El 2024 cierra con la polémica renuncia de la ahora exsecretaria de Educación Yanira Raíces Vega y el regreso a la discusión pública del impacto de los cambios demográficos sobre el futuro de las escuelas públicas y privadas, dejando en evidencia la inestabilidad que ha marcado el sector educativo durante todo el cuatrienio.

Los paros en la Universidad de Puerto Rico (UPR) por reclamos atados a sus recortes presupuestarios y la discusión en los tribunales para llegar a un acuerdo económico con familias de estudiantes de Educación Especial hicieron patente, además, el impacto de las decisiones tomadas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en las instituciones educativas y sus servicios.

A continuación, algunos de los eventos del año que está por terminar que marcaron la discusión en temas educativos:

Tras ser nominada al cargo en julio de 2023, Yanira Raíces Vega renunció como titular del Departamento de Educación el 6 de diciembre. A los pocos días, trascendió que la exsecretaria compite para ocupar uno de dos puestos disponibles como superintendente –para las regiones de Arecibo o Bayamón–, plazas a las que cualifica solo porque, en un mismo día en octubre, obtuvo, de manera irregular, certificaciones que la autorizan a ejercer como maestra, directora escolar y superintendente.

Raíces Vega protagonizó otras controversias en sus últimos meses, como ordenar la compra de bultos para maestros que tenían su nombre y la contratación en la agencia de Oriol Campos, del equipo de campaña de la ahora gobernadora electa Jenniffer González. Por esta contratación, salió de la agencia el entonces subsecretario asociado, Luis González.

Uno de sus últimos actos como secretaria fue su presentación en las vistas de transición, donde rechazó el cierre de más planteles públicos en la isla, pero reconoció que la agencia necesita reevaluar la distribución de la matrícula escolar. El Departamento de Educación registró, para este semestre, una matrícula oficial de 235,819 estudiantes, lo que representa una disminución de 5,091 respecto al año escolar anterior.

La baja en la población de edad escolar y los aumentos en costos de operación obligaron a instituciones de educación primaria a hacer ajustes o clausurar este 2024.

Hasta el 10 de julio, siete colegios habían informado oficialmente su cierre, ante la Oficina de Registro y Licenciamiento de Instituciones de Educación, adscrita al Departamento de Estado.

A lo largo del segundo semestre del año escolar y este verano, El Nuevo Día recopiló que, al menos, nueve instituciones de educación básica privada habían anunciado sus cierres: el Colegio Beato Carlos Manuel, en Bayamón; Carvin School, en Carolina; la Academia Nuestra Señora de la Providencia, en Cupey; el Colegio Nuestra Señora del Carmen, en Villalba; el Colegio Carmen Sol, en Toa Baja; el Colegio Santísimo Rosario, en Yauco; el Colegio San Andrés, en Mayagüez; el Colegio Nuestra Señora de Belén, en Guaynabo; y el Colegio Sagrada Familia de Nazaret, en Ponce.

La cantidad de estudiantes en escuelas privadas en Puerto Rico disminuyó en un 17% entre el año escolar 2016-2017 y el 2022-2023, de 130,899 estudiantes a 108,843, que son los datos más recientes disponibles a través el Departamento de Estado. Para el año escolar 2016-2017, en Puerto Rico, había 715 escuelas privadas, una cifra que se redujo a 578 para el año escolar 2023-2024.

La apertura de nuevas escuelas chárter para este año escolar permitió que la reducción proyectada en la matrícula estudiantil fuera menor a lo esperado, pues los planteles, en parte, recibieron alumnos de las escuelas privadas que cerraron.

Siete nuevas escuelas chárter abrieron este año escolar, entre ellas, cuatro bajo la bandera de LEAP Social Enterprise.

Esta ampliación se dio meses después que, en febrero, la discusión de una pieza legislativa que proponía una moratoria en el establecimiento de escuelas públicas alianza en la isla despertó, nuevamente, el debate por el funcionamiento de este tipo de plantel. La Ley 85 de Reforma Educativa de 2018 viabilizó el establecimiento de este modelo escolar en Puerto Rico y dictó que no más del 10% de las escuelas públicas pueden ser chárter, lo que equivale, en este momento, a unos 85 planteles. El Senado derrotó la medida.

