Las organizaciones Sierra Club Puerto Rico y Solar United Neighbors (SUN) presentaron un recurso judicial con miras a intervenir en el pleito presentado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para anular la Ley 10 de 2024, que extiende hasta 2031 los incentivos del programa de medición neta, aplicable a “prosumidores” de energía.

El recurso conjunto, sometido por los abogados Rolando Emmanuelli Jiménez y Zoé Negrón Comas, reitera que la Ley 10, contrario a los argumentos de la JSF, no modifica la política pública ni limita los poderes del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), sino que supone meramente “un cambio de fecha”.

Según la JSF, la Ley 10 restringe el campo de acción del NEPR, pues le impide implantar cambios a los beneficios que reciben los participantes de la medición neta, que al presente venden a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) la energía que generan al mismo precio que los consumidores compran la energía de la red.

En el recurso presentado ante la jueza federal Laura Taylor Swain, quien preside el caso de reestructuración de la AEE bajo el Título III de la ley Promesa, las entidades rechazaron que la extensión del mecanismo de medición neta atente contra los ingresos futuros de la corporación pública.

“Solo habría una brecha de ingresos, como resultado de la medición neta, si la AEE fallara en pronosticar razonablemente las ventas (de energía). Además, los beneficios de la medición neta no se consideran (en los alegatos de la JSF), que incluyen, pero no se limitan, a evitar costos de capacidad (de generación eléctrica), evitar costos de energía, mayor confiabilidad de la red y evitar costos de transmisión y distribución”, sostuvieron el Sierra Club y SUN, en el recurso sometido el martes.

Para las organizaciones, la razón por la que la Ley 17 de 2019 ordenaba al NEPR revisar la medición neta este año era la premisa de que, a este punto, la cartera de energía renovable en Puerto Rico habría superado el 25%, en contraste con el aproximadamente 6% existente, muy lejano del 40% estipulado para 2025.

“Dada la lenta integración de renovables, incluso con un ritmo de 3,500 instalaciones (de sistemas solares) al mes, es difícil que Puerto Rico cumpla con la Ley 17 para 2040, sin hablar del 2025″, indica la petición de intervención, que subraya que el propio plan fiscal certificado por la JSF “se basa” en los supuestos de que el país logrará sus objetivos de energía limpia.

“Permitir que haya cambios en la manera en que se compensa a quienes producen energía en sus techos podría impactar a muchas comunidades, acabaría con cientos de empleos e impediría que miles de personas accedan a la energía solar, la resiliencia y el ahorro en energía local”, expresó este miércoles David Ortiz, director de SUN, en un comunicado de prensa.

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REFERENCIAS:

Ley 17 de 2019

Ley 10 de 2024