Una coalición de grupos ambientalistas denunció este martes que, a 100 días de iniciada, la administración de la gobernadora Jenniffer González ha incurrido en “crímenes ambientales”, que abarcan la legalización de casetas en el litoral de La Parguera, la extensión de la operación de la carbonera AES Puerto Rico y el debilitamiento de protecciones mediante la flexibilización de permisos.

En ese sentido, indicó Hernaliz Vázquez, portavoz del colectivo Una Sola Lucha, la primera ejecutiva ha impulsado una visión de desarrollo económico que “entra en conflicto” con la protección de los bienes comunes naturales.

“Sus acciones han favorecido la desregulación ambiental y la expansión de energías fósiles, muy particularmente el gas metano, mal llamado gas natural. En sus primeros 100 días en el poder, ha impulsado políticas que facilitan la explotación del territorio, debilitando normativas que protegen el medioambiente y beneficiando intereses privados”, sostuvo Vázquez, también directora de Sierra Club Puerto Rico.

El Nuevo Día solicitó una reacción de La Fortaleza, pero no se obtuvo de inmediato.

Sobre la política energética de González, los miembros de Una Sola Lucha deploraron la exoneración de permisos para proyectos, mediante la Orden Ejecutiva 2025-16, pese a que las comunidades aledañas a plantas de generación, por gas o fincas solares, “llevan años denunciando la violación de leyes y reglamentos”.

En tanto, Víctor Alvarado, del Comité Diálogo Ambiental, cuestionó que la gobernadora dijera, durante su campaña, que su administración sería sensible al medioambiente y que, a su vez, pidiera a la Agencia federal de Protección Ambiental que incluyera a Puerto Rico en una treintena de desregulaciones, que incluyen cambios en las restricciones a la contaminación del aire por mercurio, en las protecciones para cuerpos de agua y en los límites a la expansión de infraestructura fósil en zonas vulnerables, entre otras.

“Estas políticas no solo ponen en riesgo la biodiversidad de Puerto Rico, sino que también agravan la crisis climática y exponen a las comunidades a niveles cada vez más altos de contaminación. Esas políticas (...) son evidentemente nefastas, criminales, promueven la enfermedad y la muerte”, aseguró.

En ese sentido, Alvarado criticó la promulgación de la Ley 1-2025 para extender la vida de AES, en Guayama, y los efectos “nocivos” de las cenizas para las comunidades aledañas a la carbonera.

Durante una conferencia de prensa frente a La Fortaleza, las organizaciones también apuntaron a la primera orden administrativa del secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, para legalizar las casetas de La Parguera, al igual que el proyecto de administración de González para codificar dicha disposición.

“No solo busca legalizar estas estructuras en la zona marítimo terrestre, sino que también propone enmiendas a la ley orgánica del DRNA que debilitan su capacidad reguladora. Además, el proyecto de ley reduce la protección de ecosistemas marinos al modificar las definiciones de ‘usos permitidos’ en estas áreas, facilitando la proliferación de construcciones en espacios tradicionalmente protegidos”, detalló, en tanto, Vázquez.

De otra parte, Vanessa Uriarte, portavoz de Amigxs del M.A.R., aseguró que González no ha cumplido con su promesa de priorizar el reciclaje.

“Su única acción concreta hasta el momento ha sido anunciar una campaña educativa para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del reciclaje, la reducción, el reúso y otras medidas como el compostaje, sin asignar fondos para mejorar la recolección y procesamiento de estos materiales, sin proponer fijar responsabilidad corporativa por los materiales que circulan en nuestro país”, dijo Uriarte.