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Hace tres vísperas de Reyes, una intensa llama consumió la casa que el padre de Milagros Ramos Torres, antes de morir, le legó a su hija, en el casco urbano de este municipio. Con el fuego, de un momento a otro, se fundieron recuerdos y vivencias, pero jamás la resiliencia familiar de tener una vivienda segura.

Pese a la traumática experiencia, que le dejó a Ramos Torres quemaduras en el 38% de su cuerpo, la trabajadora social retirada decidió permanecer en su terruño familiar, sin prever los complejos procesos que pasaría para levantar su casa de las cenizas.

“Quise siempre regresar aquí, porque, para mí, esto tiene un valor sentimental enorme, porque esto fue una preocupación de mi papá, que yo tuviera un lugar seguro. Yo quise luchar por volver a mi casa porque mi papá lo hizo con un propósito grande”, dijo, desde su sala.

Aunque recibió ayuda de organizaciones –como Ponce Neighborhood Housing Services–, tuvo que complementar algunas partes de la construcción de su hogar con los ahorros de su vida, la herencia que le dejó su papá antes de morir y su cheque mensual del Seguro Social.

“Lloré muchas lágrimas pensando que no la iba a poder terminar, porque no es fácil que te digan: ‘el techo son $5,000, el piso son $3,000′, y tú no tenerlos”, rememoró Ramos Torres, quien vive agradecida con las personas que aportaron para que hoy tenga un techo seguro.

El predesarrollo, permisos, diseño, mano de obra, ingeniería y arquitectura son algunos de los factores que inciden en los elevados costos de la construcción en Puerto Rico, lo que abona a una compleja crisis de vivienda asequible en el archipiélago.

“Una construcción que antes te salía en menos de $100,000, ahora te sale en casi $200,000″, ejemplificó Elizabeth Colón, directora ejecutiva de Ponce Neighborhood Housing Services, quien subrayó que estos aumentos suponen un reto particular para el desarrollo de vivienda asequible.

De hecho, los costos de construcción incrementaron en 40%, entre 2018 y 2021, estimó la Asociación de Constructores de Puerto Rico.

A esto, se le suma la indisponibilidad de unidades, las estructuras en desuso, el incremento en los precios de compra y renta, las construcciones en zonas vulnerables y el problema de titularidad, para crear una compleja crisis histórica, que requiere una atención sensible y que reconozca la vivienda como un derecho.

Para Amanda Silva, directora ejecutiva de Habitat for Humanity of Puerto Rico, “la vivienda es más allá que un techo y cuatro paredes”. Más bien, considera que es un tema de importancia para todos los sectores que aspiran al desarrollo del país.

“Lamentablemente, nosotros tenemos una válvula de escape. Si no hay una cosa por la que luchar, no hay lugar donde estar y permanecer, se me hace más fácil irme. No es la solución a todo, pero es un componente para el desarrollo económico, un incentivo para que las familias se queden y especialmente para los jóvenes”, expresó Silva.

Precisamente, para Ramos Torres, tener su hogar en pie representa la tranquilidad de que tendrá un espacio que habitar. “Me siento segura de estar aquí”, afirmó.

Al hablar de la crisis de vivienda, muchas veces se trae a colación una escasez de inventario. Para Luis Gallardo, director ejecutivo del Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH), en Puerto Rico, realmente, existe una falta de disponibilidad, entre otras cosas, por la cantidad de viviendas en desuso y abandonadas.

Los datos del Censo para 2022 apuntan a que el 19.3% de las 1,598,570 viviendas en Puerto Rico están vacantes.

Ante ello, el CRH realiza un inventario -a nivel del archipiélago- para identificar dónde están las viviendas abandonadas, cuáles son rehabilitables, cuántas están en zonas inundables, y realizan estudios de títulos sobre cada una de esas propiedades.

“La falta de vivienda asequible en Puerto Rico se puede remediar abriendo ese inventario al desarrollo de las (entidades) sin fines de lucro y de los municipios”, opinó Gallardo, quien considera que hay barreras sistémicas que dificultan que personas privadas, organizaciones y ayuntamientos accedan a los también denominados estorbos públicos.

Hasta el momento, el inventario tiene 43,000 viviendas, pero prevén que esa cantidad puede, al menos, triplicarse. Asimismo, entienden que la mitad están en condiciones que se pueden rehabilitar, excluyendo las propiedades en ruinas, que no tienen techo, que están hechas en madera y los solares baldíos.

