El alcalde de San Juan, Miguel Romero, calificó este sábado como “contundentes” los planteamientos contenidos en el recurso del Municipio que busca la revocación del permiso otorgado para la construcción de una valla publicitaria en la urbanización Puerto Nuevo, al tiempo que justificó la autorización que el ayuntamiento emitió más temprano en la semana para el cierre de la calle donde se desarrolla la obra.

“El permiso de vallas se le da hasta a la gente pa’ hacer fiestas. Claro, si van a colocar una cosa peligrosa allí, una cosa grande, se da un permiso de vallas, que no cumplieron, y por eso les metimos $13,000 en multas”, esbozó, en una conferencia de prensa.

Al cuestionársele por qué se brindó la autorización para bloquear las calles conociendo el alcance del proyecto, a pesar de que el Municipio había objetado, desde 2021, que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) otorgara un permiso a CM Group LLC para erigir el “billboard” en medio de una zona residencial, Romero insistió que la empresa estaba operando con un “permiso válido”.

“Como tenían un permiso válido hasta entonces, no es hasta que rompen un tubo de agua que sale toda esta situación y responsablemente se investiga y, al investigarse, que a todas luces nos parece algo ilegal, fuimos a revocarlo”, matizó.

El permiso para el cierre de la calle se emitió el pasado martes y disponía que CM Group podría comenzar los trabajos al día siguiente, y que la obra solo se podría extender hasta el lunes. Sin embargo, la excavación arrancó el mismo martes, día en que se registró la rotura de una tubería de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que dejó temporalmente a 50 clientes sin servicio de agua.

Ese día, además, comenzaron los reclamos de vecinos de la urbanización contra el levantamiento del “billboard”, por el impacto sobre la convivencia durante la construcción y el efecto de la contaminación visual a largo plazo.

La residencia, en la calle 18 NE de la urbanización, pertenece a Héctor Morales Vargas, quien fue secretario general y comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, así como presidente de la Junta de Planificación. Este sábado, Morales Vargas no respondió a un pedido de reacción de El Nuevo Día.

Si bien Romero señaló que, hasta el pasado martes, se presumía la validez del permiso de construcción, el alegato que el Municipio presentó el viernes al Tribunal de Primera Instancia sostiene, precisamente, que el documento expedido por la OGPe debe anularse, entre otras cosas, porque el permiso de uso con el que contaba la residencia perdió vigencia desde 2021, al no tener una certificación de prevención de incendios.

Tal como se desprende del permiso de uso que el Municipio había expedido en 2021, así como el referido que la OGPe remitió a la Junta de Planificación el jueves, la residencia podía utilizarse como “hospedaje especializado”, que en el Reglamento Conjunto de 2020 se define como un espacio de alojamiento para personas con algún tipo de discapacidad física, emocional o mental que se encuentra recibiendo servicios de salud.

La residencia, sin embargo, se mercadeaba en la plataforma de Airbnb, de alquileres a corto plazo, bajo el nombre de “Casa Florecer”.

“Radicamos esa acción legal el viernes y nos parece que los argumentos son contundentes y que ese permiso el tribunal tiene que revocarlo”, subrayó Romero.

Este sábado, el portal del Poder Judicial reflejaba que el caso había sido asignado al juez superior Anthony Cuevas y que se había emitido un señalamiento para celebrar el juicio en su fondo el 13 de noviembre. No obstante, el portavoz de la Oficina de Administración de Tribunales, Jean Carlo Pérez, indicó que, al tratarse de un recurso extraordinario, que busca la paralización y posterior demolición de la obra, probablemente se citaría a una vista a corto plazo.

La propia Ley de Permisos de 2009 precisa que, cuando una parte solicita la revocación de un permiso, el Tribunal de Primera Instancia debe citar a una vista dentro de 10 días y emitir una sentencia en los 20 días subsiguientes.

El permiso de construcción enmendado que la OGPe emitió a favor de CM Group, en 2022, tiene una vigencia de dos años, por lo que expira el próximo 15 de noviembre. El viernes, en expresiones a la prensa, el inspector de la obra, Manuel Rolón, sostuvo que el contratista, Pro-Steel Services Corp., tiene previsto concluir la construcción de la base del “billboard” este lunes, pero no pudo precisar cuándo se realizaría la instalación de las pantallas, de las cuales una sería digital y otra, fija.

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La periodista Adriana Díaz Tirado colaboró en esta historia.