Tras no recibir respuesta de la División de Revisiones Administrativas de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), líderes comunitarios de Arecibo recurrieron al Tribunal de Apelaciones para que se revoque la consulta de ubicación aprobada a la compañía Central Waste Services (CWS), que propone erigir una planta de desperdicios de construcción para su trituración y procesamiento en el municipio.

Una consulta de ubicación es el procedimiento ante la OGPe y algunos municipios autónomos, definido por ley, para que evalúen y decidan sobre propuestos usos de terreno que no son permitidos ministerialmente y no pueden atenderse mediante otro mecanismo.

“Los errores son procesales y sustantivos; son muchos y son graves”, alertó Omar Saadé Yordán, abogado de los líderes que impugnan la consulta a nombre de las comunidades afectadas en el barrio Factor.

Según Saadé Yordán, el proyecto propuesto es “incompatible” con el entorno residencial, que ya sufre las consecuencias de un vertedero y su impacto ambiental y a la salud. “Pretenden poner un proyecto de esa índole en medio de cientos de residencias, de forma atropellada e ilegal”, enfatizó.

Al momento de esta publicación, ningún representante de CWS estuvo disponible para entrevista. La compañía se dedica a la recolección y transportación de materiales y residuos de procesos de manufactura, asbesto y plomo, aceite usado, suelo contaminado, residuos de emergencias, escombros de construcción, productos expirados y desperdicios industriales, entre otros servicios.

Pero, el 30 de julio, la Junta Adjudicativa de la OGPe aprobó una enmienda a su consulta de ubicación original, que permitió reclasificar como distrito industrial especializado el predio de 12 cuerdas que ocupa, lo que permitiría, a su vez, expandir sus operaciones y desarrollar una planta para recibir, procesar y triturar materiales reciclables provenientes de la industria de la construcción y demoliciones, como concreto y escombros. Previamente, el predio estaba clasificado como comercial intermedio e industrial liviano.

Antes de la aprobación de la Junta Adjudicativa, la OGPe realizó una vista administrativa, el 18 de junio, de la cual se desprenden varias controversias señaladas en el recurso presentado ante el foro apelativo, el 8 de octubre.

Por ejemplo, los líderes comunitarios plantearon que, sobre la prueba testifical, el informe del oficial examinador no incluyó el número de camiones que deberán transitar por la carretera PR-683, ni el volumen de toneladas de residuos de construcción a recibirse para luego venderse.

“(El informe) no refleja fielmente los testimonios de los recurrentes y otros vecinos, incluyendo las distancias entre sus residencias y la localización del proyecto y, en particular, la máquina trituradora de cemento y otros escombros; y los problemas que las operaciones actuales de Central Waste ya causan a los residentes”, agregaron en el documento.

Tras la aprobación, la comunidad pidió una revisión de la consulta ante la División de Revisiones Administrativas de la OGPe, pero, transcurrido el período correspondiente, la dependencia no respondió, y los líderes recurrieron al Tribunal Apelativo.

Rosa Linda Ramos Medina, una las líderes que presentó el recurso, manifestó sentirse “frustrada” con el proceso ante la OGPe, que no rindió frutos y en el que la comunidad no obtuvo respuesta, pese a haber contado con peritos que presentaron los argumentos por los cuales entendían que la expansión de CWS no procede.

“(El sistema) está diseñado para los desarrolladores; el sistema no está diseñado para nosotros, está diseñado para el que tiene chavo”, señaló.

En su recurso judicial, los líderes plantearon que la Junta Adjudicativa de la OGPe erró al autorizar usos para un distrito industrial especializado y recalificar todo el predio “sin informar al público y a los colindantes” sobre la solicitud.

También, señalaron que erró al aprobar “arbitrariamente” la recalificación, “que perjudicará significativamente a la comunidad residencial donde se propone”. Sostuvieron que el proyecto se aprobó a base de una determinación de cumplimento ambiental que entienden es “nula en derecho”, por presuntas violaciones a la Ley 161 de 2009, la Ley 416 de 2004 y el debido proceso de ley.

Otro presunto error señalado es la aprobación del proyecto industrial especializado en un sector residencial “a base de una evaluación ambiental arbitraria y deficiente”. En esa línea, indicaron que la aprobación de rezonificación ocurrió sin que antes se preparara y notificara una declaración de impacto ambiental.

“Respetamos el derecho de la comunidad a una revisión administrativa judicial de la determinación. Una vez radicada la apelación, actuaremos como en derecho proceda”, expresó, por su parte, Félix Rivera, secretario auxiliar de la OPGe, en declaraciones escritas.

Las comunidades aledañas –que han denunciado la contaminación de cuerpos de agua, polvo fugitivo, ruidos excesivos por la entrada y salida de camiones, pestes y enfermedades entre los vecinos producto de la operación del vertedero– están convencidas de que todo eso empeorará si CWS expande sus operaciones. CWS no opera el vertedero.

“No me sorprende que el gobierno y el sistema, como siempre, que es uso y costumbre, deja las comunidades a un lado, cuando son comunidades empobrecidas”, manifestó, en tanto, Lilliam Díaz Montalvo, presidenta del Movimiento Ciudadano Pro Cierre del Vertedero de Arecibo.

“Llevamos décadas con lo mismo en el vertedero y todavía, al sol de hoy, estamos de pie, buscando la solución, o sea, que es un patrón del gobierno cuando son comunidades empobrecidas, cuando son comunidades de bajos recursos, ahí es que van a hacer los crímenes ambientales”, denunció.

Según los documentos analizados por El Nuevo Día, CWS propone crear tres áreas de almacenamiento para las varillas y metales que se obtengan de la trituración del concreto; la ubicación del material de concreto, vigas y estructuras no demolidas previo a la trituración; y la ubicación del concreto demolido sin metales.

En el área sur del predio, se establecería una máquina de trituración de concreto con capacidad de triturar hasta 200 yardas cúbicas diarias. Dicha trituradora operaría con un motor diésel de 375 caballos de fuerza.

El impacto, solo en términos de ruido, está implícitamente reconocido en la aprobación de la OGPe, que, entre los requisitos para el aval, incluyó que, previo al inicio de la operación, CWS deberá contar con una barrera sónica de 12 pies de altura.

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REFERENCIAS:

Ley 416 de 2004

Ley 161 de 2009