Como venas que todavía tienen pulso, las grietas en la casa abandonada de Ana Vega Huertas, en la comunidad de Puente Blanco, en Cataño, parecieran tener vida propia.

Han seguido creciendo en su interior por los pasados 15 años, desde que comenzaron a rasgar las paredes con la masiva explosión de 17 tanques de gasolina de la cercana Caribbean Petroleum Corporation (Capeco).

Tras el fallecimiento de Vega Huertas –“Babi”, como la conocían en la comunidad– en el 2011, la casa quedó abandonada. Le llegaron a cambiar algunas ventanas y una puerta en aquel momento, pero la estructura pareciera estar intacta desde la madrugada del 23 de octubre de 2009, congelando en el tiempo un retrato del feroz impacto del masivo estallido.

Sin embargo, el interior de la casa –que desde afuera oculta los daños– sirve como un museo viviente que representa el sentir de los vecinos, que más de una década después siguen tratando de cicatrizar con resignación sus propias “grietas” de aquella traumática experiencia.

“Recuerdo el miedo y el temor de lo que estaba pasando, la incertidumbre... el revolú que había”, manifestó la líder comunitaria Wanda Figueroa. “Escuchar al policía gritando: ‘¡Salgan! ¡Corran por sus vidas!’ Eso era bien impactante... Todavía se me paran los pelos”.

Todavía hoy no le convence la versión oficial de que la detonación fue registrada tan solo como un temblor de magnitud 2.9. “Aquí, sentimos el temblor de cinco punto algo, y el último (terremoto), que fue más fuerte (en enero de 2020), y jamás fue igual de fuerte que aquel día. Yo trataba de caminar, pero me quedaba sin moverme”, relató.

“Fue horrible. Recordar ese día es bien desesperante. Hemos seguido sufriendo las secuelas de esa situación. Cada vez que se siente un olor a gas y gases en el aire, pensamos que vuelve a explotar Capeco”, agregó.

Bernice Sánchez, por su parte, narró que estaba en su cuarto cuando oyó un estallido, y su hija entró gritando: “¡Mami, me quemo. Se me está quemando la cama!”. “Cuando salimos, se veía el cielo prendido en llamas, pensamos ‘hasta aquí llegamos’”, manifestó.

Relató que, en la única entrada y salida a la comunidad, había un pandemonio de personas intentando salir y otras entrar para buscar a familiares.

“Ver a las personas salir en su ropa de dormir; algunos no tenían ropa... viejitos montándose en carros de cualquiera que estuviera pasando. Todavía cargamos con eso”, añadió.

El recuento de lo sucedido se torna más difícil cuando intentan explicar que vieron algo que describieron como “una bola” entrar a sus casas con la explosión.

“Yo vi una bola gigantesca que entró por la ventana... y salió por la puerta. Entonces, vi que empezaron a caerse pedazos del techo”, dijo Geovannys Soriano. “Ahí, le dije a mi hijo: ‘Despierta, que se está acabando el mundo’”.

“Entonces, olí cuando algo explotó afuera, y la puerta de metal se selló”, añadió.

Figueroa lo describió como “una bola transparente”. “Podías ver el borde... No es fácil de explicar, pero no nos dejaba movernos”, comentó.

Sánchez lo atribuyó a la llamada “onda expansiva” de la explosión en Capeco. “Hemos hablado con los residentes de la comunidad, y todo el mundo tuvo una experiencia distinta, dependiendo de dónde estaban, pero todos coincidimos en que era como una energía que se sentía en el aire y el ambiente con ese calor inmenso que pensábamos que nos íbamos a quemar”, abundó. “Días después, yo me tocaba la piel y sentía que me ardía”.

Desde aquel momento, nada ha sido igual en Puente Blanco, afirmaron las entrevistadas. Cualquier estruendo, ya sea por petardos en Navidad o relámpagos cercanos, les activa las alarmas de su resquebrajada salud mental y emocional.

