Un déficit de más de 1,200 médicos especialistas, una población cada vez más enferma y afectada por condiciones crónicas, exceso de tareas administrativas y falta de conectividad entre sistemas de información conforman el diagnóstico que brinda un estudio comisionado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre los retos que enfrenta la fuerza laboral de este sector, un informe cuyas conclusiones y recomendaciones fueron tomadas este martes con cautela por voces prominentes de la industria.

En la presentación que ofrecieron los expertos de FTI Consulting que laboraron en el análisis –durante una reunión pública de la JSF–, sin embargo, estuvo mayormente ausente la discusión sobre el papel de las aseguradoras privadas, a las que proveedores de salud suelen señalar tanto por su grado de intervención en los procedimientos médicos como por los niveles de ganancias que generan administrando los servicios a los que la población accede.

Las recomendaciones plasmadas en el “Estudio de la Fuerza Laboral en la Industria de la Salud”, que la JSF comisionó en 2024, buscan, por un lado, promover políticas que permitan la formación de profesionales y, por otro, reducir la necesidad de servicios mediante modelos salubristas que prioricen la prevención de condiciones médicas. Paralelamente, se incluye un tercer renglón sobre los esfuerzos necesarios para centralizar y digitalizar la información de pacientes, con miras a facilitar trámites administrativos, como la facturación y la evaluación de expedientes individuales entre diversos proveedores y planes médicos.

“Sin ponerle el cascabel al gato a esas grandes aseguradoras, esto no va a mejorar. Vamos a ir a lo chiquito. Aquí, se necesita un rediseño completo del sistema porque hay mucha duplicidad y triplicidad. Hay contratos exorbitantes que se quedan en procesos administrativos”, dijo, en entrevista con El Nuevo Día, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz Vélez.

Jaime Plá Cortés, presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales –organización que, al igual que el Colegio de Médicos, fue consultada como parte del análisis–, sostuvo, por su parte, que el papel de las aseguradoras no necesariamente formaba parte del ámbito de evaluación del informe.

“Esa es una discusión mucho más profunda, que entra en otras cosas, en cómo el comisionado de Seguros va a regular a las aseguradoras, si tiene la capacidad para hacerlo, los modelos de contratación para que no sea una carga administrativa. Creo que el estudio no era para ese argumento”, planteó.

María Fernanda Levis, principal oficial ejecutiva de Impactivo –firma que colaboró con FTI en el estudio–, precisó que el informe se preparó a base de conversaciones con más de 70 “partes interesadas clave” y representantes de 22 organizaciones pertenecientes a distintos sectores, incluyendo médicos, aseguradoras, enfermeros y oficiales públicos.

“Unánimemente, las voces mencionaron que la situación es crítica, y el informe retrata un cuadro tétrico”, señaló la consultora en temas de salud durante la reunión, en el Centro de Convenciones.

La gobernadora Jenniffer González, quien participó de su primera reunión pública de la JSF, instó al ente a colaborar en los esfuerzos para extender las asignaciones de Medicaid a Puerto Rico que vencen en septiembre de 2027, al señalar que su intervención fue “instrumental” en el pasado proceso de cabildeo congresional. El Nuevo Día intentó obtener comentarios del secretario de Salud, Víctor Ramos, pero, al cierre de esta edición, no se recibió respuesta.

Al reconocer la continua incertidumbre en torno a la disponibilidad de fondos que, en teoría, permitirían incrementar la compensación de los proveedores y hacer más atractiva la posibilidad de que permanezcan en Puerto Rico, parte de las recomendaciones esbozadas en el análisis se enfoca en la reducción de costos del sistema de salud, comenzando por la prevención de enfermedades crónicas que, a la larga, encarecen los servicios y requieren mayor personal.

“Las recomendaciones, en el lado de la demanda, se enfocan en el principio de intervención temprana en condiciones tratables y un uso más inteligente de los recursos de salud, de forma que nos concentremos en el 10% de la población que consume el 80% de los recursos de cuidados de salud. Esas condiciones son, por regla general, tratables. Puedes prevenir condiciones crónicas de riñón, atender o prevenir la diabetes, así como el asma y otras condiciones respiratorias antes que se vuelvan severas”, dijo Juan Montañez, gerente sénior de FTI y director del estudio.

Por su lado, Levis destacó que Puerto Rico tiene “una de las tasas más altas (en Estados Unidos) en el uso de salas de emergencias”. “Llegan cada vez más enfermos, y tenemos que revertir eso”, sostuvo.

Plá Cortés y Díaz Vélez reconocieron, igualmente, que urge establecer programas de educación en salud, pero advirtieron que se trata de iniciativas que deben comenzar en las escuelas, con un efecto perceptible a largo plazo.

A corto plazo, Díaz Vélez recomendó estrategias que precisarían de legislación, como aplicar impuestos a productos como cigarrillos, refrescos y alcohol, o requerir exámenes médicos más rigurosos para el otorgamiento de licencias de conducir.

