Manatí - Nitza Rivera Meléndez, de 73 años, hizo este viernes, 25 de abril, su última gestión en la clausurada oficina de servicio al cliente del consorcio LUMA Energy en este municipio. La cuidadora de su madre, de 97 años, buscaba renovar un subsidio en la factura de energía eléctrica para personas encamadas.

Trasladarse desde Barceloneta hasta la pequeña oficina, de por sí, es complejo y conlleva planificación, pues la adulta mayor debe dejar a su madre al cuidado de otra persona, por las atenciones que requieren las condiciones que padece.

“Casi siempre uno tiene situaciones. Le viene más alto (la factura del servicio eléctrico o) uno tiene que reclamar algo. Entonces, ahora mismo, me informa ella (empleada de LUMA) que hoy es el último día que trabaja esta oficina”, detalló Rivera Meléndez.

La paciente de osteoartritis estima que, ahora, tendrá que buscar quien cuide a su madre por más tiempo, debido a que tendrá que ir hasta Arecibo o Vega Baja para gestionar sus asuntos o transacciones con la empresa privatizadora, que administra la red de transmisión y distribución desde 2021.

Mientras Rivera Meléndez conversaba con El Nuevo Día, Miguel Rodríguez salió indignado de la oficina en la que gestionó su último pago.

“Es un abuso que tienen aquí con el pueblo, porque nosotros somos de esta área. Entonces, nos quitan lo más cercano que tenemos. El que no tenga vehículo, (las) personas mayores, ¿qué van a hacer, pagarlo en los bancos? A veces, los bancos no los cogen (los pagos) porque están atrasados. No lo pagan a tiempo. Entonces, cuando viene a ver uno, le cortan la luz. Eso es siempre una cadena”, expresó el hombre de 59 años y residente en Manatí.

LUMA Energy anunció en marzo el cierre sus oficinas en Cayey, Manatí, Naranjito, Santa Isabel, San Sebastián, San Germán y Utuado. En ese momento, el consorcio afirmó que la determinación se daba para reducir “significativamente los costos operativos”, puesto a que estos centros estaban ubicados en propiedades alquiladas.

Afuera de la oficina de Manatí, un cartel anunciaba el cierre definitivo del establecimiento. Además, listaba los dos Centros de Experiencia al Cliente de LUMA más cercanos a Manatí: Arecibo y Vega Baja. También, nombraba ocho establecimientos donde los clientes podrían hacer sus pagos, entre los que había farmacias, cooperativas, oficinas de planes médicos y una tienda por departamentos.

Yolanda Suárez, de 68 años, miraba aquel rótulo con disgusto. Esta oficina era “la más cercana, la más accesible” para emitir sus pagos.

“En Barceloneta, tenemos un sitio para pagar porque tenemos servicios integrados, pero ya que estoy por aquí, siempre he tenido esta opción. Y, ahora, no tenerla, cada día (se) dificulta más. Pero hay que seguir bregando con este sistema que nos imposibilita, cada día, a nosotros, hacer nuestras gestiones”, comentó la clienta de LUMA.

Originalmente, el cierre de las oficinas estaba pautado para el 28 de marzo. Tras la intervención de La Fortaleza, había quedado pospuesto, pero LUMA afirmó luego que su decisión era “definitiva”. La determinación también ha recibido una ferviente oposición de los alcaldes de los municipios afectados.

“Reforzamos la disponibilidad de opciones alternas de servicio para los clientes a través de 18 Centros de Experiencia del Cliente activos y los más de 900 puntos de pago autorizados en toda la isla en farmacias, supermercados, estaciones de gasolina y otros comercios”, comunicó la privatizadora, en declaraciones escritas remitidas a este diario.

Pese a la determinación, LUMA informó que los centros de San Sebastián y Naranjito permanecerán abiertos por seis meses, con un personal que servirá para orientar sobre las otras oficinas cercanas y redirigir a los clientes. Sin embargo, no gestionarán los pagos, gestión que representa el 90% de las transacciones que se realizan en estas oficinas.

El consorcio explicó que el criterio de selección para continuar temporalmente con personal en San Sebastián y Naranjito se basó en que las instalaciones le pertenecen a LUMA, contrario a los otros cinco centros cerrados.

“Para todo perdido, algo recuperado. Por lo menos, se mantiene. Eso todavía nos da tiempo para que ellos también puedan seguir evaluando y nosotros también solicitándole reconsideración. Así que, como quiera que sea, es un alivio, aunque sea temporero”, expresó Orlando Ortiz, alcalde de Naranjito.

El naranjiteño ha sido crítico de la decisión de LUMA y, en una vista senatorial, cuestionó que cinco de las siete oficinas estaban ubicadas en pueblos de la región montañosa, que tienen altos índices de pobreza e incremento en la población de adultos mayores.

“Este cierre tendrá un impacto desproporcionado y profundamente injusto en nuestra población de adultos mayores y sectores vulnerados”, dijo, entonces. “Para estas personas, la presencia física de una oficina comercial representa mucho más que un edificio, representa la posibilidad de ser atendidos con dignidad”, agregó.