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En suspenso la implantación del nuevo convenio colectivo entre la UPR y empleados exentos no docentes

La Junta de Supervisión Fiscal presentó un extenso requerimiento de información que deberá ser respondido en o antes del próximo viernes

19 de octubre de 2024 - 12:31 PM

Updated At

Actualizado el 19 de octubre de 2024 - 2:21 PM

En febrero, la Heend activó un voto de huelga ante lo que consideraban eran las trabas para finiquitar la aprobación del convenio colectivo. (Ramon "Tonito" Zayas)

La entrada en vigor del nuevo convenio colectivo entre la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) quedó en suspenso luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) enviara ayer, viernes, una carta al presidente universitario, Luis A. Ferrao Delgado, señalando que carecía de suficiente información para evaluar el pacto, cuyas negociaciones entre el sindicato y la institución se han extendido por años.

“Tras revisar el contrato propuesto y la documentación de apoyo sometida por la UPR, la Junta de Supervisión no se encuentra todavía en posición de emitir una determinación final, toda vez que se requiere mayor información para continuar el proceso de revisión de acuerdo con la política de revisión de contratos”, expresó Robert F. Mujica, director ejecutivo de la JSF.

“Sin esta información, es imposible determinar el impacto fiscal del contrato propuesto”, añadió en la misiva a Ferrao Delgado.

En declaraciones escritas, Ferrao Delgado confirmó que la UPR había recibido la comunicación del organismo fiscal. “La UPR va a cumplir con los requerimientos de la información solicitada por la JSF”, expresó el presidente del primer centro docente del país.

Al momento de publicación, no había sido posible obtener una reacción del presidente de la Heend, Carlos De León.

La Junta de Supervisión no se encuentra todavía en posición de emitir una determinación final, toda vez que se requiere mayor información
Robert F. Mujica

En la carta, Mujica pidió a la UPR que remitiera la información correspondiente a cada empleado cubierto por el convenio propuesto, incluyendo las posiciones, estatus laboral, tiempo de servicio, salario por hora, mensual y anual y beneficios marginales. Asimismo, solicitó una tabulación de las cantidades de empleados a tiempo completo y parcial y un cálculo de los salarios promedios por categoría.

El director ejecutivo de la JSF requirió, de igual forma, que se proveyeran los mismos datos correspondientes a los años fiscales 2022, 2023 y 2024.

Como parte de la solicitud de información, Mujica también indagó sobre cinco artículos específicos del convenio pactado entre la UPR y la Heend relacionados con el impacto del aumento del salario mínimo a $10.50 por hora, los beneficios de cubierta médica, la asistencia económica disponible para el desarrollo académico del empleado y sus dependientes, las licencias por enfermedad y los efectos fiscales de la aplicación del nuevo plan de clasificación y retribución.

Según la comunicación, la UPR deberá entregar la información en o antes del próximo viernes.

El anuncio del convenio se produjo el pasado 4 de junio, días después de que la Junta de Gobierno de la UPR diera su aval al documento.

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“Podría ser una huelga de recinto cerrado si no llegamos a un acuerdo”, expresó un miembro del comité negociador de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes.

Antes de que el organismo rector de la institución docente ratificara el convenio –que tendrá vigencia hasta junio de 2027–, la Heend, que agrupa a cerca de 3,700 trabajadores, había aprobado un voto de huelga, que se dejó sin efecto al concretarse la firma.

En aquel momento, Ferrao Delgado describió la firma del pacto como un logro, y rechazó que la implantación de las cláusulas tuviera algún efecto adverso sobre las finanzas universitarias.

“Por unos cálculos, las licencias de maternidad, de paternidad, que son por ley, por los cambios demográficos no van a generar unos gastos como en otros años hubiera generado y eso va en favor de la aprobación del convenio”, expresó Ferrao Delgado, a finales de mayo.

Como parte de las negociaciones, se acordó que los empleados no docentes recibirían una bonificación de $3,000, para lo que la JSF autorizó una partida de $12.3 millones que se desembolsarían en dos plazos, uno a final del año fiscal 2023-2024 y otro antes del 28 de febrero de 2025.

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