Al cabo de un año de la explosión, Figueroa denunció a El Nuevo Día, en 2010, que nunca fueron atendidos por psicólogos o psiquiatras, sino por “consejeros en crisis” de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca).

“El miedo que tenemos no es fácil, y no es fácil trabajar con eso, y más cuando no tuvimos atención en cuanto a la salud mental cuando surgió la emergencia. En otras comunidades, surge cualquier emergencia, y rápido le meten a Assmca. Aquí necesitábamos ayuda emocional, y no se recibió”, reiteró Figueroa este mes.

Alegan también que posterior a la explosión aumentó la incidencia de cáncer y enfermedades respiratorias en Puente Blanco. Por esa razón, no están de acuerdo con los registros de las autoridades gubernamentales que establecen que nadie murió a consecuencia de la explosión.

Aunque no pudo ofrecer una cifra exacta, Figueroa dijo que, en la comunidad, “hubo un alza en cáncer bien grande”. “Hubo muchos casos. Pedimos que universidades vinieran a hacer investigaciones, pero nada”, destacó.

El Nuevo Día espera por respuesta del Departamento de Salud sobre si se documentó algún aumento en casos de cáncer tras la explosión, así como de enfermedades respiratorias.

Figueroa dijo que, precisamente, Vega Huertas fue una de las personas que “empezó con un asma crónica que no salía del hospital, hasta que falleció”.

Este medio pidió declaraciones a la Assmca y al Departamento de Salud, pero al momento de esta publicación no habían contestado.

La explosión en Capeco provocó daños en 232 casas de las 266 que evaluaron los departamentos de Vivienda estatal y federal en Puente Blanco. Según la Junta federal de Seguridad Química (CSB, en inglés), que investigó el incidente, 139 fueron reparadas.

El Departamento de la Vivienda estatal indicó, en 2010, que demolieron seis casas “debido a que los daños fueron mayores” y las construyeron nuevas. Mientras, la Administración de Pequeños Negocios (SBA, en inglés) concluyó que 25 hogares sufrieron daños por encima del 40% de su valor estimado en el mercado.

Según las líderes comunitarias, las ayudas recibidas resultaron insuficientes para atender los estragos, reportados mayormente en puertas y ventanas, por lo que muchos tuvieron que hacer las mejoras que pudieron con los recursos que lograron conseguir.

“(Los daños) se han seguido arrastrando”, apuntó Figueroa. “Mucha gente no recibió beneficios, y de los que recibieron, a muchos le arreglaron todo... siguen las secuelas”.

“Hicieron bien poco. Vinieron con prisa. Algunos hasta tomaron medidas usando correas. Por eso, algunos rechazaron ayudas, por la forma en que estaban trabajando. Se buscaron voluntarios, y se trabajó con lo que apareció”, añadió.

La investigación federal encontró que la explosión ocurrió porque el sistema de medición en uno de los tanques no estaba funcionando, por lo que se desbordaron 200,000 galones de gasolina, que se incendiaron y provocaron la detonación que causó millones de dólares en daños a millas de distancia de la instalación de Capeco, en Bayamón.

De acuerdo con documentos judiciales, al menos, 21 demandas civiles fueron presentadas en el Tribunal Federal, en San Juan, contra Capeco y otras compañías asociadas a su operación. Capeco se fue a la quiebra, y fue comprada por PUMA en 2011.

Cada recurso legal fue sometido por distintos abogados en representación de diferentes grupos de personas desde pocos meses después de la emergencia. Esos casos fueron consolidados por el juez federal Francisco Besosa en una sola demanda de clase que agrupó a 3,358 demandantes.

Los documentos judiciales indican, a través de acuerdos parciales con los distintos demandados, que el pleito fue transado por la suma de $12,970,000. El caso se dio por cerrado en febrero de 2016.

Sin embargo, no todos los damnificados estuvieron complacidos con el proceso de reclamación ni la compensación final.

