Cualquier propuesta que pretenda eliminar a futuro el derecho a la ciudadanía estadounidense para los nacidos en Puerto Rico –como sugiere un borrador de orden ejecutiva que un grupo de abogados, economistas y activistas ha circulado en la capital federal como vía a la soberanía del territorio– se enfrentaría, con toda seguridad, a diversos cuestionamientos jurídicos, anticipó este sábado el experto en Derecho Constitucional Carlos Ramos González.

Más allá de las interrogantes en torno a la capacidad del Ejecutivo federal de decretar la independencia de un territorio –facultad que la Constitución estadounidense delega expresamente en el Congreso–, Ramos González puntualizó que la interacción entre la Ley Jones de 1917 –que otorgó la ciudadanía a los nacidos en Puerto Rico– con la Ley de Inmigración y Nacionalidad –que define los parámetros para nacidos en jurisdicciones extranjeras– sería objeto de mayor escrutinio en un escenario en que el archipiélago dejara atrás su relación política con Estados Unidos.

“Algunos de esos hijos, al menos de la primera generación (de nacidos luego del hipotético fin de la ciudadanía automática), de acuerdo con esto (borrador), no van a ser ciudadanos americanos. Esos son los que, a mi juicio, podrían levantar, quizás, algún cuestionamiento relacionado con la igual protección de las leyes o algún otro derecho constitucional. Es algo a estudiar, que la Ley de Nacionalidad, que estaría estableciendo esto, o el acuerdo que fuese (entre Estados Unidos y Puerto Rico), habría que cuestionar por qué, a esa primera generación de hijos de ciudadanos americanos (no se le extendería el derecho a la ciudadanía)”, esbozó el catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

El constitucionalista subrayó que la posibilidad de tomar ese tipo de acción mediante decreto ejecutivo –mecanismo al que el presidente Donald Trump ha recurrido entusiastamente en su regreso a la presidencia– plantearía toda una serie de controversias adicionales relacionadas con los principios de separación de poderes entre las ramas de gobierno federal.

Como regla general, bajo las leyes federales, los hijos de ciudadanos estadounidenses tienen derecho a la ciudadanía, aunque hayan nacido en una jurisdicción extranjera. El borrador de orden ejecutiva que un grupo de proponentes de la independencia –que incluye a los abogados Rolando Emmanuelli, Carlos Rivera Lugo y Edil Sepúlveda; al escritor Javier Hernández; y a Cristina Mojica– sometió recientemente a la administración de Trump no abunda sobre la posibilidad de inscribir los hijos como ciudadanos estadounidenses, más allá de precisar que, luego del 31 de diciembre de 2026, los nacidos en Puerto Rico no obtendrían automáticamente la ciudadanía.

El escrito de siete páginas sí aboga por que se reconozca la doble ciudadanía de la futura República de Puerto Rico y Estados Unidos, así como acuerdos de libre tránsito y comercio entre ambas naciones.

Si bien existe un consenso de que la ciudadanía estadounidense representa un derecho adquirido para los nacidos en Puerto Rico desde 1917 –es decir, que no se puede retirar retroactivamente–, Ramos González no descartó que pudiesen surgir teorías que reten ese entendido, al amparo de los poderes plenarios del Congreso sobre los territorios.

“Es cuestionable también en los tribunales el ejercicio del poder del Congreso tan absoluto, (que) podría implicar un choque entre el ejercicio del poder del Congreso bajo la cláusula territorial y la existencia de unos derechos bajo la Constitución, que activarían posibles protecciones bajo el debido procedimiento de ley y la igual protección de las leyes”, señaló.