La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) señaló que los analistas del Departamento de Justicia, que evalúan y monitorean los fondos del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE), no verificaron el cumplimiento de las entidades receptoras con las guías establecidas para el desembolso y supervisión de los fondos.

En un comunicado de prensa, la OCPR indicó que los hallazgos le llevaron a emitir una “opinión cualificada” de las operaciones fiscales de Justicia, que se plantea cuando “los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados”.

El periodo auditado fue del 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2024, según el informe firmado por la contralora Yezmín Valdivieso.

En un comunicado de prensa, explicó que, en ese tiempo, de una muestra de los $2 millones asignados para apoyar a las entidades sin fines de lucro, “se evidencia que los analistas no se aseguraron de que los expedientes estuvieran completos, validaron la evidencia de cuatro profesionales sin contrato formalizado, o aceptaron informes de asistencia sin firmar ni certificados por la entidad, entre otros hallazgos”.

Agregó que, además, los analistas aceptaron la evidencia de pagos de una entidad por gastos inelegibles, como “servicios sufragados por otra subvención, servicios de psicología facturados dos veces y pagados con fondos PARE y con otra subvención, o el pago doble a una cocinera”.

“Los analistas tampoco advirtieron que una de las entidades que presta servicios a las víctimas de violencia de género no contaba con una cuenta bancaria exclusiva para los fondos PARE. Estas situaciones dificultan que se pueda fiscalizar el uso de los fondos y propician que se utilicen con un fin distinto a su propósito”, agregó.

Asimismo, la auditoría de cuatro hallazgos también señala que, al 30 de junio de 2024, la Junta de Confiscaciones adscrita a Justicia se regía por reglamentos que tienen hasta 30 años sin actualizar.

Además, apuntó que la Junta no cuenta con un sistema electrónico que le permita administrar la propiedad confiscada.

“Esta situación le impide contar con información confiable para tomar decisiones, y propicia que se cometan errores o irregularidades”, expuso el comunicado.

Según la Oficina del Contralor, el Departamento de Justicia remitió con tardanzas - de hasta cuatro meses - 140 copias de contratos por $18.5 millones de fondos federales al registro de Contratos de la OCPR.

“Estos documentos públicos no estuvieron accesibles a la ciudadanía como dispone la reglamentación vigente. Además, el Departamento tampoco envió a la Contraloría la Certificación de Cumplimiento con la Ley 273-2003 de los años fiscales de 2019 y 2020. Esta ley versa sobre las normas contractuales sobre independencia en las auditorías de entidades gubernamentales”, detalló.

El Departamento de Justicia contó con un presupuesto de $804.6 millones para los años fiscales del 2020 al 2024 y realizó desembolsos por $596.5 millones.

“La auditoría le recomienda al secretario de Justicia que ordene revisar los reglamentos de la Junta de Confiscaciones e implementar un sistema para registrar el inventario de la propiedad confiscada, entre otras”, acotó.