El exrepresentante novoprogresista Antonio “Tony” Soto y el exconsultor legislativo y contratista a José Miguel “Joe” Huertas Torres fueron incluidos en una pesquisa que lleva a cabo la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos en la Autoridad de Tierras, adscrita al Departamento de Agricultura.

La información fue confirmada este lunes por la fiscal especial Zulma Fúster quien explicó, en entrevista con El Nuevo Día, que la investigación en curso había estado en pausa debido a que la Oficina del Contralor realizaba una auditoría en la agencia, en la que manejaban información relacionada con la pesquisa que ya había iniciado la Opfei.

La fiscal especial comentó que, una vez la Oficina del Contralor culminó su auditoría y la Opfei retomó su investigación, identificaron “información más específica” que los llevó a “dirigir la investigación más enfocada” en Soto y Huertas Torres.

Originalmente, la pesquisa incluía solo a la ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras Dorally Rivera Martínez; la exadministradora de Finanzas de esa entidad Astrid Rivera Febres, y el ingeniero Miguel Santiago Irizarry. Fúster, una de las fiscales a cargo del caso, precisó que, tras solicitar al Panel ampliar la pesquisa, tanto Soto como Huertas Torres, y las partes originalmente investigadas fueron notificadas el viernes.

“Sobre una resolución aprobada por el PFEI donde se me añade en una investigación que realiza dicha entidad en relación con fondos asignados para mejoras en la Quebrada Margarita en Guaynabo cuando fui legislador, tengo que indicar que, de la misma notificación, se desprende que la autorización solicitada para mi inclusión, y cito: ‘no constituye una determinación de que las personas investigadas, aquí mencionadas, cometieron delito’”, anotó Soto, en declaraciones escritas.

Los fondos a los que Soto hizo referencia fueron asignados al Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc., bajo el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes (Fondos de Mejoras Municipales), entre 2020 y 2021, destinados a obras en la quebrada Margarita, desde la avenida Roosevelt hasta la carretera PR-19. La labor, sin embargo, no se hizo.

Una investigación de El Nuevo Día reveló que la Autoridad de Tierras otorgó dos contratos, que sumaron $1.5 millones, al Centro Comunitario, para un proyecto de infraestructura en la quebrada Margarita, sin que la entidad estuviera autorizada por ley para administrar ese tipo de obras, que requieren una pericia que sus directivos no tienen.

La Autoridad había contratado a Huertas Torres como el técnico a cargo de los proyectos en el distrito de Bayamón y servía como enlace entre la dependencia, las organizaciones sin fines de lucro que recibían los fondos y los legisladores que asignaban el dinero.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, precisó entonces que parte de los fondos que recibió la Autoridad fueron asignados por él, a petición de Soto.

“Reitero que mi trayectoria como funcionario público fue una transparente e íntegra, donde siempre procuré tomar las mejores determinaciones para atender de manera eficiente las necesidades de mi distrito y Puerto Rico en cumplimiento con la Constitución y las leyes aplicables”, enfatizó Soto en sus expresiones a este medio.

Cuando la Opfei anunció la pesquisa en contra de las tres figuras originalmente investigadas, indicó que la determinación se tomó ante un informe del Departamento de Justicia que sugería que los exfuncionarios, presuntamente, utilizaron propiedad pública para gestiones personales y usaron o permitieron el uso de fondos públicos para otros fines no autorizados por ley.

La entidad pública señaló que la investigación de Justicia apuntaba a que Rivera Martínez, Rivera Febres y Santiago Irizarry incurrieron en posibles violaciones de ley bajo el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes de la Autoridad de Tierras. La pesquisa realizada por Justicia comenzó, a su vez, tras recibir una comunicación del exsecretario de Agricultura Ramón González Beiró.

“Conforme a los documentos que se incluyen en el récord que nos fue remitido con el informe de investigación preliminar, surge prueba tendente a demostrar que los aludidos funcionarios podrían haber incurrido en violaciones al Código Penal, a la Ley de Ética Gubernamental y al Código de Rentas Internas de 2011″, estableció la resolución de la Opfei.

Fúster sostuvo que, por tratarse de una pesquisa en curso, no añadiría información sobre la investigación.