El caso de la cueva Las Golondrinas, en Aguadilla, que el viernes llegó a su punto culminante con la orden judicial para la demolición de las estructuras construidas ilegalmente en el área, debería darle paso a una evaluación de la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos”, así como a una gestión “más proactiva” de parte de las agencias gubernamentales a la hora de exigir el cumplimiento de sus leyes, opinaron expertos abordados por El Nuevo Día.