Canóvanas - Autoridades estatales y federales investigan la remoción de terreno en un predio aledaño al Bosque Nacional El Yunque, en jurisdicción del municipio de Canóvanas, una situación que ha generado preocupación entre vecinos y el propio ayuntamiento, ante la posibilidad de impacto ambiental adverso en una zona ecológicamente sensible.

“Tan pronto tuvimos conocimiento del asunto, lo analizamos y procedimos a comunicarnos con el administrador de El Yunque y radicamos una querella ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) con el fin de que se investigue, se tomen las medidas correctivas que correspondan y otras acciones pertinentes ante tales acciones”, dijo la alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto, por escrito, a El Nuevo Día.

Precisó que el Municipio recibió, a finales de febrero, la denuncia sobre la remoción de terreno que, presuntamente, se lleva a cabo sin permisos.

“Hemos estado en comunicación con las agencias estatales y federales que velan por la protección de nuestros recursos naturales para garantizar que cualquier acción que se tome cumpla con la reglamentación vigente y no cause daño ambiental”, indicó Soto.

En su querella, el Municipio de Canóvanas planteó que “están realizando un movimiento de corteza terrestre que está afectando la seguridad y estabilidad de la (carretera) PR-186 y de la propiedad colindante”. Añadió que quienes realizan los trabajos “no cuentan con los permisos correspondientes para el proyecto”.

La situación fue reportada, específicamente, en el barrio Cubuy. Imágenes suministradas a El Nuevo Día muestran la remoción mediante el uso de vehículos pesados. Luego, en una visita, este medio constató que hubo remoción en los lados norte y sur de la PR-186. En el lugar, no hay letreros sobre proyectos en curso con permiso de la OGPe; sí hay letreros alusivos a El Yunque.

Ana Delia Velázquez, vecina del lugar, mostró preocupación en torno al posible impacto ambiental, incluyendo un cuerpo de agua cercano, así como en su propio terreno. Alertó, de paso, que el dueño del terreno habría comenzado los trabajos sin notificar a la comunidad.

“Esto no es nada personal, es una cuestión de que, si responsablemente voy a hacer unos cambios o modificaciones en mi terreno que pueden afectar al vecino, tengo que notificar lo que voy a hacer, hacerlo de una manera profesional, tener los cuidados con lo que son las escorrentías de agua, declives, la tierra que está ya por encima del nivel nuestro”, planteó.

“Esto es adicional a lo que es el daño ecológico; estamos hablando de remoción de árboles, flora, fauna y posible contaminación de un cuerpo de agua”, agregó Velázquez, tras relatar que, en algún momento, el dueño habría expresado su presunta intención de construir un espacio para estacionamientos y quioscos.

El Nuevo Día se comunicó con el propietario del terreno, quien no estuvo disponible. Pero uno de los dueños del proyecto, que prefirió no ser identificado, negó cualquier imputación, y mencionó que los trabajos están relacionados con una obra agrícola, de la que no dio detalles.

“La alcaldesa no promueve ni el desarrollo económico, ni el turismo ni la actividad agrícola, ni las conversaciones”, expresó.

Posteriormente, este medio tuvo acceso a facturas de arbitrios, patente y notificación de requisitos para aprobación de un permiso de construcción, a nombre de la compañía 40 Acres LLC, correspondientes a la “remodelación interior de estructura existente”.

Además de la OGPe, la situación fue referida al Servicio Forestal de Estados Unidos, a cargo de El Yunque. “El Servicio Forestal no puede hacer comentarios sobre una investigación en curso”, expresó, por escrito, Keenan Adams, supervisor forestal del Bosque Nacional.

Por su parte, el subsecretario y comisionado del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Nelson Cruz, confirmó el recibo de una querella el 1 de marzo, la cual refirió a investigación. “En estos momentos, nos encontramos evaluando el insumo recibido para delinear (el) plan de acción”, planteó Cruz, por escrito.

En respuesta a una petición de información, la OGPe indicó que, “según el sistema, no hay ningún trámite sometido para esta propiedad”, en referencia a los trabajos en el terreno en el lado sur de la PR-186, hacia la zona montañosa. Sobre el terreno en el lado norte, informó que un profesional autorizado expidió, en octubre de 2023, una determinación de cumplimiento ambiental vía exclusión categórica, así como un permiso de construcción el 8 de abril de 2024.

Luego, la OGPe añadió que, tras visitar la zona –en una fecha no precisada–, “solo se observó el levantamiento de una capa vegetal, y esto no viola la reglamentación de la Junta de Planificación (JP)”. Para la remoción de la capa vegetal, se requiere un permiso del DRNA. La JP refirió el asunto a Recursos Naturales, indicó, en declaraciones escritas.

Sobre la querella presentada por el Municipio de Canóvanas, la OGPe refirió el asunto a la JP. El presidente de la JP, Héctor Morales Martínez, indicó que, “en ese predio del catastro que aparece en la querella, se permiten usos comerciales mediante consulta de ubicación”.

“En nuestro sistema, no aparece que haya consulta de ubicación, que todo proponente debe radicar en OGPe. Es posible que tenga consulta de ubicación y no esté en el SBP (‘Single Business Portal’). Se enviará inspector para identificar si el movimiento de terreno está en la propiedad que dice la querella y tomar las acciones que correspondan”, precisó Morales Martínez, por escrito.