La tala de árboles para la construcción de estructuras en un predio municipal de Vega Baja, con el fin de reubicar pequeños negocios del sector Almirante Norte, mantiene enfrascados en una controversia al alcalde Marcos Cruz Molina y a comerciantes y residentes del área, quienes reclaman que se detengan los trabajos y una investigación.

El proyecto, que inició hace dos semanas, surge porque el propietario de uno de los terrenos –que compone la zona urbana aledaña al expreso PR-22, a la altura de la salida 35, en dirección a Hatillo– habría desahuciado a tres negocios que supuestamente habían invadido los predios, indicó este miércoles la abogada Cecille Blondet, presidenta de la empresa Salida 35 Inc., una estación de gasolina que opera desde 2007 y figura entre las denunciantes.

Al respecto, el alcalde indicó que, ante el desahucio, los comerciantes “piden auxilio al Municipio” y se les explicó que podrían trasladarse al terreno municipal que ubica al cruzar la calle Caribe, actualmente un área boscosa aledaña al Parque Atlético Almirantito.

Para la reubicación, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales autorizó la remoción de cinco árboles de tulipán africano, comúnmente conocido como “meaíto”. El plan de mitigación ambiental incluye la siembra mínima de cinco árboles de úcar u “otra especie que cumpla con los requisitos de espacio y adaptabilidad”, según el permiso otorgado.

La siembra se debe llevar a cabo dentro de un mes, a partir de la tala, y Cruz Molina aseguró que comenzaría la semana que viene, considerando sembrar hasta 10 árboles.

En cambio, los comerciantes sostienen que la tala sobrepasa la de los cinco árboles autorizados, y expresaron preocupación por la alegada falta de permisos para la construcción de estructuras para los negocios.

La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) confirmó que actualmente no hay ningún permiso radicado en su sistema a estos fines y que, de haber alguna querella sobre el proyecto, se debe dirigir a la Junta de Planificación.

En tanto, Cruz Molina aseveró que “(los comerciantes trasladados) estarían operando como un negocio ambulante, con la idea de eventualmente arrendarles el predio de terreno porque, cuando ya es una estructura fija, pues, entonces, el Municipio vendría a arrendarle el espacio de terreno. Y, ahí, tendríamos que hacer la consulta con la OGPe”.

El representante legal de Salida 35 Inc., Irving Faccio Rivera, entiende que los tres negocios no son ambulantes.

“Es obvio que no cumplen con la definición de un negocio ambulante. En realidad, son negocios ilegales”, ya que, a su juicio, no cuentan con los permisos para los trabajos de construcción que ya habrían iniciado, como el establecimiento de una zapata en cemento y el levantamiento de estructuras en madera.

Mientras el alcalde se expresó preocupado por salvaguardar los 25 empleos que generan los tres negocios que serían reubicados, los denunciantes se cantaron aliados del comercio, “pequeño o grande”, pero de forma que cumpla con las leyes y los reglamentos. Estos últimos añadieron que, de no atenderse sus reclamos en 48 horas, tomarán acción legal.