“Es bien difícil hablar de la nueva construcción cuando tienes 43,000 propiedades que están, ahora mismo, representando riesgo para la comunidad”, agregó, al destacar que han identificado miles de edificios gubernamentales, incluyendo cientos de escuelas, en desuso.

Silva destacó, incluso, que facilitar los traspasos de viviendas abandonadas podría abonar a mermar los costos de construcción y reconstrucción.

Muchas viviendas abandonadas están ubicadas en espacios urbanos con acceso a servicios esenciales. Ylenia González Castillo conoce bien los beneficios de vivir en un espacio céntrico, para el desarrollo e independencia de su hijo, Luis Gabriel, quien está en el espectro del autismo.

Desde que se mudó a Santurce, en 2022, el joven de 18 años ha desarrollado destrezas sociales, hasta el punto de que puede ir solo a la playa, restaurantes, al cine y hasta a su empleo de verano. Además, Luis Gabriel también aprendió a tomar la guagua para llegar a la Universidad del Sagrado Corazón, donde cursa el primer año de su bachillerato en Literatura.

“Yo lo soñé. Yo decía, ‘Dios mío, mi hijo va a poder ir al restaurante solo porque, aunque él tenga su condición, quiere tener su independencia, él no quiere estar con su mamá todo el tiempo’”, compartió la madre soltera.

Este desarrollo, sin embargo, hubiese sido difícilmente posible si González Castillo no hubiese accedido a un programa de vivienda asequible, que le dio la oportunidad de comprar su apartamento en un edificio, en la avenida Ponce de León, que estuvo en desuso hasta que Habitat for Humanity lo restauró y, ahora, es el hogar de 12 familias de ingresos bajos y moderados.

Pese a que anhelaba ser la dueña de su hogar, su sueldo como empleada gubernamental, y los enormes gastos que representa tener un hijo con necesidades especiales en Puerto Rico, complejizaba adquirir una vivienda que estuviera en condiciones aptas para ser habitada.

Como González Castillo, muchas personas, en Puerto Rico, no tienen la capacidad económica para comprar su hogar, pues los costos de vivienda siguen en aumento. De hecho, durante el primer trimestre de 2024, el precio promedio de la vivienda incrementó en un 25% respecto al mismo periodo en 2023.

Para González Castillo, quien usa la bicicleta como método de transporte, vivir en la avenida Ponce de León también es un sueño hecho realidad.

“Para mí, era un sueño vivir aquí, que yo pensé que no iba a ser posible. Yo llevando este mensaje, yo llevo como 10 años promocionando la bicicleta como medio de transporte. Así que, estar en la en la calle donde más la gente se mueve en bicicleta, imagínate”, expresó la mujer, quien comenzó en el ciclismo para disminuir sus gastos y poder proveer las terapias necesarias para el desarrollo de su hijo.

Si bien la crisis de vivienda es una problemática histórica, el huracán María develó –hace siete años– la complejidad del asunto, desde problemas con los títulos de propiedad y la fragilidad de las estructuras hasta la importancia de una planificación efectiva en espacios urbanos.

No obstante, para Gallardo, “también trajo unos recursos (de fondos federales de recuperación) que Puerto Rico, quizás, nunca va a volver a recibir subvenciones de esta cantidad, que nos pone en la posición donde podremos impulsar cambios sistemáticos, abogar por nuevas formas de hacer las cosas y apoyar lo que ya funciona”.

En ese sentido, los directores de las organizaciones consultadas consideran la importancia de crear un plan –que trascienda las administraciones gubernamentales– para atender la crisis, de forma holística e inclusiva, que considere las realidades de Puerto Rico, que incluyen la vulnerabilidad a desastres naturales que serán cada vez más frecuentes por el cambio climático.

Para el desarrollo de este mapa de ruta, será indispensable que estén en la mesa todas las personas que trabajan con el tema, como desarrolladores, bancos, contratistas y organizaciones sin fines de lucro.

Silva indicó, además, que el plan tiene que venir acompañado del “compromiso de ver la vivienda, no como el techo y cuatro paredes, es todo el valor añadido que trae”, de reconocer la seriedad del problema y de promover el acceso a la “mejor calidad de vida” para todas las personas.

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Producido de forma independiente por El Nuevo Día con el apoyo de Habitat for Humanity of Puerto Rico, el Centro para la Reconstrucción del Hábitat y Ponce Neighborhood Housing Services, pero sin derecho de las entidades a revisar ni aprobar el contenido.