Ante los previsibles efectos de las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump en sus primeros dos días al mando, Ayuda Legal Puerto Rico inauguró una división para la defensa de organizaciones que abogan por los derechos humanos y brindan servicios directos a grupos históricamente discriminados por las políticas de libertad religiosa, así como por no contar con un estatus migratorio definido.

“Las organizaciones que tienen albergues, que se dedican al activismo, la abogacía o proveer servicios, ahora mismo están sentadas con su junta, con sus constituyentes y sus participantes, cuestionándose qué va a pasar si les empiezan a restringir los fondos para utilizarlos para comunidades migrantes, cuestionándose qué es lo que va a pasar si les dicen que no pueden atender a comunidades LGBTQ+, cuestionándose cómo le responden a una persona trans que va a viajar, que tiene un pasaporte que no identifica su género y que le dirán que no la van a dejar entrar por una aduana”, manifestó Ariadna Godreau Aubert, fundadora y directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico.

La abogada insistió que, este cuatrienio, en el que ambas administraciones –local y federal– se alinean hacia políticas de libertad religiosa, “esas preguntas son fundamentales y, eventualmente, se van a expandir a otros temas, como (la) educación”.

“Las organizaciones no cuentan con los recursos para poder responder solas. Estamos abriendo una división para poder trabajar con la defensa de organizaciones que necesiten de este apoyo técnico y operacional para que puedan hacer cabildeo y abogacía sin miedo a repercusiones para apoyo cuando sus directivos o sus portavoces son las personas que son perseguidas", abundó la profesora universitaria.

Compartió que, al menos, 30 organizaciones ya están registradas para la primera capacitación, pautada para el 30 de enero.

Al mismo tiempo, Godreau Aubert señaló los puntos comunes que, a su juicio, existen entre los dos cambios de administraciones: “la integración de Iglesia-Estado, el ataque a derechos sexuales y reproductivos y a la comunidad LGBTTIQ+, la limitación de programas de asistencia pública, el desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico y el sistema educativo en general, el menosprecio y el uso de influencias para explotar los recursos naturales y la falta de planes para atajar la crisis de vivienda y de falta de fiscalización de fondos”.

Una de las nuevas órdenes ejecutivas de Trump establece que el gobierno federal podrá identificar a las personas bajo dos sexos únicos: hombre y mujer. Es decir, que se elimina cualquier consideración de la construcción social del género y solo se toma en cuenta el aspecto biológico que se desarrolla desde la etapa embrionaria.

“Las amenazas de Trump hay que tomarlas como a los agresores y creerles que van a hacer lo que dicen que van a hacer. Nosotras, como abogadas y promotoras de derechos, insistimos a las comunidades a las cuales servimos que no están desprovistas”, recalcó la directora.

De otra parte, la licenciada Verónica González presentó tres proyectos que buscarán que se discutan en la nueva Asamblea Legislativa, dominada por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

La primera medida sería para erradicar el discrimen en la vivienda dirigida a sobrevivientes de violencia de género. Además, cabildearán por el establecimiento de licencias de cuido para personas trabajadoras ante los altos costos de estos establecimientos para las familias.

“El gobierno puede aprovechar esta oportunidad para establecer licencias de cuido para que las personas que están trabajando puedan ocupar ese espacio de trabajo sin miedo a perderlo a represalias, o a perder parte de sus ingresos, para poder reclamar un espacio o utilizar tiempo de su trabajo para poder hacer esas gestiones de cuido que la sociedad espera que hagamos”, manifestó González.

Asimismo, buscarán que se proteja contra el discrimen por fuente de ingreso, como participar de los vales del Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3), para lograr una vivienda digna.

“El programa R3 ha repartido sobre 3,000 vales para la relocalización de viviendas, y todos los días escuchamos de gente que no consigue casas con esos vales. Una de las razones que más escuchamos es que la gente no los quiere. Los vendedores no quieren aceptar esos vales. La Legislatura y la gobernadora, con su firma, pueden hoy mismo aprobar un proyecto que prohíba ese discrimen”, denunció la abogada de Ayuda Legal.

La organización comenzará la semana que viene su cabildeo en la Legislatura para promover estas legislaciones.

“Sabemos que cada uno de los proyectos va a tener detractores naturales. Muchas veces, se repiten, casi siempre son los mismos. Pero confiamos en la capacidad de avanzar y un poco ir por temas donde sabemos que no solamente tenemos una experiencia ganada, sino que hay una experiencia compartida”, insistió Godreau Aubert.

De todos modos, sostuvo la letrada, estarán pendientes al Proyecto de Senado (PS) 1 sobre libertad religiosa porque, según denunciaron, “abre la puerta al discrimen”. Asimismo, rechazaron el Proyecto del Senado 3, que lleva el nombre de Keishla Rodríguez Ortiz, y señalaron que “da personalidad jurídica al feto”, lo que podría dar paso a otras legislaciones para restringir el aborto. El exboxeador Félix Verdejo Sánchez fue declarado culpable por el asesinato de Rodríguez Ortiz, quien estaba embarazada al momento del crimen.

La organización publicará el viernes el primer monitoreo de las administraciones de Jenniffer González y Trump, que, según señaló Godreau Aubert, han sido difíciles de seguirle el rastro por barreras al acceso de la información.