Un antiguo contratista de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) radicó una demanda alegando que la corporación pública y la Oficina Central de Reconstrucción, Recuperación y Resiliencia (COR3, en inglés) conspiraron para evitar que su empresa recibiera tareas en los meses subsiguientes al huracán María, de forma que todos los trabajos de reconstrucción se asignaran a Cobra Acquisitions, la compañía involucrada en un esquema de fraude que, tan reciente como este miércoles, recibió autorización de la jueza federal Laura Taylor Swain para cobrar más de $170 millones por servicios adeudados.

El recurso de Foreman Electric, Inc., presentado ayer mismo en el expediente del caso de reestructuración financiera de la AEE bajo la ley Promesa, menciona al ex director ejecutivo de la corporación pública José Ortiz Vázquez y al actual secretario de Estado, Omar Marrero Díaz, como dos de los oficiales gubernamentales que actuaron contra sus intereses para favorecer a Cobra.

Asimismo, la demanda sostiene que miembros no identificados de la Junta de Gobierno de la AEE intentaron sobornar a ejecutivos de Foreman para “mover adelante las acciones contractuales”.

De inmediato, Marrero Díaz, en entrevista con El Nuevo Día, negó este jueves las implicaciones de Foreman, que describió como “frívolas” y una “chapucería”. No fue posible obtener una reacción de Ortiz Vázquez, quien indicó que estaba atendiendo una situación médica.

“Las alegaciones son totalmente falsas, y es un ejercicio totalmente fútil que radicó la empresa Foreman la noche antes de la vista donde se veía su objeción a la transacción entre la AEE y Cobra. Los que han estado mirando este proceso sabemos el objetivo que se tiene en este asunto. Fue una estrategia legal mal diseñada y, definitivamente, mal implementada. Son alegaciones totalmente falsas, cuyo único objetivo era tratar de darle más relevancia o publicidad a una objeción que había sometido Foreman en el caso de la transacción que se estaba llevando a cabo en cuanto a Cobra”, planteó Marrero Díaz, también director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

El alegato de Foreman sostiene, por un lado, que desde inicios de 2018 –pese a haber obtenido una de las adjudicaciones resultantes de una solicitud de propuestas (RFP, en inglés)– la AEE se negaba a asignarle tareas, lo que evitaba que pudiera facturar por servicios conforme al monto total del contrato, ascendente a $250 millones.

Según la demanda –que, con los anejos, totaliza 751 páginas–, en febrero de 2019, Ortiz Vázquez les indicó que había sometido una hoja de proyecto que se asignaría a la empresa, pero, “a través de un tercero, Foreman advino en conocimiento de que el COR3 no entregaría la hoja a FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias)”.

A continuación, la demanda plantea que Marrero Díaz –en aquel momento, director ejecutivo de COR3– “había dicho que, para hacer negocios, Foreman tendría que trabajar con su gente”. Asimismo, indica que un “primo” de Ortiz Vázquez, identificado como Jordan Orrosco, “se acercó a Bront Bird, principal oficial ejecutivo de Foreman, para que firmara acuerdos que permitieran a Orrosco y sus socios asumir la posición de contratos de Foreman”.

“Eso se vio en un proceso criminal federal y, al día de hoy, queda meridianamente claro que el único caso de corrupción en fondos federales de reconstrucción (en Puerto Rico) fueron los federales en compañía de Cobra. En nada tuvo que ver el gobierno de Puerto Rico, en nada tuvo que ver ningún funcionario”, recalcó Marrero Díaz.

La demanda de la empresa estadounidense, en uno de sus argumentos, confunde a Marrero Díaz con José Iván Marrero, quien fue director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto bajo el gobierno de Ricardo Rosselló.

Entre 2020 y 2022, Ahsha Tribble, quien fungía como subadministradora regional de FEMA luego del huracán María; el presidente de Cobra, Donald Keith Ellison; y Jovanda Paterson, una exempleada de FEMA y amiga de Tribble que pasó a trabajar a Cobra, se declararon culpables de un esquema de fraude. En síntesis, los implicados fueron señalados de conspirar para beneficiar a Cobra mediante las órdenes de trabajo luego del devastador ciclón tropical, cuyo séptimo aniversario se cumple mañana, viernes, a través de contratos que superaron los $1,000 millones.

Uno de esos contratos se adjudicó en marzo de 2018, cuando la AEE adjudicó un RFP a favor de Cobra, Foreman y MasTec Renewables. Según la demanda, el 13 de abril de ese año, en una reunión en el edificio de la AEE, en Santurce, “varios miembros de la Junta de la AEE se acercaron a Talavera (un representante de Foreman) e inquirieron si Foreman Electric estaría dispuesto a pagarles la cantidad de $200,000, sugiriendo que el soborno “movería adelante las acciones contractuales. La solicitud fue rechazada”.

Marrero Díaz, quien había sido vicepresidente de la Junta de Gobierno de la AEE hasta marzo de 2018, cuando renunció a su posición en el organismo, insistió que ese tipo de alegación “nunca” se había levantado.

“Nunca se presentó la evidencia ante las autoridades federales en los casos en contra de Cobra”, expresó Marrero Díaz, quien afirmó que, en el marco de la recuperación inmediata post-María, Foreman “alardeaba” de que la reconstrucción no avanzaría “si no los favorecían”.

En septiembre de 2019, Bird, el presidente de Foreman, se quejó, en una carta a la entonces gobernadora Wanda Vázquez, de que, a pesar de que el contrato de $250 millones estaba vigente, la AEE seguía sin asignarle tareas, de lo que responsabilizó a Ortiz Vázquez.

El miércoles, la jueza Taylor Swain dio paso a la estipulación entre la AEE y Cobra, que permitirá a la empresa recibir cerca de la mitad de los $400 millones que reclamaba por servicios ofrecidos en la reconstrucción, un pacto al que se han opuesto los alcaldes, que estiman que el acuerdo obstaculizaría sus esfuerzos por cobrar arbitrios municipales.