Tras años de denuncias de impacto ambiental y a la salud de las comunidades aledañas, el Movimiento Ciudadano Pro Cierre del Vertedero de Arecibo (Mocivea) advirtió que procederá con una demanda civil contra los alcaldes de los municipios que continúan utilizando la instalación para el depósito de desperdicios sólidos, pese a los señalamientos de presuntos incumplimientos con regulaciones por parte del operador.

En una carta enviada a los alcaldes de Hatillo, Carlos Román Román; Quebradillas, Heriberto Vélez Vélez; y Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry, la organización enumeró violaciones supuestamente cometidas por el operador del vertedero y que, a su juicio, también cometen los ayuntamientos al enviar sus desechos a la instalación.

A través del abogado Miguel Sarriera Román, el Mocivea advirtió que la posible demanda buscaría como remedio “prohibir que los municipios sigan depositando desechos sólidos en el vertedero”, y recomienda a los alcaldes cuestionar a Landfill Technologies of Arecibo –operador– sobre los alegados incumplimientos. El Nuevo Día procuró una reacción de la compañía, pero su portavoz respondió que no emitirían expresiones al respecto.

“Buscaremos sanciones civiles por cada depósito (de basura) durante los últimos cinco años”, subraya la misiva, en poder de El Nuevo Día y con fecha del 11 de febrero. La demanda podría radicarse dentro de los 60 días posteriores a esa fecha.

Los municipios de Hatillo y Quebradillas confirmaron, a través de su portavoz, Aracelys Otero Torres, que recibieron el documento y se encuentran evaluándolo con sus respectivos asesores legales.

Respecto a Hatillo, la portavoz añadió que, “tan pronto se complete dicho análisis, se le informará a la organización la determinación por parte del personal municipal”. Mientras, el licenciado Michael Rivera Irizarry, asesor legal del Municipio de Quebradillas, indicó que había dudas que buscaban aclarar antes de expresarse sobre el tema.

“Esa comunicación se realizará con el abogado que suscribe el documento. Una vez aclaradas las dudas, se determinará la acción a ejecutar”, manifestó en declaraciones escritas. No ha habido una respuesta del Municipio de Arecibo.

“Durante años, los residentes hemos sido testigos del impacto negativo que este vertedero ha generado en nuestro entorno y en la Reserva Natural Caño Tiburones. La falta de cumplimiento con las regulaciones ambientales, la contaminación del agua y del aire, así como el riesgo a la salud pública, nos han llevado a tomar acción legal para detener esta crisis ambiental”, expresó, por su parte, Lilliam Díaz Montalvo, portavoz del Mocivea.

“Nuestra lucha no es solo por la comunidad de hoy, sino por las futuras generaciones que merecen un ambiente limpio y seguro”, añadió por escrito.

Según la carta, Hatillo, Quebradillas y Arecibo estarían incurriendo en violaciones a la Ley de Política Pública Ambiental y la Ley federal de Conservación y Recuperación de Recursos de Estados Unidos al eliminar sus desperdicios en un vertedero que no ha corregido diversas irregularidades y no ha cumplido con ciertos mandatos, incluyendo la falta de cobertura diaria, lo que ha provocado la exposición de basura.

“El vertedero debe cubrir los desechos sólidos desechados con 15 centímetros de material de tierra al final de cada día de funcionamiento, o a intervalos más frecuentes si es necesario, para controlar los vectores de enfermedades, los incendios, los olores, la basura que se esparce por el aire y la basura que se recoge. En concreto, el vertedero no proporciona una cobertura diaria y la erosión hídrica ha dejado expuestos los desechos en muchas zonas”, expone la misiva.

Otro de los señalamientos es el supuesto incumplimiento de los requisitos de control de aguas pluviales, lo que ha llevado a la contaminación de cuerpos cercanos. La carta alerta que el vertedero no cuenta con sistemas adecuados para manejar las aguas de escorrentía, permitiendo que se filtren lixiviados altamente contaminantes. “Las filtraciones de lixiviados desde el vertedero alcanzan las vías de acceso y canales de drenaje que finalmente desembocan en Caño Tiburones”, añade.

Otra de las preocupaciones expresadas en la carta es la alegada falta de un plan de cierre adecuado para el vertedero. Según el documento, el Municipio, como dueño de la instalación, no ha presentado una planificación detallada ni un calendario sobre cómo procederá con el cierre, ni ha incluido una estimación de la superficie total que requerirá una cubierta final.

El vertedero de Arecibo opera desde 1973 y las denuncias en torno a su funcionamiento inadecuado e impacto ambiental y en la salud de las comunidades, principalmente Garrochales, Factor 2 y Cercadillo, llevan varias décadas.

En el último permiso otorgado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para la operación del vertedero, la agencia fijó mayo de 2027 como la fecha de cierre. Previo a ello, el Municipio de Arecibo, dueño de la instalación, y el operador deben entregar al DRNA un plan de cierre.

En junio pasado, el Mocivea reiteró su desacuerdo con la fecha de clausura, y exigió al DRNA y a la Agencia federal de Protección Ambiental una más cercana, tomando en cuenta las irregularidades denunciadas.

En una visita de El Nuevo Día a las comunidades el pasado año, este medio constató, por ejemplo, la nube de polvo que se levantaba al tope de la montaña de desperdicios enterrados –que debería ser controlada con agua por el operador del vertedero– mientras los camiones depositaban la basura. También, corroboró la presencia de aparente lixiviado llegando hasta el agua de un canal cuya ruta culmina en Caño Tiburones.