La Universidad de Puerto Rico (UPR) podría verse dramáticamente afectada por los cambios impulsados por la administración de Donald Trump sobre las subvenciones federales y agencias que financian investigaciones científicas y académicas, alertaron funcionarios universitarios.

La rectora del Recinto de Río Piedras, Angélica Varela Llavona, emitió una carta circular, en la cual urgió al gobierno federal a revaluar las decisiones y al gobierno local a apoyar a las instituciones.

“Instamos al gobierno federal a reconsiderar estas reducciones presupuestarias y a priorizar el financiamiento de estas agencias como una inversión esencial en el desarrollo científico y en el futuro del país. Asimismo, en caso de que estas medidas se implementen, solicitamos al gobierno local establecer mecanismos para mitigar su impacto en el ecosistema de investigación. La inversión en investigación no solo fortalece la competitividad en la economía global, sino que también asegura que la ciencia y la innovación beneficien a toda la sociedad”, expresó Varela Llavona en la comunicación divulgada el viernes.

La administración de Trump ha emitido órdenes para, primero, congelar y, luego, para revisar el otorgamiento de subvenciones federales. Entidades que financian investigaciones, como los Institutos Nacionales de Salud (NIH, en inglés) y la Fundación Nacional de Ciencias (NSF, en inglés), detuvieron los pagos y comenzaron a desembolsarlos nuevamente hace poco más de una semana, pero con cambios a sus reglas.

A principios de febrero, los NIH anunciaron que estaban reduciendo los pagos hacia los costos generales para las instituciones de investigación que reciben sus subvenciones, una política que podría dejar a las universidades con grandes brechas presupuestarias, reportó The Associated Press.

La UPR recibió, el 7 de febrero, una comunicación que establece que los recobros de costos indirectos –que incluyen, por ejemplo, gastos administrativos o pago a cierto personal– serán al 15%, sin importar la tasa previamente negociada por la institución. Dentro del sistema universitario, hay proyectos de investigación que habían pactado recobro de costos indirectos que fluctuaban de un 8% a 50%, detalló la UPR.

Asimismo, la UPR se verá impactada por órdenes que mandatan la terminación de todos los programas y fondos referentes a energía renovable, cambio climático y la crisis ambiental; y las que disponen la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

Varela Llavona destacó que el Recinto de Río Piedras ha recibido más de $6.5 millones de NIH y $22.5 millones de la NSF en los pasados tres años fiscales. En 2021, según datos de NSF, el recinto ocupó el segundo lugar entre las mejores instituciones de cuatro años para los doctorados hispanos y el primer lugar para mujeres hispanas cursar estudios de doctorado en los Estados Unidos, precisó la rectora.

“Cada avance científico y médico depende tanto del talento investigador como de los materiales y equipos de laboratorio utilizados. Si bien estos elementos se financian como costos directos, la investigación también requiere infraestructura, mantenimiento de facilidades, servicios básicos como electricidad y agua, y personal administrativo para garantizar el cumplimiento de regulaciones. Estos gastos esenciales, conocidos como costos indirectos, son cruciales para el sostenimiento de espacios de investigación de vanguardia”, sostuvo Varela Llavona.

“Actualmente, la mayoría de los costos indirectos que recibe nuestro recinto fluctúan entre el 34% y el 49%. La implementación de un límite del 15% en el apoyo a costos indirectos reduciría drásticamente estos fondos, afectando la continuidad de proyectos y el sistema organizativo de nuestro Decanato de Estudios Graduados e Investigación”, agregó.

El Recinto de Río Piedras está clasificado como institución de alto nivel de investigación R2 por la Fundación Carnegie para el Avance de la Enseñanza, designación que le fue renovada el 13 de febrero. Ese mismo día, el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) recibió la designación R2 por primera vez, por lo que el sistema de la UPR cuenta con las únicas dos instituciones con ese alto nivel de producción de investigación en Puerto Rico.

El rector del RUM, Agustín Rullán, indicó, en entrevista previa con El Nuevo Día, que, ante la incertidumbre de la nueva administración federal, la clasificación de R2 es el elemento que Mayagüez necesita para enfrentar los retos.

“Esto se va a poner difícil y, para poder tener acceso a esos fondos, tenemos que ser una universidad de élite. Es el momento oportuno para recibir el anuncio (de la designación), pues lo que viene es de gran preocupación”, expresó.

La semana pasada, el entonces presidente interino de la UPR, Orestes Quesada González, alertó que la institución no puede financiar los recortes que ordene el gobierno federal, pues no cuenta con fondos adicionales en el presupuesto certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“La eliminación de los fondos destinados a la investigación en la Universidad de Puerto Rico tendrá un impacto devastador en nuestra capacidad para realizar estudios científicos de alta calidad. Las restricciones a los costos indirectos limitan severamente los recursos disponibles para nuestras unidades académicas, afectando la infraestructura esencial para los laboratorios y restringiendo las oportunidades de investigación para nuestros estudiantes y profesores”, indicó Quesada González, en declaraciones escritas.

“Las órdenes ejecutivas del presidente Trump ponen en peligro los avances científicos críticos que, en muchos casos, dependen de la estabilidad financiera y el apoyo que nos han brindado históricamente los fondos federales”, agregó.

El jueves, la Junta de Gobierno de la UPR designó a Miguel Muñoz como presidente interino del sistema universitario. Muñoz fue presidente en propiedad de 2011 a 2013, cuando la UPR perdió acceso a $7 millones destinados para investigaciones otorgados por la NSF.