El alcalde popular de Río Grande, Ángel González Damudt, enfrentará una investigación por un Fiscal Especial Independiente.

En comunicado de prensa, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) anunció la designación del FEI en la mañana de este viernes, luego de “evaluar detenidamente la prueba” recopilada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia.

La entidad señaló que el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, refirió el caso con la recomendación de designar un FEI para el funcionario municipal.

Justicia resaltó, en el escrito, que la DIPAC estableció, en su informe, que existe causa suficiente para creer que el alcalde Gonzalez Damudt y el exdirector de Finanzas, Luis A. Pagán Padró, cometieron el delito de incumplimiento del deber (Artículo 262) y malversación de fondos públicos (Articulo 264) del Código Penal de Puerto Rico.

Igualmente, la agencia considera que el alcalde González Darnudt incurrió en infracción a la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

“Luego de un extenso análisis del referido informe de investigación y de la evidencia que lo acompaña, el Panel consideró que surge prueba tendente a demostrar que González Damudt, así como el exdirector de Finanzas, pudieron haber incurrido en las violaciones de ley que se indican en el mismo”, indicó el PFEI.

El Panel asignó el caso a la fiscal especial Fabiola Acarón Porrata-Doria, asistida por la fiscal Ileana Agudo Calderón. Las fiscales tendrán 90 días para realizar la investigación a fondo. De requerir tiempo adicional, deberán solicitarlo al panel, que recordó que “el quantm de prueba que se recopila y considera durante el trámite de la investigación preliminar” que hace Justicia “es distinto” al que corresponde al FEI.

“En la orden a las fiscales también se les faculta a proceder contra cualquier otro funcionario que haya incurrido en violaciones de ley en cuanto a estos hechos”, apuntó el OPFEI.

En marzo pasado, Emanuelli Hernández informo que recomendó la designación de un FEI en relación al alquiler de vehículos de motor.

Detalló que la pesquisa en Justicia comenzó tras un referido de la contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, en contra del alcalde por los hallazgos de una auditoría relacionada a alquileres a la empresa Allied Car & Truck Rental, Inc., desde agosto de 2016 hasta diciembre de 2020.

En síntesis, la contralora concluyó que el municipio se apartó de las normas legales relacionadas con las compras y el uso de fondos públicos, por lo que, presuntamente, se desembolsaron fondos públicos ilegalmente. Además, le imputó responsabilidad al alcalde del Partido Popular Democrático (PPD), y a otros funcionarios involucrados en el proceso, por la corrección y exactitud en los desembolsos del erario.

Entre los hallazgos medulares de la pesquisa se desprende que, desde agosto de 2016 hasta diciembre de 2020, el municipio alquiló vehículos de motor a Allied y desembolsó fondos por ese concepto a favor del arrendador y sin la existencia de un contrato válido, según Justicia.

También, en ese periodo se celebró solamente la subasta sobre alquiler de equipo liviano, en la que el único licitador fue Allied. A esta empresa, la Junta de Subastas no le dio el visto bueno para participar en el proceso de licitación porque su propuesta económica no cumplía con las expectativas del municipio, agregó la agencia en un comunicado de prensa emitido.

A pesar de lo anterior, el municipio continuó alquilando los vehículos a Allied y pagando las facturas en las que, periódicamente, se reflejaba un aumento en el costo del alquiler por unidad, lo que representó más de la cantidad de dinero presentada en la propuesta en el proceso de subasta, según los datos revelados por Justicia.

En ese periodo, además, el municipio también expidió pagos duplicados a Allied. La evidencia obtenida por la DIPAC establece que la conducta del alcalde y del exdirector de Finanzas causó la pérdida de fondos públicos en el municipio ascendentes a más de $423,000, aproximadamente.

El Nuevo Día solicitó una reacción de González Damudt. Su portavoz indicó que lo hará mediante declaraciones escritas que divulgará más adelante.

Tras el referido de Emanuelli Hernández, en marzo pasado, González Damudt indicó en comunicado de prensa que con relación a la pérdida de $423,000 “negamos rotundamente lo expresado por el Departamento de Justicia”.

“Gracias a la sana y correcta administración, hemos logrado colocar las finanzas de nuestro pueblo en las mejores circunstancias que han estado en las pasadas décadas”, sostuvo González Damudt, quien se mostró confiado en ese momento “en que, culminado el proceso, el resultado validará que el Municipio, su personal y este Alcalde, hemos actuado conforme a la ley y en favor de todos los residentes de Río Grande.

“Por último, queremos destacar lo oportuno de este referido en pleno periodo eleccionario. No es la primera ocasión en que, cercano a las elecciones, se levantan dudas y alegaciones sobre el desempeño administrativo de este Alcalde o de su equipo de trabajo”, apuntó..

“Como hemos presenciado en tiempos recientes, la oposición política se vale de cualquier herramienta o estrategia para hacer lo que no pueden hacer en las urnas”, afirmó. “Sin embargo, tal y como ha ocurrido en el pasado, confiamos en que prevalecerá la verdad y este proceso validará la gestión correcta y la sana administración que opera en nuestro municipio”.