¿Cómo se enfrenta un desahucio y cuál es el proceso adecuado de notificación? ¿Cómo se solicita una vivienda pública y qué derechos tienen las víctimas de violencia doméstica? ¿Las personas con problemas de movilidad pueden recibir esta asistencia? ¿Qué dispone el reglamento en cuanto a la limpieza y mantenimiento de los apartamentos y áreas comunes?

Estas son algunas de las interrogantes que Ayuda Legal Puerto Rico pretende responder con el lanzamiento del segundo volumen de la guía “Herramientas para la defensa de alquileres dignos”, que, a diferencia de la primera edición, se concentra en vivienda pública.

Con casi una década de trabajo en defensa del derecho a la vivienda, la organización ha logrado identificar, no solo los problemas y carencias que enfrentan los vecinos de los residenciales públicos, sino también el desconocimiento que persiste sobre los procesos administrativos, sus derechos y mecanismos de defensa.

“Muchas veces, lo que vemos es que el rol de (la Administración de) Vivienda Pública, que es esta entidad dentro del Departamento de la Vivienda que maneja los residenciales, no opera como un acompañante de ese residente, sino todo lo contrario, opera en complicidad con los procesos de violaciones de derechos”, señaló Ariadna Godreau, abogada y fundadora de Ayuda Legal.

Parte del desconocimiento que han identificado entre algunos residentes, dijo, es resultado de la negativa de los administradores privados a entregarles el “Reglamento de Ocupación”, un documento que establece las normas que regulan la vivienda pública, incluyendo temas, como la radicación de querellas, el cálculo de las rentas y la prohibición de prácticas discriminatorias.

“A los residentes, se les niega acceso al Reglamento de Ocupación y eso lo vemos como algo reiterado. Si se les dice que se les va a dar una copia, se les dan dos o tres páginas y se les niega ese documento que, literalmente, se convierte en la base de sus derechos”, expuso Godreau.

Otro error que han identificado es que, a muchos residentes, se les “vende la idea” de que el administrador privado es un “intermediario” y que, por eso, no tienen derecho a exigirle los servicios que garanticen una mejor calidad de vida.

En el país, según datos del Plan Anual del Departamento de la Vivienda (2023) compartidos por Godreau, hay 328 complejos de vivienda pública que reúnen unas 53,000 unidades. La composición de los residenciales públicos incluye a 2,753 familias con uno o varios miembros adultos mayores, y 3,037 hogares liderados por mujeres.

Godreau señaló que la mayoría de los casos que atienden están relacionados con desahucios por impago. En 2023, se presentaron 550 casos de este tipo en Vivienda Pública, de un universo de 1,793. Entre enero a septiembre de 2024, la cifra alcanzó 903, de 1,939. Mientras, en el 99% de estas instancias, los residentes van sin representación pública, dijo Godreau.

“Hace falta más espacios de reorganización y entendimos que una de las mejoras cosas con las que podíamos contribuir al espacio era, precisamente, con una herramienta que permitiera que la gente conociera sus derechos en los momentos más críticos”, expresó la licenciada, durante la presentación del documento, en el Centro para Puerto Rico de la Fundación Sila María Calderón.

“El proceso de desahucio es un proceso rápido y eso lo que hace es que la ventana de tiempo que tiene la persona para actuar es muy poco”, agregó.

A las personas que enfrentan un desahucio o que son víctimas de discrimen, Godreau les recomendó iniciar una queja contra la administración. Como primer paso, la persona residente debe escribir una carta con sus datos principales, detalles de la situación y las secciones del contrato o reglamentos que se consideren violadas. La queja puede presentarse ante al administrador privado o Vivienda Pública.

“Por diseño, nosotros tenemos este desconocimiento de los derechos. No es que la gente no se quiera orientar o no quiera saber, es que, al tú mantenerlos en un espacio de total ceguera, me permite a mi (operador) mantenerte en un espacio de opresión”, expuso, por su parte, la licenciada Gloria Meléndez Mulero, parte del equipo de Ayuda Legal.

Ante la crisis de vivienda asequible, Godreau enfatizó que debe ser de interés de toda la población el buen funcionamiento del sistema de vivienda pública. “La vivienda pública que nosotros conocemos y que se genera en 1937 tuvo como objetivo servir como una red de seguridad a personas titulares de propiedad que estaban perdiendo sus casas o que no podían adquirir una casa. Esa realidad sigue estando vigente”, expuso.

La guía presentada este miércoles será compartida a través de los complejos de vivienda pública y estará disponible, en formato digital, en el portal de Ayuda Legal. Para más información, puede llamar al (787) 957-3106 o escribir en el chat en ayudalegalpr.org.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Puerto Rico y publicado recientemente reveló que la cantidad de unidades en el inventario subsidiado en el país apenas alcanza para cubrir al 20% de la población elegible.