Según Levis, algunas estrategias para facilitar el acceso a la salud se pueden implantar en “menos de un año”, como la ampliación de programas de telemedicina, mencionando como ejemplo un “programa piloto” encaminado por el Hospital General de Castañer. “Hemos visto a estos pacientes mejorar sus condiciones de diabetes e hipertensión, junto a una reducción de 72% en los costos”, sostuvo.

El informe –de 267 páginas– reconoce que existe una “brecha creciente” entre la demanda y oferta de la “mayoría” de las especialidades médicas, encontrándose una “escasez más aguda en la endocrinología, gastroenterología, nefrología, psicología y psiquiatría”.

“Estas brechas se exacerban por una población envejeciente, que tiene mayor incidencia de diabetes, hipertensión, discapacidades cognitivas y otras condiciones comunes entre la población”, subraya el documento.

Al presente, FTI estima, de forma “conservadora”, que Puerto Rico sufre un déficit de 1,286 médicos especialistas, cifra que –si no se toma acción– rondaría los 1,305 en 2030, antes de comenzar a declinar gradualmente debido a la proyectada baja en población a largo plazo. Sin embargo, ante el continuo cambio en el perfil de los habitantes –sobre todo, la tendencia al envejecimiento– no todas las áreas del cuidado médico tendrán, en futuro, la misma demanda.

“Por ejemplo, ahora mismo, tenemos una gran escasez de ortopedas. (…) Necesitamos el doble de los ortopedas que tenemos, pero, para el 2035, se mitigaría parcialmente por el declive poblacional, aunque no se eliminaría la brecha. Otro caso serían los endocrinólogos, (los) que tratan condiciones del riñón, que es una de los más prevalentes Ahí tenemos una brecha de 140% respecto a lo que necesitamos para esa población con condiciones crónicas, y eso aumenta significativamente para 2035 si no se hace nada”, explicó Susan Manning, consultora de FTI.

Manning puntualizó, de otra parte, que Puerto Rico produce una cantidad apropiada de enfermeros, pero que tienden a “irse de la isla o se salen de la fuerza laboral debido a los salarios o (buscando un mejor) balance entre vida y trabajo”.

A nivel regional, y en términos generales, la firma identificó las regiones de Arecibo, Ponce y Mayagüez como las más afectadas por la escasez de especialistas, que suelen concentrarse en el área metropolitana de San Juan, en detrimento de los habitantes de pueblos rurales.

“No es un cuadro positivo, pero tampoco es imposible atenderlo”, dijo Montañez.

El estudio de la fuerza laboral puso en duda los beneficios sociales de la tasa contributiva del 4% a la que cientos de médicos especialistas se acogieron antes que la JSF congelara el incentivo, señalando que “aparenta haber tenido el efecto de impulsar a los recipientes a reducir sus horas de operación mientras mantenían el mismo de nivel de ingresos netos”.

Asimismo, puntualizó que los aumentos en las tarifas a determinados proveedores bajo el Plan Vital llevan a profesionales de la salud a “priorizar asegurados bajo el plan de salud gubernamental sobre asegurados bajo otros programas”, en referencia a los planes comerciales.

“A veces, tenemos consecuencias no intencionadas de iniciativas loables”, expresó Annie Mayol, otra de las líderes del estudio de FTI.

“Yo discrepo”, afirmó Díaz Vélez. “Aquí, hay un costo de vida para mantener una oficina médica. A los médicos, antes, no se les exigía tanto. Ahora, se exige un personal adicional que nunca había, como un récord electrónico, que pagues un ‘clearinghouse’, que es una cuenta aparte, y que pagues un personal para atender sistemas de computadora. Son unos gastos adicionales que incurren médicos en práctica privada, y las tarifas no aumentan al costo de vida”.

Plá Cortés sostuvo, en tanto, que el tema de los incentivos contributivos debe mirarse “en más detalle”, pero rechazó la idea de que el aumento en la compensación por servicios brindados bajo el Plan Vital tenga un efecto nocivo sobre el resto del mercado.

“Lo que se está haciendo con los proveedores es justicia y, si están haciendo justicia, tienen que hacerlo el resto de los planes médicos que hay. Obviamente, ellos (planes médicos) dicen ‘pues, hay que aumentar las primas’. Pero las primas han estado aumentando aun antes que se hicieron esos aumentos a los proveedores. Si no se hacía ese aumento (en tarifas), hubiera habido un montón de médicos que se hubieran ido. Creo que la cantidad de médicos que se está yendo es mucho menor que antes”, acentuó, agregando que los resultados del estudio deben servir de guía a las escuelas de medicina al decidir sobre la creación de programas de residencia.

De otra parte, Montañez, de FTI, señaló que la ausencia de sistemas digitales interconectados provoca que tanto médicos como otro personal de salud pierdan tiempo tramitando documentos en papel, en lugar de dedicarse a atender a los pacientes.

“La oferta (de servicios) no es solo la cantidad de médicos, terapistas o técnicos de laboratorio. Hay que mirar su disponibilidad de horas de operación”, comentó.

En esa línea, Díaz Vélez replicó que esas funciones administrativas responden a los requisitos de aseguradoras para autorizar los servicios prescritos.