“Nosotros no pensamos en demandar. No buscamos abogados. Ellos llegaron a la comunidad ofreciendo villas y castillas”, dijo Sánchez.

“Le hicimos mucho del trabajo, organizando las cosas, pero era para que la gente recibiera la ayuda lo antes posible”, añadió. “Lamentablemente, lo que se recibió no fue suficiente... Hubo gente que recibió cheques de $5.83″.

Mientras, Figueroa resaltó que vecinos de otros sectores supuestamente recibieron compensaciones mayores que Puente Blanco, que está más cerca al lugar de la explosión. Aseguró que solicitaron evidencia de la cotización de daños de sus hogares, pero nunca se las entregaron.

Aunque ya el caso por las compensaciones cerró, el nombre de Capeco sigue resonando en rincones judiciales debido a demandas entre abogados.

En uno de los casos, el bufete de Parker Waichman, con sede en Luisiana y contratado inicialmente para el pleito de clase, denunció que fue sacado unilateralmente, y demandó a los bufetes de John Nevares y la firma de Eric Quetgals, en 2016, reclamando una compensación por su trabajo.

El Nuevo Día pidió comentarios al abogado John Nevares, pero al momento de esta publicación no se recibió respuesta.

En enero de 2023, el juez federal Jay García Gregory ordenó a los demandados pagar $306,390.18 a Waichman.

Mientras, el representante legal de Waichman, Richard Schell Asad, dijo a este medio que, al ver el descubrimiento de prueba durante ese litigio, algo no le cuadraba respecto a los honorarios cobrados por los abogados en la demanda original contra Capeco.

Por esa razón, a nombre de los damnificados por la explosión representados en el caso original, Schell Asad presentó una demanda, en el foro estatal, por $613,081 alegando que fueron cobrados incorrectamente como honorarios, pero debieron ser pagados a los perjudicados.

La demanda señala que, de la cuenta en la que se depositó el dinero de compensación, se retiró esa cantidad por concepto de “librería”, “salarios” de empleados, “alquiler de oficina”, “almacén”, “materiales de oficina”, “gastos de abogados”, “regalos”, “bono”, “bono de Navidad” y otros.

En agosto, el juez Arnaldo Castro Callejo certificó el caso para que se vea como una demanda de clase en el Tribunal de San Juan. La próxima vista está pautada para este lunes, 21 de octubre.

“Son gastos que, de ordinario, no se permiten recobrar”, dijo Schell Asad. “Radicamos esto para traer algunas cantidades que se hayan cobrado como gastos incorrectamente y los devuelvan al pote general. Así que, por más humilde que sean las cantidades, se puedan dividir otra vez entre las personas”.

“No es volver a revivir todo el caso, sino tratar de hacer justicia”, afirmó.

Alguien que no vio ni verá un centavo de esa ayuda es “Babi”. Sus amigas lamentan que haya fallecido con la angustia de nunca haber podido reparar su hogar. “Ella siempre tuvo la esperanza de que se la arreglaran”, expresó Figueroa.

Mientras caminan dentro de la casa abandonada, por primera vez en años, se impresionaban al ver que las grietas han crecido. Como de golpe, les regresaban los recuerdos de traumas vividos desde aquella noche y, sin evitarlo, parecían encontrarse de frente a un espejo, viéndose por fuera sostener con increíble resiliencia los estragos internos de un pasado doloroso.

“Ya estamos acostumbrados... es una una comunidad olvidada, rezagada”, expresó Figueroa, quien labora en el centro comunitario junto con Sánchez, Soriano y un equipo de voluntarios.

“Los políticos, cuando necesitan, vienen a prometer. Por eso, nuestra organización trabaja con esfuerzo propio. No nos gusta pedir, porque después no cumplen. Lo que tenemos es porque lo hemos luchado, no porque nos lo ha dado nadie”, afirmó.