La región educativa de Ponce se convirtió en la primera en iniciar la transición, a partir de agosto, para convertirse en una agencia educativa local (LEA, en inglés), con mayor autonomía, como parte del plan de trabajo para descentralizar el sistema educativo. La designación de Ponce se dio luego de un proyecto con tres “zonas piloto” a inicios de 2024, mediante el cual se identificaron las áreas en las que se debía trabajar para dar paso a la descentralización.

En junio, el saliente secretario de Educación de Estados Unidos, el puertorriqueño Miguel Cardona, urgió a la agencia local a tomar acciones concretas para adelantar la descentralización, y estableció que se debía crear una LEA provisional para el próximo año escolar, con miras a que la primera LEA en propiedad esté en funcionamiento para agosto de 2025.

La Oficina Regional Educativa (ORE) de Ponce presentó sus primeros cuatro planes de trabajo al gobierno federal para recibir y administrar, por primera vez, fondos federales sin tener al nivel central de Educación como intermediario.

Cardona ha urgido a la gobernadora entrante a dar continuidad a la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (IDEAR), un esfuerzo que él personalmente ha respaldado.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, habló durante la campaña electoral de eliminar el Departamento de Educación federal, y propuso que la supervisión de la educación esté en manos de los estados. Eliminar Educación federal es, además, una de las propuestas contenidas en el controvertido Proyecto 2025, confeccionado por la Fundación Heritage. Trump se distanció durante la campaña electoral del documento, preparado por un grupo de expertos que, en su amplia mayoría, tiene estrechos lazos con el presidente electo.

Trump ya anunció que nominará como secretaria de Educación federal a Linda McMahon, exadministradora de Pequeños Negocios y cofundadora y principal oficial ejecutiva (CEO, en inglés) de la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE).

Ante la falta de un plan concreto, es incierto el impacto de esta propuesta sobre Puerto Rico, que este cuatrienio ha recibido particular atención de parte de la agencia federal. Durante su primer mandato, Trump intentó consolidar Educación con el Departamento del Trabajo, pero el Congreso no actuó sobre la propuesta.

La JSF propuso ofrecer un acuerdo económico a miles de familias de niños con impedimentos y condiciones de salud para, tras décadas de litigio, poner fin a las reclamaciones derivadas del caso Rosa Lydia Vélez por la falta de servicios adecuados de Educación Especial bajo el Departamento de Educación. La JSF detalló que se hará una oferta de $25,000 por familia a cambio de que se desista de cualquier reclamación, monto que se reduce a $5,100 por descuentos establecidos en el Plan de Ajuste.

Tanto el Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial como la Alianza de Autismo de Puerto Rico se opusieron a la oferta de liquidación. La jueza Laura Taylor Swain ordenó a la JSF continuar las conversaciones con los representantes legales de miles de familias a fin de intentar llegar a acuerdos que permitan atender las reclamaciones económicas que, por años, han estado ante los tribunales y presentar un informe para el 10 de enero del año próximo.

Los problemas que enfrentan las familias de estudiantes con impedimentos y condiciones de salud para recibir servicios adecuados quedaron plasmados más temprano en el año, cuando instituciones académicas que sirven a esta población advirtieron sobre las secuelas de la falta de pagos por parte de Educación.

Los continuos recortes presupuestarios que ha enfrentado la UPR por los pasados años y los pasos que debe tomar la administración para justificar el uso de fondos ante la JSF provocó varias dilaciones este año en el cumplimiento de beneficios a sus empleados, las que dieron paso a varios paros y manifestaciones de, al menos, tres de los sindicatos que representan a trabajadores universitarios.

A finales de octubre, el Sindicato de Trabajadores realizó un paro para exigir a la administración universitaria que cumpliera con acuerdos establecidos previamente, entre ellos, un aumento salarial para aquellos que ganan menos del salario mínimo. El mismo reclamo provocó una huelga de un día en septiembre. También en octubre, la administración de la UPR entregó los documentos requeridos por la JSF para dar paso a la implantación del convenio colectivo de la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (Heend), una determinación que frenó un paro de 24 horas que el sindicato había anunciado. La Heend aprobó, en febrero, un voto de huelga para reclamar que se cumpliera con su convenio colectivo. La Federación Laborista de Empleados Universitarios del Recinto Universitario de Mayagüez (Fleurum) también ejerció presión para lograr que la administración firmara su convenio colectivo.

Desde el año fiscal 2019-2020 al presente, el presupuesto operacional de la UPR –que incluye las asignaciones del Fondo General, ingresos propios e ingresos de la Ley de Juegos de Azar– ha disminuido en $86 millones.