A la luz de una orden ejecutiva de la gobernadora Jenniffer González, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) instruyó a LUMA Energy a eliminar el requisito de que sus contratistas y subcontratistas se allanen al acuerdo laboral que el consorcio mantiene con la Hermandad Internacional de Trabajadores Eléctricos (IBEW, en inglés), un pacto que la empresa suscribió meses antes de empezar a administrar la red de transmisión y distribución, en 2021.

Si bien el decreto de la primera ejecutiva elimina el requisito establecido por la administración de Pedro Pierluisi a los fines de que los contratistas encargados de obras federales valoradas en más de $5 millones firmaran un acuerdo laboral de proyecto (PLA, en inglés) con algún sindicato, la instrucción del director ejecutivo de la AAPP y zar de Energía, Josué Colón, a LUMA no contempla ningún umbral de costos.

“La AAPP, como representante del dueño (la Autoridad de Energía Eléctrica, AEE), instruye a LUMA a inmediatamente eliminar todos los requerimientos de PLA de sus procedimientos de compras bajo el T&D OMA (contrato de operación y mantenimiento). La eliminación de este requisito cumple con el plan fiscal de la AEE certificado por la Junta de Supervisión Fiscal y los objetivos de la ley Promesa de promover la competencia del mercado, mejorar la eficiencia en la contratación gubernamental, robustecer la confianza pública y eliminar trabas burocráticas adicionales a la contratación eficiente”, señaló Colón, en la misiva con fecha del miércoles, mismo día que González firmó la orden ejecutiva.

Al momento de esta publicación, El Nuevo Día aguardaba por una reacción de LUMA. Hace apenas unas semanas, el presidente de LUMA, Juan Saca, había indicado, en una actividad de contratistas, que el consorcio no acataría un fallo administrativo a nivel federal que declaró improcedente la exigencia de firmar un PLA para proyectos federales de más de $35 millones.

Según Saca, la determinación aplica únicamente a dependencias públicas y no a entes privados como LUMA.

De acuerdo con el zar de Energía y jefe de la AAPP, resulta “evidente” que el PLA de LUMA con la IBEW “restringe la participación de contratistas locales, crea ineficiencias, infla costos y limita la competencia”.

“Como agente de la AEE, LUMA no debe imponer un requisito de PLA que obligue a firmas y contratistas a alterar sus prácticas laborales o políticas como prerrequisito para competir por la ejecución de obras públicas. Mandatos como el PLA de LUMA inherentemente suprimen la competencia, elevan costos y, aún peor, causan demoras”, insistió Colón, quien concedió a LUMA cinco días para notificar recibo de la comunicación.

Desde enero, LUMA mantiene otra pugna con la AAPP y otras dependencias del gobierno puertorriqueño en torno al uso de empleados adscritos a sus filiales, luego de que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) concluyera que esa práctica violenta los principios de competencia que de ordinario se requieren para la adjudicación de proyectos de reconstrucción y advirtiera que, a futuro, no evaluaría reclamaciones de reembolsos para trabajos que recurrieran a esta mano de obra.

En enero, Colón –quien el año pasado estimó que el uso de estos trabajadores redunda en sobrecostos de $200 millones anuales– igualmente ordenó a LUMA que cesara de utilizar a estos trabajadores, a la luz del riesgo que suponía para la obtención de reembolsos federales. En cambio, el consorcio ha optado por buscar un entendido con FEMA, sin que hasta ahora se haya anunciado una resolución.