructura de generación hidroeléctrica.