Las interrupciones en el servicio eléctrico –incluidos múltiples eventos de apagones masivos– volvieron a marcar a los puertorriqueños a lo largo del 2024, cuando las tasas de cortes de energía aumentaron respecto al año previo.

Paralelamente, y ante la lentitud en la ejecución de los proyectos dirigidos a estabilizar la red eléctrica, decenas de miles de clientes residenciales y comerciales optaron por instalar sistemas propios de energía, incluso ante la amenaza de ajustes al programa de medición neta, cuyo futuro se encuentra en manos del Tribunal Federal, tras una demanda de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para impedir que los incentivos a nuevos “prosumidores” se extiendan hasta 2031.

El futuro de la red, igualmente, se encuentra en un limbo, ante el “impasse” reportado por el Comité de Mediación asignado por el Tribunal Federal a impulsar un acuerdo entre la JSF y los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), corporación que inició su reestructuración de deuda hace más de siete años.

A continuación, repasamos 10 eventos asociados al sistema eléctrico que marcaron al país a lo largo de los pasados 12 meses:

El 1 de junio, a horas de las primarias del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, un transformador en la subestación de Santa Isabel sufrió una falla catastrófica, inhabilitando las principales líneas de distribución a ese municipio, Aibonito y Coamo, afectando directamente el servicio de más de 10,000 clientes. Inicialmente, LUMA Energy transportó, a un costo de $4 millones, un transformador de reemplazo que, sin embargo, falló durante la fase de pruebas. Finalmente, un transformador trasladado desde Maunabo logró normalizar las operaciones a mediados de octubre, más de cuatro meses después de la primera falla.

En medio de la crisis en la región sur, el contacto de la vegetación con una línea de transmisión entre Caguas y Aguas Buenas desató una serie de fallas en cadena que dispararon la salida de la central San Juan y llegó a dejar a aproximadamente 350,000 abonados sin servicio en horas de la tarde y la noche. Un informe comisionado por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas concluyó que el apagón obedeció a una ausencia de “diligencia” de LUMA.

A lo largo del año, los consumidores también experimentaron decenas de cortes de servicio en respuesta a los llamados relevos de carga o déficits en la capacidad de la flota de generación, administrada por Genera PR. Hasta finales de octubre, LUMA había registrado 95 eventos de este tipo, que en promedio dejaron sin luz a decenas de miles de abonados por períodos que oscilaron entre unos minutos hasta varias horas.

El organismo que controla las finanzas públicas del país presentó una demanda ante el Tribunal Federal para anular la Ley 10, firmada en enero de este año, que extiende los términos vigentes del programa de créditos a los consumidores que exportan su propia energía hasta 2031. Según la JSF, el modelo de créditos existente compensa desproporcionadamente a los participantes del programa, en detrimento de las finanzas de la AEE y de los clientes sin acceso a la medición neta.

El 24 de octubre, Genera PR anunció que Winnie Irizarry asumiría la posición de principal oficial ejecutivo, en sustitución de Brannen McElmurray, quien supervisó la transferencia de la flota generatriz y el primer año de operaciones. Desde su designación, Irizarry, quien ha formado parte de la gerencia de la empresa desde un inicio, se ha mantenido fuera del ojo público.

El futuro de la red y, sobre todo, de LUMA Energy, fue eje de debate constante en la campaña política, con todos los aspirantes a la gobernación prometiendo, de una forma u otra, que cancelarían el contrato a largo plazo del operador privado. La gobernadora electa Jenniffer González atacó constantemente al mandatario saliente Pedro Pierluisi durante la lucha primarista del PNP por el desempeño de LUMA y, más adelante, indicó que promovería la creación de la oficina de un “zar” de energía, que se encargaría de fiscalizar el funcionamiento del sistema y coordinar los esfuerzos de transformación del sector.

Entrado el mes de diciembre, la líder del Comité de Mediación del caso de Título III de la AEE, Shelley Chapman, notificó a la jueza Laura Taylor Swain que las conversaciones entre los acreedores y la JSF había alcanzado un “impasse”, sin “posibilidad” de resolverse. En respuesta, Swain insistió en que las partes regresaran a la mesa, reconociendo que el litigio de los puntos en controversia tomaría años adicionales en lograr una resolución.

A menos de dos semanas de finalizar el cuatrienio, el gobernador Pierluisi anunció la contratación del consorcio Energiza para la construcción y operación de una nueva planta eléctrica, en la zona metropolitana, la primera instalación de este tipo desde el desarrollo de AES y EcoEléctrica a inicios de siglo. La gobernadora electa, de inmediato, aseguró que examinará el contrato para el desarrollo de la planta, que quemará gas natural licuado con la posibilidad de, eventualmente, comenzar a funcionar con hidrógeno verde.

El 2024 comenzó con el costo del kilovatio hora (kWh) rondando 22.9 centavos, monto que se mantuvo relativamente estable a lo largo del primer trimestre. En julio, el Negociado de Energía dio paso a un aumento a 23.8 centavos, que estuvo vigente hasta fin de año. El 20 de diciembre, sin embargo, el organismo aprobó otro incremento, a 26 centavos, que aplicará a lo largo de primer trimestre de 2025, un monto lejano a la meta de 20 centavos establecida en política pública.

Durante el último trimestre del año, trascendió una disputa presupuestaria entre la AEE y LUMA, que se acusan mutuamente de incumplir con sus respectivas obligaciones contractuales. Mientras LUMA alega que la AEE ha fallado en transferir las partidas mensuales estipuladas por los pasados dos años, la empresa estatal ha señalado al consorcio de fallar en obtener los ingresos necesarios para garantizar una operación sustentable, particularmente en lo referente a los reembolsos federales.