Una comisión de abogados y expertos con conocimiento en asuntos energéticos concluyó que los contratos otorgados a las empresas LUMA Energy y Genera PR para la operación del sistema eléctrico del país supuestamente contienen “serias irregularidades” que comprometen su legalidad y ética, hallazgos que –a juicio del grupo– abren diversas avenidas de acción, entre ellas, la nulidad.

“Estos hallazgos no solo evidencian la falta de transparencia y la violencia de principios fundamentales en la gestión de estos contratos, sino que también plantean cuestionamientos sobre la capacidad de las instituciones para proteger los intereses del pueblo”, expuso la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas, Vivian Godineaux Villaronga.

Aunque los miembros de la comisión especial no establecieron, en el reporte, cuál sería el paso a seguir, señalaron como alternativas la nulidad o la resolución de los contratos. Asimismo, señalaron que es “imperativo” que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) asuma un rol fiscalizador activo para garantizar los derechos de los consumidores.

El 14 de septiembre, Godineaux Villaronga anunció la creación de la Comisión Especial para Estudiar a Fondo los Contratos de Luma Energy y Genera PR, en respuesta, dijo, “a la creciente preocupación y escrutinio público en torno a la situación energética de Puerto Rico”. Los hallazgos y conclusiones incluidos en el documento, enfatizó, reflejan la opinión legal de la mayoría de los integrantes.

El análisis incluyó la evaluación del trasfondo histórico de la AEE, la contratación con LUMA y Genera PR, así como la narración de las ejecutorias y las controversias legales. El informe, asimismo, incluye una descripción de ambos contratos y la definición del marco jurídico aplicable y de los conceptos básicos de obligaciones y contratación.

En cuanto al contrato concedido a LUMA, que opera el sistema de transmisión y distribución energética, el informe concluyó que el acuerdo puede ser considerado nulo por ser leonino, ya que incumple con los principios de buena fe y reciprocidad, y fue firmado en un contexto de crisis financiera de la AEE, lo que permitió que el consorcio no invirtiera en infraestructura deteriorada y subsidiara sus gastos operativos. “Este desequilibrio evidencia la falta de causa lícita, obligando a las partes a regresar al estado anterior a la firma del contrato”, lee el informe.

Asimismo, LUMA –de acuerdo al grupo– no ha cumplido con su promesa de operar sin interrupciones, lo que se refleja en los constantes cortes de servicio. “Esto proporciona base para que la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) resuelva el contrato”, lee el informe.

El contrato concedido a Genera PR, de otra parte, también podría considerarse nulo y defectuoso, según el grupo de expertos, “por establecer un monopolio privado en la generación de energía”, al controlar casi el 70% de la capacidad de producción y por habérsele concedido a una corporación que presuntamente no cumplía con los requisitos de la Ley de Alianzas Público Privadas en términos de experiencia.

Iván Báez, vicepresidente de Asuntos Públicos de Genera PR, indicó a este medio que no reaccionarían a los hallazgos del informe. Mientras, LUMA Energy aseguró, en declaraciones escritas, que han estado “cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el contrato”. “Estamos dedicados a la mejora continua de nuestro desempeño para asegurar que seguimos cumpliendo y superando las expectativas de nuestros clientes. Nuestro compromiso con Puerto Rico es claro. Esta es nuestra casa, y no nos desviaremos de nuestra misión”, indicó la empresa.

La presidenta del grupo de trabajo, la licenciada Zoé Negrón Comas, explicó, durante la conferencia de prensa, que la nulidad de ambos contratos mediante intervención judicial implicaría que los acuerdos se traten como si nunca hubieran existido, obligando a las partes a restituir lo recibido. Esa opción, dijo, aunque costosa en términos de litigio, “permite al tribunal determinar un enfoque equitativo para la transición”.

La segunda alternativa, la resolución de los contratos de acuerdo con sus propios términos, le permitiría a la AAPP notificar los incumplimientos y dar plazos para su remediación.

“En términos del estudio, no hicimos una recomendación porque depende del trabajo que se esté dispuesto a hacer y la voluntad que haya para hacerlo. En el caso de la nulidad, por ejemplo, es un planteamiento que es más rápido en términos de que podemos verlo desde ya... El planteamiento de incumplimiento o resolutorio implica hacer una serie de pasos que se deben llevar a cabo conforme al contrato”, detalló Negrón Comas.

En lo personal, sin embargo, Negrón Comas opinó que la nulidad sería la vía más acertada.

La Comisión, según se desprende del documento, estuvo integrada por Negrón Comas, Fernando Agrait, Rolando Emmanuelli, Alejandro Torres Rivera, María T. Alicea Pietrantoni, Luis Santini Gaudier, Julio Fontanet, Berta Mainardi y Rafael Muñoz.

Copia del documento será compartido con la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, el Departamento de Justicia, el Negociado de Energía, la AEE y a la AAPP.

“Emplazamos al gobierno, al de turno, al gobierno que resulte electo para que evalúen seriamente las acciones legales, apoyadas en los hallazgos de este panel de expertos”, estipuló Godineaux Villaronga.