El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, en inglés) abrió un período de comentarios públicos dirigido a aquilatar los impactos ambientales del propuesto cable eléctrico submarino entre Puerto Rico y la República Dominicana, que, según la compañía proponente, podría comenzar a construirse en 2027 y entrar en servicio tres años después.

En un anuncio publicado en El Nuevo Día el 26 de enero, la agencia federal precisó que, como parte del proceso de comentarios –que se extenderá hasta el 25 de febrero–, se celebrarán sendas reuniones públicas virtuales los días 4 y 5 de febrero, en las que Caribbean Transmission Development Company (CTDC) y el propio DOE “presentarán una visión general del Proyecto Hostos”, como la empresa bautizó el posible desarrollo del cable que conectaría ambos países.

“El proyecto propuesto, llamado Proyecto Hostos, cruzaría el Pasaje de Mona bajo el agua y tocaría tierra en Mayagüez, Puerto Rico, cerca del puerto Sila María Calderón. La porción terrestre del Proyecto Hostos, que conectará el cable submarino a las nuevas facilidades de transmisión, puede implicar la construcción dentro de o cerca de los humedales o la llanura aluvial de 100 años”, describe la convocatoria del DOE.

Como parte del análisis requerido para una determinación en torno a la solicitud para otorgar el permiso presidencial que se necesita para desarrollar el cable submarino, el DOE precisó –en una comunicación colocada en su portal digital el 17 de enero– que primero debe definir el alcance de la evaluación ambiental. Según el DOE, a base de la solicitud de permiso presidencial que CTDC sometió en noviembre de 2023, “actualmente no hay información suficiente para determinar la importancia de los posibles impactos ambientales del Proyecto Hostos”.

“Como resultado, el DOE está preparando una Evaluación Ambiental, de conformidad con la ley de Política Ambiental Nacional (NEPA, en inglés), la cual ayudará al DOE a evaluar los posibles impactos ambientales de la acción propuesta, la gama de alternativas razonables, y si preparar una Determinación de Impacto Ambiental No Significativo (FONSI, en inglés) o una Declaración de Impacto Ambiental (EIS, en inglés). Si el DOE determina que una EIS es necesaria, el DOE emitirá una notificación de intención de preparar una EIS, pero es posible que no lleve a cabo reuniones de alcance adicionales”, indica la dependencia en su página web.

Este martes, una portavoz de CTDC indicó que la compañía no estaría emitiendo expresiones hasta pasadas las reuniones públicas de la semana entrante.

CTCD es presidida por el puertorriqueño Rafael Vélez Domínguez, fundador de la firma de inversiones Atabey Capital. El desarrollo del cable entre Puerto Rico y la República Dominicana, según la empresa ha precisado en entrevistas previas con El Nuevo Día, permitiría transmitir entre 500 y 700 megavatios (MW) de energía en ambas direcciones.

La posibilidad de construir el cable, paralelamente, es contemplada por LUMA Energy en algunos de los escenarios elaborados dentro del marco de la revisión del Plan Integrado de Recursos del sistema eléctrico, documento que irá a discusión pública más adelante este año.

Según Vélez Domínguez, el cable podría traer beneficios a los dos países caribeños debido a los patrones de demanda complementarios, en referencia a que el consumo en Puerto Rico se concentra en horario nocturno –cuando se importaría la energía producida en la jurisdicción vecina–, mientras que, en República Dominicana, por su crecimiento industrial, los picos se producen durante el día.

El mapa preliminar del desarrollo propuesto detalla que el cable tocaría tierra en la localidad de El Cabo, en el sureste de la República Dominicana, mientras que en Puerto Rico se conectarían a una subestación frente a la instalación de generación en Mayagüez, pasando al norte de la isla de Mona.