Los confinados de la institución Ponce Principal –que alberga a reos de mínima y mediana seguridad en el Complejo Correccional Sargento Pedro Joel Rodríguez Matos (Las Cucharas), han estado, desde mediados de diciembre, en un cierre total (conocido comúnmente como “lockdown”) que pone en jaque el proceso de rehabilitación de esta población, denunció la criminóloga Dallie Cruz Ruiz, presidenta de la organización Defensoría de los Derechos Carcelarios.

La administración del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) –que continúa acéfalo en el nuevo gobierno de Jenniffer González– instauró la medida de seguridad luego de que el confinado Ángel Joel Badillo Vargas, de 37 años, se fugara de la prisión el 16 de diciembre de 2024.

“El ‘lockdown’ limita al confinado en su totalidad y su plan institucional se ve afectado. No reciben servicios educativos, no reciben ningún tipo de servicios que no sean alimentos y, si a alguno le surge alguna necesidad médica, se la dan, pero limitadamente. O sea, cuando dicen ‘lockdown’ es que nadie puede salir de sus celdas, todo el mundo trancado. Si tienen alguna cita o algo, se verá afectado porque nadie entra, nadie sale”, afirmó.

El Nuevo Día solicitó entrevista a La Fortaleza con un portavoz del DCR, pero al momento de esta publicación, no se había concretado.

Para Cruz Ruiz, es preocupante el uso de los llamados “lockdowns” por parte del DCR, dado a que es una práctica que no está regulada para, por ejemplo, definir las razones por las que se pueden activar, los parámetros de investigación o el tiempo de vigencia.

El DCR sí cuenta con la Regla 9 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario de la Población Correccional, que se activa cuando la seguridad institucional está en riesgo. Esta disposición también se activó en algunas de las áreas de la prisión Ponce Principal tras el hallazgo de contrabando.

“Nosotros entendemos el procedimiento de que la Administración tiene que tomar unas medidas de seguridad cuando se evade un confinado, pero para eso se provee lo que es la famosa Regla 9″, detalló Cruz Ruiz.

La citada disposición establece que puede activarse “en caso de motín, fuga, disturbio, su tentativa o cualquier otra actividad o evento que ponga en riesgo la seguridad, la tranquilidad o el normal funcionamiento institucional”.

La presidenta de la Alianza Correccional Unida, Jessica Martínez, indicó que la fuga y el hallazgo de contrabando “son situaciones en las que el DCR tiene que implementar alguna medida que no solo garantice la seguridad de la institución, sino de los confinados y los trabajadores”. La líder del gremio que agrupa a los oficiales correccionales sostuvo, además, que el DCR aún desconoce el “modus operandi” de la fuga de Badillo Vargas.

Cruz Ruiz indicó que tuvo una reunión, el lunes, con el superintendente de Ponce Principal, Samuel Arroyo, quien le indicó que el “lockdown” fue impuesto por la “pasada administración” y que tendría una reunión para discutir si se terminaba o se extendía.

No obstante, Martínez señaló que, con los movimientos de personal de la nueva administración, el cierre podría quedar sin efecto.

La fuga que detonó la medida se dio a escasos días de la celebración de la Navidad. Por tanto, los confinados no pudieron tener acceso a ver a sus familias o compartir un plato de la comida típica de la época.

Según la abogada abolicionista Mariana Iriarte, separar a los confinadas de sus familias, en esta época es, “deshumanizante y cruel”.

“Ese es el contacto de las personas privadas de su libertad con su entorno afectivo, sus redes de apoyo, el saberte parte todavía de tu familia y de tu comunidad. Haber cometido un delito no quiere decir que eres dispensable y que te vamos a tirar, encerrar y olvidar”, expresó, al acentuar que, de ordinario, las visitas ya son cortas y limitadas.

Por su parte, Martínez sostuvo que, mientras se siga “victimizando al confinado, realmente no se va a llegar a la rehabilitación”, pues entiende que, “aunque suene fuerte”, al cometer delitos, las personas debían saber que vendría una pena “que limita poder disfrutar con tu familia las fechas específicas”.

Más allá de la epoca navideña, Cruz Ruiz resaltó que estas medidad interrumpen los “planes institucionales” de cada confinado, que incluyen todos los programas a los que fue referido para encaminar su rehabilitación. Esto puede incluir un plan de estudio o trabajo, tratamientos para la adicción o terapias para manejar el coraje, entre otros.

“Si el sistema tiene una esencia de rehabilitar y brindar seguridad, ¿por qué tenemos que seguir arrastrando el castigo como medio de rehabilitación, cuando bien sabemos que no es correcto y que es deshumanizante?”, cuestionó la criminóloga, quien aseguró que el ocio puede ser un detonante para la reincidencia.