En momentos en que se imponen políticas federales en contra de los migrantes y se discute legislación “discriminatoria” hacia la comunidad LGBTQ+ y los derechos reproductivos de las personas gestantes, un grupo de organizaciones profesionales, sociales y feministas llamaron a la ciudadanía a tomar la calle este sábado, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, en solidaridad y defensa de estos sectores poblacionales.

“No es un momento para estar mirando el televisor solamente, viendo lo que pasa. Es momento ya de coger calle, de levantar nuestra voz, de seguir hablando”, afirmó Liza Gallardo, portavoz de la Coalición 8 de marzo y directora de Amnistía Internacional Puerto Rico.

“Nos encontramos ante un escenario político duro, retante, fuerte para poder movilizar cosas en favor de los derechos humanos. Sin embargo, es esa misma lucha, es esa misma fuerza, es la resistencia lo que tenemos que mantener”, subrayó Gallardo.

La convocatoria del sábado es a llegar hasta la plaza Antonio R. Barceló, en Barrio Obrero, una de las comunidades con mayor concentración de migrantes, mayormente de República Dominicana, y que recientemente se ha convertido en escenario de redadas migratorias por parte de agencias federales.

“Es doloroso ver cómo están en esa cacería hacia la comunidad migrante, de personas trabajadoras, que ahora mismo están pasando hambre”, señaló Romelinda Grullón, fundadora y directora del Centro de la Mujer Dominicana, en San Juan. “Solamente la movilización, la solidaridad y estar hombro con hombro con otras comunidades es lo que puede parar estas leyes injustas”, expuso la activista.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, la Coalición 8 de Marzo –integrada por entidades sociales, cívicas y profesionales– exige el fin de la “criminalización” de los migrantes y el inicio de una reforma para regularizar el estatus de las miles de personas que viven en Puerto Rico de forma “irregular”, dijo Grullón.

“Antes de empezar a criminalizar, a arrestar, especialmente a madres trabajadoras y sus niños y niñas, que la mayoría nació aquí, en Puerto Rico, se debe empezar por donde había que empezar, por una reforma migratoria”, sostuvo la líder comunitaria. “Esto es lo que ayudaría a que las personas empiecen a salir de la sombra...”, sostuvo.

A la vez que reconocieron el papel esencial de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes, la Coalición exigió “derechos laborales básicos” para este sector, incluyendo salarios justos, condiciones de empleo seguras y acceso a servicios esenciales. Asimismo, reclamaron al gobierno que garantice la seguridad de los niños y niñas en las escuelas públicas y la aprobación de políticas que “prioricen el bienestar” de las comunidades “sobre el lucro económico”.

Por otra parte, representantes de la Coalición rechazaron la “ofensiva” del Estado contra la autonomía de los cuerpos, manifestada en restricciones al aborto y políticas que ponen en riesgo la salud de las personas gestantes, al igual que garantías a la comunidad LGBTQ+, como la reciente consideración en vista pública del Proyecto del Senado 1, que permitiría que empleados públicos se nieguen a proveer servicios basándose en sus creencias religiosas.

La aprobación de políticas que denuncien la especulación inmobiliaria y la destrucción ambiental fueron otros de los reclamos del colectivo, junto a un alto al fuego en la Franja de Gaza. “Vamos a hacer comunidad desde donde estamos, podemos y tenemos. Este es un excelente ejemplo de hacer comunidad, de ir a la calle, de cuidarnos, abrazarnos y también de hacerle las exigencias que hay que hacerle el Estado”, expuso Migna Rivera García, directora del Frente Amplio de Acción Social de Puerto Rico, también en representación de la Universidad Carlos Albizu.

“(El gobierno) tiene la oportunidad de ser diferente, tiene la oportunidad de ponerse el lente de los derechos humanos y ser un proveedor de lo que es la justicia”, agregó, por su parte, Gallardo.

Cónsono con los reclamos y en busca de esa reforma migratoria, la Coalición expresó su respaldo al Proyecto de la Cámara 331, radicado por las delegaciones del Partido Popular Democrático y el Partido Independentista Puertorriqueño, a petición de la Unión Americana de Libertades Civiles en Puerto Rico (ACLU, en inglés).

La medida cameral, en síntesis, busca establecer como política pública la protección en “lugares sensibles” y garantizar que las autoridades federales de inmigración operen bajo ciertos límites del estado de derecho.

El proyecto establece y define como “lugares sensibles” aquellas áreas, como instalaciones físicas y sus predios, donde se brindan servicios y realizan actividades esenciales, o se ejercen actividades con garantía constitucional. Incluye, por ejemplo, escuelas públicas, programas de cuido y de educación temprana, preescolares, colegios y universidades.

“Hay compañeros que están promoviendo que haya municipios santuarios, espacios donde la fuerza, en este caso de ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y otras organizaciones que trabajan con el gobierno federal no pueden entrar", abundó Gallardo.

“Tenemos que conservar y defender los espacios santuarios en Puerto Rico, y ese es uno de los reclamos que le tenemos a la gobernadora (Jenniffer González), y es uno de los reclamos que también están incluidos en el proyecto”, agregó la directora de Amnistía Internacional de Puerto Rico.

La concentración será a partir de la 1:00 p.m. y, como parte del evento, habrá música y actividades para los niños. El evento se le dedica a la compañera Marién Torres López, fundadora de Barrileras del 8M, y a las mujeres y niñas migrantes.